Producción: Tomás Lukin

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Ampliar las reformas

Por Mariano Barrera y Pablo Manzanelli *

El patrón de acumulación de capital en la Argentina se encuentra actualmente en disputa y los indicadores sociales no están exentos de la misma ni de la resolución que adopte el sendero de desarrollo. El 2008 constituyó un punto de inflexión en el régimen de la posconvertibilidad. A partir de allí se desaceleró el ritmo de crecimiento económico y cambió su composición (en lugar de la producción de bie-nes, el sector servicios impulsó la fase de expansión). Además se fue apreciando el tipo de cambio real en virtud del proceso inflacionario, se agotaron los grados de utilización de la capacidad instalada de la economía y el fantasma de la “restricción externa” hizo su aparición, de la mano de la crisis mundial, la salida de capitales y las falencias estructurales en la generación energética y en el proceso de sustitución de importaciones.

En ese marco, y tras las importantes recomposiciones a las que se asistió en el período 2003-2007, la evolución positiva de diversos indicadores sociales empezó a atenuarse (2008-2012), salvo en el caso de la indigencia, cuyas tasas se redujeron del 8,0 al 4,6 por ciento de la población debido a la influencia de la Asignación Universal por Hijo.

Por su parte, aunque lejos del 17,3 por ciento de 2003, la tasa de desempleo alcanzó el 7,9 por ciento en 2008, cerró en 7,2 por ciento el año pasado y en el primer trimestre de 2013 se ubicó nuevamente en 7,9 por ciento. Lo propio cabe, aunque en menor medida, para la informalidad laboral, ya que las evidencias disponibles indican que, entre 2008 y 2012, el porcentaje de asalariados no registrados cayó del 37,0 al 34,4 por ciento, es decir, a un ritmo menor al registrado en el quinquenio 20032007, cuando descendió del 49,2 al 40,3 por ciento.

Es indudable que en la desaceleración del progreso de estas variables incide el punto de partida: la hecatombe provocada por el neoliberalismo. Pero también ha ejercido una influencia notable la intensificación de la puja distributiva en un escenario signado por menores tasas de crecimiento y los coletazos de la crisis mundial.

De hecho, si bien los salarios reales aumentaron 12,7 por ciento en el período 2008-2012, la participación de los asalariados en el producto bruto se estancó, con un ligero descenso, en torno del 40 por ciento. Ese parece ser el límite distributivo que admiten los sectores dominantes, cuya actuación fue –aunque no la única– relevante en el proceso inflacionario que conllevó la apreciación real del tipo de cambio (el capital oligopólico explicó las dos terceras partes del aumento de precios industriales). En efecto, las características que adopten las políticas económicas para resolver estos problemas son determinantes respecto de la configuración del modelo económico y la distribución del ingreso.

La salida propuesta por los sectores dominantes consiste en una importante devaluación como vía inductora de una mayor “competitividad”, que impulse a los sectores productores de bienes a través de la reducción del salario real. Pero han perdido su capacidad de injerencia en las políticas estatales y su capacidad de imponer el interés particular como expresión del conjunto de la sociedad argentina.

Por el contrario, el Gobierno intensificó el grado de regulación estatal y desplegó un vasto conjunto de medidas que procuraron redireccionar los proyectos de inversión al ámbito productivo, tales como el control estatal de YPF y el nuevo marco regulatorio del mercado de hidrocarburos, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la obligatoriedad para que las entidades bancarias destinen parte de sus inversiones al sector productivo, las negociaciones con el capital extranjero para que reinviertan utilidades, entre las principales. No obstante, si el objetivo que se persigue es el de encauzar un proceso de acumulación inclusivo en lo socioeconómico, que tenga a la industria como eje ordenador de las relaciones económicas, el desafío es que tales inversiones se diversifiquen a las actividades fabriles con potencialidades sustitutivas, de modo de integrar el tejido industrial propulsando una mayor generación de empleo.

Sólo a partir de la profundización y ampliación de estas reformas estructurales, y de la conciliación de intereses que de ellas se desprendan, es que se pueden crear las condiciones materiales que hagan posible avanzar en una más equitativa distribución del ingreso (reforma impositiva mediante), perforando los actuales niveles de desocupación y, a través de políticas específicas, de informalidad laboral.

* Investigadores Cifra-CTA.

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Reducir la informalidad

La aparición de la informalidad laboral como rasgo estructural del mercado de trabajo a principios de los años ochenta tiene su origen en el plan económico de la dictadura y su política antisindical. Incluso en los períodos donde el empleo crece durante el alfonsinismo, la informalidad continúa su curva ascendente y se profundiza aún más en los años noventa, en el apogeo del modelo de valorización financiera. Su punto culminante llegó con el gobierno de la UCR y el Frepaso, donde el movimiento obrero va a soportar los peores índices de desocupación de la historia.

El desempleo y la fragmentación son la piedra basal sobre la que se apoya la flexibilización laboral. En el sector privado las grandes filas en las agencias de empleos temporarios se traducen en abusos sin límites del sector patronal, que incluso llegan a convenios colectivos que “legalizan” la precarización avalando jornadas de 12 horas. La capacidad de lucha de los trabajadores se ve reducida en forma cualitativa, ya que en los períodos de ajuste anteriores a la última dictadura militar el poder de las organizaciones sindicales era lo que permitía mantener el salario real.

La salida de la convertibilidad abrió un nuevo panorama. La fuerte devaluación puso en el centro de la economía la capacidad ociosa instalada y el abaratamiento de la mano de obra, que generaron condiciones extraordinarias para el crecimiento. La desocupación cedió y aumentó el salario real. Sin embargo, hacia 2007 comenzaron a aparecer algunas trabas. Si bien el empleo informal (que era de un 35 por ciento en los años noventa) se eleva a un 45 por ciento a fines del 2001, la disminución se estancó alrededor de un 35 por ciento. También cayó la elasticidad del empleo.

A pesar de las enormes reducciones a los aportes patronales del menemismo y la Alianza y de la creciente rentabilidad empresaria con el nuevo patrón de acumulación, el trabajo no registrado no baja de un tercio de los asalariados. Por eso, para combatir el empleo informal no basta con una economía en expansión y un tipo de cambio competitivo, sino que hace falta una política agresiva de parte del Estado. La distribución de la riqueza no puede ejecutarse en términos de ayuda social si no se modifica la matriz impositiva regresiva de nuestro país, porque ésta “no toca” el excedente que se produce en sectores como el financiero o el agro. De allí la importancia que, en esa puja, deben adquirir las organizaciones gremiales y sobre todo las del sector privado.

Si durante la década del noventa el desempleo actuaba como disciplinador de las reivindicaciones sectoriales de los trabajadores, hoy la informalidad laboral es la que divide e impide obtener mejores reivindicaciones.

En este sentido, y después de resignar el Proyecto de Participación en las Ganancias con el que se intentaba dar un pequeño marco institucional a las centrales obreras en la lucha contra la informalidad, en la CGT se continúa trabajando a partir de algunos ejes que diferencian esta problemática en grandes grupos. Respecto de la tercerización, se encuentra con estado parlamentario un proyecto de ley de Facundo Moyano que intenta regularla, afirmando la responsabilidad solidaria de las empresas más grandes sobre las más chicas, que son beneficiarias privilegiadas de esas irregularidades.

A fines de 2010, el titular de Techint, Paolo Rocca, afirmó sobre un conflicto con el Sindicato de Camioneros que “tenemos que poder contratar empleados tercerizados para desarrollar nuevos proyectos. Los excesivos costos laborales sólo hacen que crezca el empleo en negro”. La misma situación se da en la actualidad en un conflicto que se lleva adelante con Monsanto en relación con 203 empresas transportistas.

En las pymes, por la envergadura que tienen en el mercado laboral, no se logrará disminuir la informalidad sólo con multas. Para erradicarla, se deben coordinar políticas claras y sencillas con subsidios impositivos específicos por actividad, que permitan mantener la productividad e ir aumentándola. En el transporte de cargas el impuesto al gasoil, del que la actividad es el principal contribuyente, retornaba por el subsidio del Refop a las mismas empresas en la medida en que promovía el blanqueo de sus empleados en coordinación con el sindicato que hacía tareas de inspección. Por último, debe modificarse la Ley de Empleo Público. Es muy grave que existan trabajadores municipales que perciben un salario por debajo del SMVM y contratados con más de 5 años de antigüedad, que es el plazo que permite la ley vigente.

* Juventud Sindical.