La Subsecretaría de Defensa del Consumidor suspendió provisoriamente a la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) del Registro de Entidades de Defensa al Consumidor. La sanción, que fue firmada ayer y será comunicada hoy a la entidad que preside Fernando Blanco Muiño, es por no poder justificar el origen de fondos destinados a publicidades y no cumplir con su cometido: defender a los consumidores. La presunción que se maneja en la dependencia de la Secretaría de Comercio es que la UCA recibe financiamiento de las empresas a las cuales luego responde en sus solicitadas publicadas en los diarios Clarín, Perfil y El Cronista, y en un spot en el canal de televisión Todo Noticias. En esos spots, la entidad denuncia una supuesta prohibición a hacer publicidad de descuentos en supermercados, algo que no figura en las actas de la reunión de la entidad, por lo que la subsecretaría además llevará ese caso a la Justicia Federal en lo Civil y Comercial.

La subsecretaría a cargo de María Lucila “Pimpi” Colombo había realizado un pedido de información a Blanco Muiño sobre la forma de financiar una serie de solicitadas publicadas en varios medios con la firma de la entidad que conduce, la Unión de Consumidores de Argentina (UCA). Los días 8, 9, 15 y 16 de junio, la UCA sacó avisos de página entera en Clarín, el 8 y 15 en Perfil y el 17 de junio en el diario El Cronista. Además, reiteradas veces se difundió un spot televisivo en el canal Todo Noticias. Para tener noción de los fondos destinados a esta publicidad, el diario Clarín cobra por aviso 998 mil pesos la página impar y 680 mil una par los sábados, informó la dependencia oficial.

La respuesta de los responsables de la UCA fue que “nadie pagó por esos avisos” sino que se realizó de manera gratuita a través de la herramienta que ofrece la Ley de Servicios Audiovisuales. Fuentes de la subsecretaría explicaron que la ley sólo regula televisión y radios, no a los diarios. En caso de que una entidad considere necesario iniciar una campaña de concientización o de interés público –como podría ser el uso del cinturón de seguridad o el consumo de un alimento en particular–, debe entonces realizar el pedido a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que luego se encarga de hacer efectiva la campaña en los distintos medios. La Afsca no recibió notificación de la UCA por la campaña. Para solventar sus actividades, este tipo de entidades recibe fondos de Enargas, del ENRE y de Defensa del Consumidor, entre otros. Esos recursos los pueden obtener sólo si están en un registro que maneja Defensa del Consumidor que, a partir de la suspensión, la UCA deja de percibir.

La UCA continúa sin poder justificar los fondos, lo que entonces abre un segundo interrogante: ¿a quién responde? La suspensión al Registro establece que la entidad no cumple con los artículos 56 y 57 de la Ley de Defensa al Consumidor: ser independiente financieramente de las empresas y velar por el interés de los consumidores. Los spots televisivos y las publicaciones en medios gráficos sostienen una supuesta violación de los derechos de los consumidores por la falta de avisos de supermercados y comercios de electrodomésticos y productos electrónicos y de los descuentos con tarjeta de crédito o débito en los grandes diarios. Los spots contenían logos de las principales cadenas comerciales, prohibidos en publicidades de interés público.

Según consta en las actas de la reunión que mantuvo la UCA, junto con el director general de Defensa y Protección del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Gallo, y representantes de las principales cadenas de supermercados, la supuesta prohibición no fue tratada como tema del encuentro. Debido a que la subsecretaria no tiene injerencia en esta cuestión, en los próximos días enviarán el caso a la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. Mientras tanto, a partir de hoy en que la UCA será notificada, rige la suspensión en el Registro en el marco del sumario que abrió la subsecretaría. Además del retiro de fondos, no podrá iniciar juicios colectivos en nombre de Defensa al Consumidor contra empresas u organismos. La entidad de conduce Blanco Muiño cuenta con 10 días hábiles para hacer su descargo.