La Subsecretaría de Defensa del Consumidor suspendió preventivamente a la Unión de Consumidores de la Argentina (UCA) del registro nacional de entidades de defensa de usuarios, tal como anticipó ayer este diario. “Clarín financia a la Unión de Consumidores de la Argentina para que la entidad defienda sus intereses y los de sus socios. Eso está lejos de la responsabilidad que les compete como entidad, que es estar del lado de los consumidores y no de las empresas”, señaló la subsecretaria, María Lucila “Pimpi” Colombo.

La UCA lanzó una serie de costosas solicitadas en diarios y spots en la televisión denunciando que la falta de publicidad de los supermercados, los fines de semana en los grandes diarios, atenta contra los derechos del consumidor a tener información. Defensa del Consumidor le pidió que explique cómo solventó la costosa campaña y la UCA dijo haber conseguido el espacio por la ley de medios (aunque no regula a medios gráficos), como si el contenido fuera de interés público. Pero la entidad ni siquiera pidió a la Afsca que determine la necesidad de difundir el spot.

Defensa del Consumidor plantea que la Unión de Consumidores de Argentina utilizó su inscripción como entidad de usuarios registrada para defender otros intereses. “No es un carnet para hacer cualquier cosa, mucho menos para representar intereses de empresas. Sólo pueden permanecer en el registro aquellas asociaciones que muestran apego a la ley”, dijo Colombo.

La entidad que dirige el abogado Fernando Blanco Muiño sacó avisos de página entera en Clarín el 8, 9, 15 y 16 de junio, los días 8 y 15 publicó en Perfil, y el 17, en El Cronista. Además, difundió un spot en el canal TN. La entidad planteó en esos casos que se produjo una violación a los derechos de los consumidores cuando los supermercados y retails de electrodomésticos y electrónicos dejaron de publicar promociones los fines de semana en los grandes diarios. Esa decisión, para la oposición, respondió a una directiva de la Secretaría de Comercio Interior. Pero los supermercados advierten que redujeron sus costos y las ventas crecen.

Cuando Defensa del Consumidor preguntó a Blanco Muiño cómo hizo para afrontar esos avisos, éste respondió que la entidad no pagó por ellos, sino que accedió a esos espacios a partir del artículo 76 de la ley de medios. Sin embargo, esa norma no se aplica a medios gráficos. Además, deposita en la Afsca la facultad de determinar qué mensajes son de interés público, pero la UCA no presentó su pedido. Por eso, el Gobierno considera que se trató de una donación por parte de los propios medios con la intención de proteger su negocio. “La entidad no cumplió con su responsabilidad ni de defender a los consumidores ni de ser independiente en términos financieros de las empresas”, concluyó Colombo.