La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, señaló que las sentencias que actualizan los haberes jubilatorios iniciales y su movilidad posterior no pueden prescindir de su impacto sobre la sustentabilidad de todo el sistema de la seguridad social. En un dictamen solicitado por la Corte Suprema, la titular del Ministerio Público Fiscal cuestionó la extensión automática de los fallos de la Corte Suprema en los casos Badaro y Eliff que realizan muchos jueces. Se trata de las dos decisiones del máximo tribunal que sentaron precedente para el recálculo de jubilaciones. La funcionaria advirtió que la aplicación de esas sentencias debe considerar su impacto sobre el resto de los jubilados. Se trata de la misma posición que ya expresó en otros dictámenes y coincide con las advertencias realizadas por la Anses sobre el riesgo que implicaría la implementación masiva de esos fallos.

“La decisión (de la eventual extensión del fallo Badaro) reviste gravedad institucional al poner en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional”, alerta el dictamen, que está referido a un caso particular, pero cuyo alcance se extiende a la decisión que debe tomar la Corte Suprema en una demanda presentada hace cuatro años por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Este organismo pretende que la Justicia dicte un fallo para universalizar las resoluciones de las sentencias en Badaro y Eliff a todos los casos en la misma condición. La Corte todavía no se expidió y la Anses ya afirmó en reiterados intercambios con los magistrados que la extensión de esos fallos pondría al organismo en “riesgo institucional”, ya que lo haría incurrir en un “déficit estructural”.

El argumento central del dictamen de la procuradora, presentado frente al caso del jubilado Carlos Alberto Quiroga, advierte que los jueces no pueden disponer de los recursos previsionales prescindiendo de analizar su impacto en la sustentabilidad del sistema. “No es posible soslayar las pautas fijadas por la autoridad de aplicación, que es la que debe determinar cuáles son los índices correspondientes que permiten resguardar los derechos de los jubilados, en forma generalizada y en condiciones de igualdad, con los recursos previsionales existentes”. Con ese razonamiento, la jefa de los fiscales concluyó que es arbitraria una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social que aplicaba en forma mecánica los precedentes de la Corte Suprema “Badaro” y “Elliff”, sin valorar los hechos concretos del caso y las cuestiones jurídicas controvertidas.

En su dictamen, Gils Carbó señala que la escasez de los recursos previsionales y la solidaridad sobre la que se basa el sistema implican que la determinación del derecho de cada jubilado individual no puede prescindir de su impacto sobre el derecho de los restantes jubilados. En ese sentido, su visión refuerza los argumentos esgrimidos por la Anses sobre la idea de que la Corte Suprema debe ser “cuidadosa” a la hora de tomar decisiones vinculadas al sistema previsional.

En ese sentido, la procuradora indica que la Corte adoptó esas decisiones en un contexto normativo distinto, donde no regía una ley de movilidad que atendiera en condiciones de igualdad los derechos de todos los jubilados. En cambio, cuando se dictó la sentencia recurrida ya estaba en práctica esa norma. “Este mecanismo fue creado con el objetivo de mantener una razonable proporcionalidad entre los salarios de actividad y los haberes de retiro a la vez de asegurar la sustentabilidad intertemporal del sistema previsional argentino”, sostiene Gils Carbó, quien enfatiza en cada intervención sobre el carácter solidario del sistema previsional y la necesidad de garantizar su sustentabilidad.

En la actualidad, existen 325.600 causas previsionales en trámite, de las cuales 283.098 son por actualización de haberes. Básicamente se trata de juicios motivados por los fallos Badaro y Eliff de la Corte Suprema, que ordenaron aumentos de ingresos por los períodos 2002-2006 y 1991-2004, respectivamente. Según informó el año pasado el titular de Anses, Diego Bossio, en un informe solicitado por el máximo tribunal, reproducir las disposiciones del caso Badaro a todos aquellos en igual situación demandaría 14.136 millones de pesos anuales, más 28 mil millones en retroactivos que se pagarían por única vez. Por su parte, ampliar el alcance del fallo Eliff forzaría erogaciones por 21 mil millones de pesos anuales, más 43 mil millones en retroactivos.