Exportar vía Uruguay o haciendo escala en las islas Caimán utilizando como pantalla firmas vinculadas será en adelante más riesgoso. Al menos ello se desprende de las declaraciones del titular de la AFIP, Alberto Abad, quien en un almuerzo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas reconoció que las principales exportadoras de cereales engañan de ese modo al fisco. El funcionario destacó que una investigación del organismo recaudador encontró que en los últimos cinco años las 7 cerealeras que concentran el 60 por ciento de las ventas al exterior tributaton “significativamente menos” que el promedio de las restantes exportadoras. También que “se están detectando muchas maniobras de triangulación de exportaciones”. Según Abad, la AFIP insistirá en que el Congreso apruebe una de las medidas del paquete antievasión más resistidas por el lobby exportador, que el precio utilizado como base para el cobro de impuestos sea el de la fecha de embarque de los cereales, una medida que se aplicará cuando las cerealeras exporten a través de firmas comercializadoras vinculadas.
La investigación de la AFIP, que tomó como caso testigo los tributos pagados por las 7 principales cerealeras entre 1997 y el 2001 inclusive, mostró que sobre 24.000 millones de dólares exportados en el período, se pagaron en concepto de impuestos 190 millones, esto es, el 0,008 por ciento del total. Esta cifra difiere significativamente del promedio tributado por el resto de las exportadoras, que fue del 1,8 por ciento. Cabe destacar que el estudio de la AFIP es anterior a la aplicación de las retenciones, lo que permite presumir que estas maniobras pueden haberse incrementado a partir de marzo de 2002, como fue demostrado por investigaciones privadas.
Ante semejante diferencia los técnicos de la AFIP decidieron investigar las causas. Es así como comenzaron a aparecer dos tipo de operaciones. Como reveló Página/12, las maniobras más utilizadas para engañar al fisco consisten en recurrir a firmas comercializadoras vinculadas y a operaciones de triangulación. Por lo general las “traders” son utilizadas como intermediarias tanto para subfacturar directamente, como en las operaciones de triangulación.
Una operación clásica recorre los siguientes pasos. La cerealera realiza una compra de una tonelada de trigo, por ejemplo a 100 dólares antes de la cosecha. Luego vende ese trigo por el mismo importe a una comercializadora con domicilio en un paraíso fiscal. Siguiendo las adquisiciones de estas firmas, la AFIP pudo detectar que sólo compraban a las cerealeras locales. Puesto que no compraban en ningún otro lado, pudo presumirse que las “traders” eran empresas vinculadas a las exportadoras locales.
El paso siguiente es la venta del producto desde el paraíso fiscal a un tercer país, el de destino final. El precio de venta resulta así el del mercado internacional, por ejemplo 200 dólares la tonelada.
La operación se completa con el embarque del cereal en la Argentina, pero no con destino al paraíso fiscal, desde donde se compró, sino directamente al país de destino, al que se vendió desde el paraíso fiscal.
La razón de esta secuencia es simple. La cerealera en la Argentina pagó impuestos por una venta de 100 dólares –por ejemplo el precio seis meses antes de la cosecha– y no de 200 –el precio cuando se embarcó el cereal–. La repetición de este ardid se tradujo en lo que mostraron los números de la investigación de la AFIP, esto es, el pago de “significativamente menos impuestos”.
Para combatir esta operatoria, el paquete antievasión enviado al Congreso incluyó un capítulo fuertemente resistido por los exportadores: que el precio a considerar como base imponible sea tomado al momento del embarque, dejando el nominal del contrato original para “cuando éste sea mayor”. Los argumentos en contrario del lobby exportador no tardaron en llegar. Las razón de los voceros recorrió caminos creativos, desde la”logística de los tiempos de los navíos”, hasta los arcanos de los mercados de futuros, los que quedarían desbaratados por la pretensión fiscal del Estado. Por supuesto, no faltó el clásico de la “incertidumbre” que el cambio en la normativa generaría en “los mercados”. Sin embargo, las cifras de la investigación de la AFIP fueron contundentes: el 0,008 por ciento pagado por las cerealeras es una proporción 225 veces menor que el 1,8 pagado por las restantes firmas exportadoras.