Desde San Petersburgo

Después de ocho cumbres del G-20 a lo largo de cinco años, las conclusiones de la reunión de presidentes que terminó anteayer en esta ciudad muestran que algunos de los conceptos que guiaron la economía internacional por más de dos décadas se encuentran en debate. En el documento ya no figura como objetivo prioritario para los países emergentes alcanzar el investment grade (grado de inversión) que asignan las calificadoras de riesgo para atraer capitales financieros, condición básica para “crecer” señalada años atrás. Lograr esa meta implicaba dar todo tipo de beneficios a las inversiones especulativas. También salió del manual básico del economista serio postular la flexibilización laboral como requisito para la generación de empleos. La intervención del Estado en la economía dejó de ser estigmatizada y, por el contrario, ahora se reconocen los riesgos de la desregulación financiera y del autogobierno de los mercados. El texto que firmaron los mandatarios refleja un proceso en evolución más que dar por hecho que otras ideas han sido establecidas en lugar de aquéllas. De hecho, varios de los países firmantes sostienen aspectos centrales de la lógica ortodoxa en su gestión de la economía. Pero el hecho de que el mundo esté padeciendo “la crisis más profunda y prolongada de la historia moderna”, como dice el punto tres de la declaración, puso bajo revisión unas cuantas verdades.

La evaluación del Gobierno argentino de lo que se discutió en San Petersburgo fue “muy positiva”. “Hemos hecho progresos muy importantes respecto de otros G-20”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, quien recordó a modo de ejemplo cuando en 2009 tuvo que amenazar junto a Lula da Silva con negarse a firmar esa declaración en Londres para que se excluyera una recomendación de avanzar con la flexibilización laboral. De aquel momento a estos días se incluyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo de consulta permanente del G-20 y se sumó a los ministros de Trabajo a las sesiones de debate. El punto dos de las conclusiones de la cumbre, sobre un total de 114, dice lo siguiente: “Afianzar el crecimiento y crear empleos está al tope de nuestras prioridades”. El punto seis vuelve sobre el tema: “Estamos unidos en el desafío de mejorar la calidad y la productividad de los empleos. Y en particular en resolver la desocupación y la subocupación de las personas jóvenes”.

Después de las consideraciones generales que aparecen en la primera parte de la declaración, el documento se divide en capítulos. El primero está referido a una evaluación de la economía internacional y los desafíos para garantizar el crecimiento, y el segundo lleva como título “Crecer a través de empleos de calidad”. Es decir, el énfasis está puesto –al menos desde lo discursivo– en aspectos que antes eran secundarios, o si se quiere subsidiarios de otras metas que supuestamente llevarían a la mejora de la calidad de vida de las mayorías. Los resultados a la vista del default sociolaboral que produjo esa lógica explica el cambio de diagnóstico. También el hecho de que la crisis esta vez estalló en los países centrales, mientras que cuando los que caían eran los emergentes, el FMI y sus gobiernos mandantes insistían en darles a los enfermos el mismo tratamiento que los había llevado al hospital.

El G-20 también empezó a reconocer esta vez que los esquemas económicos que dependen del financiamiento externo y de la llegada de capitales a los países para crecer se están convirtiendo en una amenaza. “Hay una disminución del crecimiento en economías de mercado emergentes, reflejo en algunos casos de la volatilidad de los capitales, de condiciones financieras más ajustadas y de la volatilidad en los precios de los commodities, así como por desafíos estructurales domésticos”, reconoce. Es lo que está ocurriendo en varios países de América latina, incluido Brasil, que con una política monetaria de tasas altas para controlar la inflación atrajo grandes flujos de divisas durante años, pero ahora que Estados Unidos avisa que está por terminar su etapa de estímulos monetarios internos, los capitales se trasladan otra vez a la gran plaza financiera. La consecuencia es una devaluación rápida del real y la creación de un clima de incertidumbre que impacta sobre el nivel de actividad. En rigor, hace dos años que el crecimiento del país vecino apenas si levanta del suelo y este año está ocurriendo lo mismo.

La advertencia del G-20 llega en un momento justo para la Argentina, dado que estos días se debate si el país tiene que volver a buscar financiamiento internacional. Instaló la discusión el candidato Sergio Massa el mes pasado, cuando dijo en una conferencia ante empresarios que sería conveniente aprovechar el crédito barato que ofrecen los mercados de capitales. El G-20 dio una señal de alarma sobre esa estrategia. La propia experiencia argentina suma más motivos para dudar sobre su conveniencia.

El cambio de lógica gradual que exhibe el G-20 quedó expresado en otras dos sentencias del documento final. Una de ellas se refiere a lo que hasta ahora se denominaban paraísos fiscales. “Debemos incrementar nuestra cooperación en contra de los delitos fiscales, advirtiendo sobre los riesgos que generan las guaridas fiscales”, enfatiza. Cristina Kirchner fue la que más celebró, dado que hace tiempo viene batallando para condenar la existencia de las “guaridas fiscales”, incluso ajustando la forma de mencionarlas. De todos modos, como advirtió la propia Presidenta, el G-20 se queda ahí, no da pasos concretos para combatir esos lugares de refugio de evasores y lavadores de dinero. Estados Unidos e Inglaterra son los menos interesados en hacerlo, ya que detrás de esas guaridas se encuentra una porción de sus sectores financieros, que hacen grandes diferencias con esas plazas exóticas.

La segunda afirmación del G-20 es que se requiere profundizar la regulación de los mercados financieros. “Nuestro trabajo en este sentido ha avanzado de manera sustancial, pero la tarea no está completa”, reconoce. “Promovemos regulaciones financieras para reducir el riesgo moral y el riesgo sistémico” de un sistema financiero mal estructurado, indica. En ese sentido, reitera que se necesita reformar el funcionamiento de las calificadoras de riesgo. Esas agencias se habían convertido en el pasado en quienes juzgaban la salud económica de los países, utilizando como parámetros todos los postulados ortodoxos que ahora aparecen en revisión. Sin embargo, al igual que con las guaridas fiscales, el G-20 no define plazos ni mecanismos para cambiar esas agencias. En la Argentina, la nueva ley del mercado de capitales les asigna el derecho de operar como calificadoras a las universidades nacionales.

En otro aspecto, el G-20 no cambia el discurso en relación con el pasado. Sigue diciendo que los países deben comprometerse a mantener sus economías abiertas al comercio internacional, cuando en la práctica Estados Unidos y Europa no lo hacen, pero trasladan esa exigencia a los emergentes. Es un tema que todavía se deberá seguir debatiendo, en un contexto de transformación que el propio grupo admite que no terminó.