Una semana después de haber presentado ante la Mesa del Diálogo Social un Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado, el ministro de Trabajo volvió a atacar durante los últimos días sobre el tema. La batería de medidas incluye cambios en la administración de las fiscalizaciones, mecanismos que faciliten la inscripción de personal por parte de pequeñas empresas (ver nota aparte), fortalecimiento de las normas de aplicación de las leyes laborales pero, principalmente, una definición del problema del “empleo en negro” desde una perspectiva diferente a la vigente hasta 2003 y, por tanto, con una concepción diferente del problema y la acción del Estado. La caracterización del trabajo no registrado y su origen “multicausal” quedó expresado en un documento que fue puesto en manos de empresarios y sindicalistas diez días atrás. El diagnóstico no sólo reconoce la persistencia del problema y promueve una serie de políticas activas desde el Estado, sino que vincula además la instalación y crecimiento de la informalidad laboral durante los ’80 y los ’90 con un modelo económico que generó las condiciones para que ese mal se propagara. Un modelo, el del neoliberalismo y de las regulaciones ausentes, que todavía algunos reivindican.

El documento que presentó Tomada a empresarios y sindicalistas (titulado Trabajo no registrado. Avances y desafíos para una Argentina inclusiva) enfatiza en el descenso de la tasa de informalidad durante la última década, que pasó del 50 por ciento de las personas ocupadas en el país en 2003, al 32 por ciento a principios de este año. Sin embargo, lo trascendente para definir las políticas a aplicar sobre la materia es que su crecimiento en el período anterior (1980/2000) estuvo estrechamente vinculado con el “inicio de un régimen neoliberal en lo económico y represivo en términos de libertades individuales y colectivas, que promovió y generó un profundo debilitamiento de las instituciones laborales”. Este proceso, que se inició con la dictadura de Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz, “dio lugar a un incremento del empleo no registrado sin antecedentes en nuestro país”, señala el documento que se llevaron empresarios y sindicalistas a sus casas o despachos. “La incidencia de la informalidad laboral de los asalariados prácticamente se duplicó entre 1980 y el 2000. La existencia de la problemática se instaló de manera estructural, ya que no se modificó con el devenir de la actividad económica: incluso en distintos períodos de crecimiento económico y con diferentes políticas, la informalidad laboral mantuvo su tendencia ascendente”, agrega.

La propuesta del Ministerio de Trabajo formula un abordaje diferente para la problemática del trabajo no registrado, “de origen multicausal y de perfil heterogéneo”, que requiere de un conjunto de políticas activas “sociales, laborales y económicas que atiendan a cada uno de sus determinantes y consecuencias”. Algunas de estas políticas han sido puestas en práctica desde 2003 hasta la fecha, señala. Pero otras esperan que ahora sea su momento y, en lo posible, surjan del consenso de los diferentes sectores sociales.

Al describir las características que presenta el empleo no registrado, se señala que una de las más relevantes es que “se origina no sólo en las unidades productivas informales, sino también en las unidades productivas formales y en los hogares”. “Otra particularidad del empleo no registrado es que una proporción significativa de la población que sufre esta modalidad de trabajo cambia de situación ocupacional permanentemente, poniendo en evidencia la existencia de una elevada inestabilidad en este tipo de inserciones laborales”, además de no ser una opción elegida por el trabajador.

Al referirse al tema, el ministro Tomada señaló que este tipo de irregularidad laboral “se concentra en gran parte en empresas no registradas, pero también existe otro número importante en casas particulares, entre los peones rurales y en talleres textiles”, lugares en los que, recordó, “se han cometido verdaderos latrocinios, con situaciones cercanas al trabajo esclavo”.

Además de la acción del Estado para castigar y sancionar estas prácticas, Tomada reclamó “una sanción social” a los infractores. “Por eso converso con sindicalistas y empresarios, con quienes se realizó un programa con un conjunto de medidas”, apuntó. Un compromiso al cual, durante las dos décadas y media en que se implantó el modelo neoliberal, muchos de esos dirigentes empresarios y sindicales no sólo estuvieron ajenos sino que hasta fueron corresponsables de que se impusiera el modelo.