Telefónica de España incrementará su participación en Telco, el principal accionista de Telecom Italia, informaron ayer ambas empresas. La operación, valuada en 784 millones de euros, contempla la compra de acciones de Telco para incrementar la participación de Telefónica hasta el 66 por ciento, según informó la operadora española a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de su país. Si bien la transacción se encuentra todavía sujeta a la aprobación por parte de los accionistas de Telecom durante una asamblea prevista para el 3 de octubre próximo, en la Argentina iniciarán las investigaciones pertinentes para determinar si esta operación no vulnera los acuerdos asumidos por las empresas en octubre de 2010 “de mantener la competencia en el mercado local”. La investigación del Ministerio de Planificación se trasladó “a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)”.

Telefónica notificó que llegó a un acuerdo con los accionistas italianos de Telco para adquirir parte del paquete accionario. Actualmente el grupo español que preside César Alierta forma parte, junto con los bancos Mediobanca e Intesa Sanpaolo y la aseguradora Generali, del consorcio Telco, dueño del 22,4 por ciento del capital de Telecom Italia. Telefónica posee hoy el 46 por ciento de Telco, del cual sus otros accionistas pretenden salir antes del 28 de septiembre, cuando vence el plazo del pacto que firmaron en 2007 para hacerse del control de la operadora italiana. Las ramificaciones alcanzan el mercado argentino, en donde esta operación tendrá consecuencias.

Telecom Italia es dueña del 68 por ciento de Sofora Telecomunicaciones, sociedad controlante de la operadora local (Telecom Argentina). El restante 32 por ciento es propiedad de la familia Werthein. Sofora controla Nortel Inversora, dueña del 54,4 por ciento de Telecom Argentina. Otro 45,23 por ciento se distribuye en oferta pública, aunque la firma lleva a cabo un proceso de recompra de acciones. Y otro 0,03 es propiedad de accionistas Clase C (sin derecho a voto). El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, instruyó a la Secom y a la CNC para que estudien y analicen toda la información pública, tanto oficial como periodística, acerca de dicha operación y ordenó que se le dé parte a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), según un comunicado difundido anoche por esa cartera.

El objetivo es determinar si este cambio accionario vulnera compromisos asumidos por ambas compañías ante el Estado argentino en octubre de 2010. Desde entonces rige para ambas filiales un acuerdo para evitar prácticas de monopolio en el país teniendo en cuenta que ambos compiten en el mercado local de las telecomunicaciones. Las dos empresas se comprometieron a adoptar una serie de medidas a través de las cuales no exista control, influencia sustancial o intercambio de información entre sus filiales en Argentina. El acuerdo –aún vigente– también determina que Telco no puede formar parte de la toma de decisiones en Argentina. Ese convenio fue el corolario de una investigación iniciada por la CNDC en 2007 para determinar las consecuencias que tendría en el mercado local el ingreso de Telefónica de España en Telecom Italia. “No tomaremos ninguna decisión hasta el 3 de octubre, cuando se reúna la asamblea de accionistas”, señalaron fuentes del órgano regulador de defensa de la competencia. Según la prensa italiana, cuando finalice la operación Telco se disolverá y Telefónica detentará el 22,45 por ciento de Telecom Italia y se convertirá en su principal accionista.

La investigación de la CNDC se abrió en 2007, cuando Telefónica de España ingresó como accionista de Telecom Italia y de manera indirecta en su filial y principal competidora en el mercado local de telecomunicaciones.

En agosto de 2009, la CNDC emitió un dictamen que obligaba a Telecom Italia a vender sus activos en el país debido a su vínculo con Telefónica, pero la decisión fue anulada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. El convenio al que se arribó en octubre de 2010 deja en claro que “cualquier cambio debía ser procompetitivo y ser aprobado expresamente por el gobierno argentino”. “Cualquier modificación del esquema de participación societaria podría vulnerar ese acuerdo, por lo que el Estado nacional debería revisar su participación en el mismo, ante la posibilidad de que se afecten sus intereses y en pos de evitar una posible integración monopólica en nuestro país”, concluye el comunicado de Planificación.