El Gobierno alcanzó un acuerdo para resolver los laudos con cinco empresas extranjeras que cuentan con fallos firmes en el Ciadi, el tribunal arbitral que funciona dentro del Banco Mundial. A cambio de la renuncia definitiva a las disputas por un total de 677 millones de dólares, Argentina les pagará con bonos denominados en dólares y una quita del capital e intereses. Los propietarios de la compañías Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, National Grid y Vivendi se comprometieron a realizar una inversión en bonos Baade equivalente al 10 por ciento del laudo original, 67 millones de dólares. Desde el equipo económico estiman que cuando se concrete la operación, la quita total ascenderá al 41 por ciento. Las negociaciones estuvieron a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su equipo. Como informó este diario la semana pasada, la decisión forma parte del acercamiento argentino a los organismos multilaterales de crédito para abrir canales de financiamiento en dólares que permitan aliviar las tensiones en el sector externo por las importaciones de energía, los pagos de deuda y la demanda de divisas para viajes al exterior. El programa de créditos del Banco Mundial por 3000 millones de dólares a desembolsar entre 2014 y 2016 anunciado el jueves está directamente vinculado con el acuerdo con las empresas ex concesionarias de servicios públicos. De hecho, se trata de la primera línea de financiamiento que habilita el organismo en más de un año.

El Ciadi es el tribunal del Banco Mundial que dirime controversias entre países y empresas extranjeras, cuya competencia fue aceptada por la Argentina en el gobierno de Carlos Menem. Esa decisión, junto con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión, implicó la cesión de soberanía jurídica a tribunales internacionales. Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández rechazaron pagar aquellos fallos en contra con el argumento de que las empresas también debían iniciar juicios de ejecución en tribunales argentinos. Las compañías nunca lo aceptaron. El cambio de escenario macroeconómico llevó al Gobierno a avanzar en una solución negociada.

El acuerdo

Sobre el reclamo total de 677 millones de dólares el acuerdo contempla: 1) una quita del 15 por ciento sobre el capital adeudado y de 45 por ciento sobre los intereses, de manera que la quita nominal global es de más del 25 por ciento del monto reclamado; y 2) la cancelación del capital adeudado se realizará mediante la entrega de Bonar X, un título que vence en 2017, mientras que los intereses se pagarán con Boden 15 que terminan de amortizarse en dos años.

En ambos casos, los bonos se entregan computando su valor nominal. Por eso, las empresas experimentarán una quita adicional debido a la actual cotización de mercado. Con este acuerdo, las firmas dan por finalizado su reclamo ante el tribunal y renuncian a toda demanda posterior. Además se comprometieron a invertir en el país mediante la suscripción de bonos Baade por un total de 67 millones de dólares.

Desde el equipo económico enfatizan que el acuerdo permite reestructurar un pasivo de 677 millones de dólares realizando una quita directa por 171 millones y una quita indirecta de 41 millones como consecuencia de la cotización en el mercado de los instrumentos financieros utilizados. Si además se contabiliza el aporte que deberán hacer las empresas a través del Baade, la quita asciende a 279 millones, equivalente al 41 por ciento del total.

Las principales empresas que participarán del acuerdo son: Azurix, concesionaria del servicio de agua y cloacas en municipios bonaerenses hasta 2002, y la francesa Vivendi, por un juicio arrastrado desde 1996 cuando la subsidiaria del grupo en Tucumán, Aguas del Aconquija, decidió irse del país por diferencias contractuales. Entre ambas empresas contabilizan alrededor del 50 por ciento del monto demandado. El listado se completa con National Grid, una empresa británica de energía que formaba parte la transportadora de energía eléctrica Transener, CMS Gas Transmission Company (propiedad de la firma Blue Ridge, una subsidiaria del Bank of America), cuyo contrato también se cayó con el fin de la convertibilidad, y Continental Casualty Company, accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo.