Por Roberto Adaro *

Apostar por el Estado

Las luchas y debates en pos de la soberanía atraviesan toda nuestra historia como nación. El control sobre el territorio –atributo fundamental para el ejercicio del poder por parte del pueblo–, sobre esa “realidad física producida socialmente”, resulta condición necesaria para la acción plena de la soberanía política. Los años recientes han revivido estos debates. Los conflictos en torno de la actividad minera, la explotación hidrocarburífera y el avance de la frontera agropecuaria son sólo algunas de sus expresiones. A partir de ellas, frecuentemente se cuestiona al Estado sobre sus acciones, a las que se considera parciales, equívocas y a mitad de camino hacia lo deseable. No obstante el deseo, la realidad suele imponer otras condiciones.

Sería iluso pretender que cualquier proceso político, social y democrático pudiera cambiar de la noche a la mañana, realidades tan profundas como aquellas vinculadas con el ambiente y nuestros recursos, arraigadas en nuestro acervo cultural y en algunos casos amañadas de una institucionalidad reflejo de otros tiempos. La política exige más que el mero ejercicio de la voluntad. Como bien enseña nuestra historia, los procesos de cambio y transformación necesitan como condición modificar la correlación de fuerzas que sostiene el esquema a cambiar. Acumular políticamente en el sentido a impulsar. Esto genera resistencia de los poderes fácticos beneficiados de la situación actual, pero también de un conjunto más amplio y heterogéneo de nuestra población, el cual a veces no se moviliza por un interés material directo, pero se ve influenciado por otro que sí. La referencia en este sentido bien puede ser el conflicto con las patronales agropecuarias en 2008.

Bien vale aquí una digresión al respecto: si la disputa por el control de un pequeño margen de la renta extraordinaria del sector agropecuario puso en jaque la gobernabilidad del país, ¿qué hubiera sucedido si discutíamos con mayor profundidad el modelo productivo del agro? ¿Quiénes hubieran acompañado al Estado en esa disputa?

El acuerdo entre YPF y Chevrón bien puede servir de ejemplo actual. En el contexto de un país aún en reconstrucción, con problemas en el sector externo para generar las divisas necesarias, sin acceso al crédito internacional para conseguirlas, con desafíos para aumentar la oferta energética, tomando en cuenta que al momento de la nacionalización de YPF se tomó una empresa descapitalizada, con producción declinante y nula inversión, resulta más que claro que necesitamos “socios capitalistas” (tal vez no los “ideales” soñados sino los reales posibles). Si agregamos a la ecuación el desarrollo potencial de una técnica relativamente nueva en la producción, necesitamos además un socio que sepa y tenga experiencia. Esto deja fuera a la gran mayoría de las petroleras latinoamericanas, y a buena parte del resto. La asociación contempla un “clúster” de sólo 20 km2 (expansible a 300 km2 en una segunda etapa, sobre los 30.000 km2 que tiene aproximadamente la formación Vaca Muerta). El acuerdo es en partes iguales entre ambas empresas, quedando el control operativo en manos de YPF. ¿Puede aún sostenerse que el acuerdo YPF-Chevron es una entrega de soberanía? ¿Cuán soberano puede ser un país periférico que no alcanza el autoabastecimiento energético?

Sin embargo, aún quedan pendientes algunos interrogantes vinculados con lo ambiental. Más allá del debate sobre el proceso de fractura hidráulica y sus implicancias –lo cual excede los límites de este artículo–, vale destacar que YPF debe esmerarse en mejorar la performance de la actividad petrolera en el norte de la Patagonia, donde aún existen reclamos por los impactos de explotaciones convencionales pasadas, y disputas por el territorio aún no zanjadas con las comunidades originarias. En el conflicto y las respuestas que provoca, se juega la profundización de las transformaciones en curso.

La apuesta debe ser con el Estado y no contra él. En materia ambiental, el Estado debe recuperar su rol como garante principal del bien común, sabiendo que existen transformaciones pendientes para desandar la trama neoliberal y tejer definitivamente una nueva sociedad, un nuevo país y una nueva región.

La pregunta latente resuena sobre lo hecho y lo irresuelto en la construcción de una política soberana sobre los recursos naturales de cuño popular, que exprese los cambios, las transformaciones y las tensiones de la Argentina reciente. Ampliar las fronteras de lo público, profundizar la reforma y centralidad del Estado, ahondar las transformaciones de nuestra matriz productiva en la búsqueda de mayor valor agregado, redoblar esfuerzos en función de desterrar una mentalidad colonial y colonizada que se resiste a darse por vencida en estas latitudes bien pueden formar parte de la agenda presente y futura.

* Miembro del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad y del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro.

Por Federico Nacif *

El litio sudamericano

Los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran más del 80 por ciento de las reservas mundiales de litio en salmueras, factor clave de una nueva generación de baterías eléctricas demandadas por la industria transnacional electrónica y automotriz. ¿Estamos condenados al modelo de concesiones para la producción de commodities o existe la posibilidad de iniciar en la región un proceso de industrialización soberano al servicio de un nuevo esquema energético sustentable?

Este problema requiere considerar la política global de provisión de insumos estratégicos por parte de las industrias transnacionales y sus estados de origen. A esto se refirió la semana pasada Mónica Bruckmann –asesora de la Secretaría General de Unasur– en el seminario “ABC del Litio Sudamericano”, realizado por el Programa Ambiental de la Universidad Nacional de Quilmes, dirigido por Miguel Lacabana, y el Centro Cultural de la Cooperación. Con una contundente base documental, advirtió sobre la dependencia de Estados Unidos respecto de la provisión de minerales estratégicos y su consecuente política de seguridad nacional con que se autoadjudica “el derecho de actuar unilateralmente” para “mantener el acceso a las materias primas” (U. S. National Security Strategy, 2010). La forma en que cada país responde históricamente a esta presión, sin embargo, depende tanto de factores sociopolíticos como técnico-económicos.

Dueño de la segunda reserva mundial de litio (6,3 millones de toneladas), Chile fue el primero en establecer acuerdos con la industria química norteamericana. En 1979 el gobierno de Pinochet otorgó a la Foote Minerals of America (actual Chemetall) un 10 por ciento del salar de Atacama, donde comenzó en 1984 la producción de carbonato de litio más importante y de menor costo del mundo. Sumado a los contratos adjudicados en 1993 a la SQM (empresa pública privatizada), Chile pasó a ser el principal exportador mundial de litio (40.000 t/año). Finalmente, en junio de 2012 el gobierno de Piñera eliminó la última barrera proteccionista, ofreciendo en licitación Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), a cambio de regalías mensuales del 7 por ciento. Sin embargo, una serie de irregularidades en la licitación impidió hasta el momento el avance de este tipo de contratos.

En la Argentina, por otra parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Dirección General de Fabricaciones Militares exploraron las principales cuencas salinas de la Puna durante los años ’60 y ’70. En 1993, sin embargo, la provincia de Catamarca adjudicó su Salar del Hombre Muerto (parte de la tercera reserva mundial, calculada en 4,6 millones de toneladas) a la norteamericana FMC Lithium, poco antes de la Ley de Inversiones Mineras (N 24.196) y de la reforma de la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a los gobiernos provinciales. Desde 1998 Minera del Altiplano S. A., subsidiaria de FMC, es la cuarta productora mundial de litio. En la actualidad, Catamarca, Salta y Jujuy concentran cerca de 20 proyectos de litio, potasio y boro, en muchos casos directamente vinculados a automotrices como Toyota, Mitsubishi y Bolloré. Desde 2011, no obstante, las políticas del desarrollismo impulsan una serie de proyectos de investigación y desarrollo de acumuladores electroquímicos, aunque desvinculados de la producción primaria, destinada totalmente a la exportación de commodities.

En Bolivia, por último –dueña de la principal reserva mundial de litio (10,2 millones de toneladas)–, todos los intentos por concesionar el salar de Uyuni durante los años ’80 y ’90 fueron rechazados por movilizaciones sociales y fuertes cuestionamientos públicos. En 1993 la norteamericana FMC debió renunciar al contrato firmado con el gobierno boliviano y concentrarse en el proyecto alternativo sobre la Puna argentina. En 2007, sin embargo, el gobierno de Evo Morales declaró la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional y al año siguiente creó una empresa estatal para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni. El plan estatal contempla a mediano plazo la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y a largo plazo la producción de baterías de ion-litio. Sólo en este último caso permite asociaciones con el sector privado para transferencia tecnológica, siempre y cuando no comprometa la soberanía sobre los recursos evaporíticos del salar.

A pesar de las limitaciones técnico-económicas para el avance de las energías renovables agravadas por la urbanización asiática, la revolución tecnológica en baterías de litio impulsada por las instituciones de CyT de los países centrales nos obliga a considerar una estrategia regional alternativa a la concesión de los recursos para la exportación de commodities destinados a abastecer lejanos desarrollos industriales. La propiedad pública de los bienes naturales comunes emerge así como condición de posibilidad para una política soberana de industrialización del litio al servicio de un nuevo esquema energético sustentable en América latina.

* Sociólogo (UBA), integrante del Programa Ambiental de la Universidad Nacional de Quilmes, becario de Conicet.