En más de una oportunidad, el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov afirmó públicamente que la inflación prevista por el Gobierno para todo el año es del 15 por ciento. Y en base a ese pronóstico fueron confeccionados los números del proyecto de Presupuesto 2002. Sin embargo, conocido el índice de precios al consumidor (IPC) de enero y con las cifras preliminares de febrero ya listas, el cálculo que manejan por estos días los funcionarios es otro. Según un documento que circula por despachos de Economía, al que accedió Página/12, de mantenerse el criterio con que vienen formando precios los empresarios tras la devaluación, la inflación minorista rondaría el 40 por ciento anual. En algunos rubros, como “alimentos y bebidas”, el IPC se acercaría al 60 por ciento.
La clave está en que la mayoría de los sectores, en lugar de trasladar a los precios únicamente el incremento del costo de sus insumos importados, está aprovechando la devaluación para maximizar sus ganancias. Si la inflación apuntara definitivamente hacia esos niveles, en el propio equipo de Remes admiten que podría caerse más temprano que tarde en una espiral de aumentos especulativos de dólar y precios. Por eso, el Gobierno iniciará en los próximos días una batalla final para frenar las remarcaciones, una guerra que viene perdiendo en casi todos los frentes: alimentos, medicamentos y combustibles, entre otros mercados.
El viernes el INDEC anunciará los índices de precios de febrero. El Presidente anticipó que el IPC crecerá 7 por ciento. Pese a que ayer el titular del INDEC, Juan Carlos Del Bello, dijo que el número sería “mucho menor”, este diario pudo confirmar que la información presidencial era buena: el aumento del costo de vida en febrero se ubicaría entre 6,5 y 7 por ciento.
Así, contando la suba del 2,3 por ciento de enero, en apenas dos meses la inflación sumaría alrededor del 9 por ciento. A este ritmo, a más tardar en abril, se habría superado la pauta anual del 15 por ciento, incluida en el Presupuesto.
De hecho, los propios técnicos oficiales ya están revisando esa proyección, que se basaba en el supuesto de que los empresarios sólo trasladarían a los precios el aumento en los costos de sus insumos, ya sea porque son importados o porque son insumos fabricados en el país que, a su vez, incorporan insumos importados (ver cuadro).
La revisión consta en un estudio oficial que estuvo analizando minuciosamente en los últimos días un selecto grupo de funcionarios. Fue realizado utilizando la llamada “matriz insumo-producto”, que contempla todos los precios de los insumos y productos finales de la economía.
El documento plantea que, con un tipo de cambio de 2 pesos por dólar, hay dos posibles escenarios para la inflación minorista, de acuerdo a la actitud que adopten los empresarios:
u Si los empresarios sólo aumentaran sus precios trasladando el incremento de costos de sus insumos, se llegaría a la pauta de inflación anual del 15 por ciento prevista inicialmente por el Gobierno.
u La otra posibilidad es que los empresarios eleven los precios, en forma independiente a lo que ocurra con sus costos, para maximizar los ingresos extraordinarios que genera la devaluación. En esta situación, hay situaciones diferenciadas de acuerdo al sector, pero las que disparan fuertemente la inflación son aquellas empresas que pueden cargar total o parcialmente la suba del dólar a sus precios, ya sea porque tienen la alternativa de vender en el exterior en dólares o porque detentan una posición monopólica u oligopólica en el mercado local. En este escenario, el IPC se iría al 38 por ciento anual. Pero en algunos sectores críticos como alimentos y bebidas llegaría a casi el 60 por ciento. En otros, como “gastos para la salud” –medicamentos– rondaría el 40 por ciento, mientras que en “transporte” llegaría al 24 por ciento.
A juzgar por el comportamiento de los precios en los últimos dos meses, todo indica que es este segundo escenario el que se va confirmando. Losprecios de los alimentos lideraron la suba, porque los empresarios del sector, tentados por las ganancias adicionales que les reportan, tras la devaluación, sus ventas en dólares en el exterior, decidieron dolarizar también sus precios en el mercado local. Así, los aceites y la harina, dos típicos productos de exportación, aumentaron sus precios entre un 30 y 40 por ciento. También los laboratorios buscaron maximizar ganancias, aumentando hasta un 40 por ciento los precios de algunos medicamentos. Mientras que el Gobierno está enfrascado en estos días en una dura batalla con las petroleras, en un intento por evitar que éstas eleven a lo largo del año el precio de las naftas en un 40 por ciento, como pretenden.
Aunque pasó desapercibida para la opinión pública, no es menos impresionante la remarcación en pesos en los insumos industriales de uso difundido, como el acero, el aluminio y el plástico, cuyos responsables son grandes empresas exportadoras como Siderar del Grupo Techint, Aluar y Acindar. Estos incrementos, a su vez, les ponen un piso a los precios de otras manufacturas industriales producidas en el país.
En este contexto, a menos que el Gobierno se animara a intervenir agresivamente para evitar el desbande de precios en estos sectores (ver aparte), las índices inflacionarios de enero y febrero podrían ser recordados en los próximos meses como un lejano resabio de la estabilidad perdida. En especial, porque la administración Duhalde todavía ni siquiera espió la caja de Pandora que significará abrir próximamente una renegociación de las tarifas con las empresas de servicios públicos privatizados.