Las tensiones en el frente cambiario y financiero son expresiones de un debate medular que recorre la historia económica local referido a las características del desarrollo. Es una cuestión ocultada por análisis de coyuntura confundidos entre deseos de fracaso político, ideología conservadora y realidad económica. El Gobierno ha tenido un mensaje elocuente sobre el objetivo de industrialización con más empleo e inclusión social, que puede exhibir en robustas variaciones positivas a lo largo de su ciclo político. Pero no ha tenido una estrategia articulada para enfrentar las consecuencias de ese crecimiento, teniendo en cuenta la existencia de una Estructura Productiva Desequilibrada (EPD). Esta se encuentra en la base del desarrollo nacional y se hace visible cuando irrumpe lo que se conoce como restricción externa. Esto es, la escasez de divisas para abastecer a esa industria demandante de crecientes insumos importados y el aumento del consumo doméstico por el alza de ingresos, que incrementa la compra de bienes suntuarios (autos de mediana y alta gama, electrónica de última generación y turismo al exterior). Es un mérito de del gobierno de CFK buscar opciones al desenlace traumático (brusca devaluación) de situaciones similares del pasado (el conocido stop and go de la economía) mediante la administración cambiaria (restricciones de acceso a la moneda extranjera) y del comercio exterior (importaciones). Pero ha sido una falencia costosa el no haber diseñado además políticas específicas, orientadas por el Estado, para el entramado industrial, definiendo una sustitución de importaciones selectiva y una estrategia de exportaciones de productos industriales.

No es un desafío nuevo precisar las características de una política que favorezca el desa-rrollo nacional. Para ello se requiere entender la evolución de la propia dinámica de la economía local cuyo cimiento es una estructura productiva desequilibrada, como la definió Marcelo Diamand. No considerarla y sólo descansar en indicadores de crecimiento de la industria como fortaleza política ha sido una debilidad conceptual con impacto finalmente en esa base de sustentación. Si no se interviene en esa cuestión mediante políticas económicas apropiadas, se termina afectando la posibilidad de un proceso de desarrollo sostenido.

¿Qué significa una Estructura Productiva Desequilibrada (EPD)?

En palabras del propio Diamand, en “Paradigma clásico y estructura productiva desequilibrada”, revista Realidad Económica Nº 68 (1986): “En los países exportadores primarios como la Argentina, el sector primario existe y además tiene muy alta productividad en virtud de sus ventajas naturales. En esas condiciones, el tipo de cambio se sitúa en el nivel del sector primario más productivo y no puede reflejar la paridad del sector industrial. Cuando los precios del sector industrial se traducen sobre la base del tipo de cambio primario (pampeano, la zona núcleo dominada por la soja), resultan muy altos y el país no puede competir en condiciones de libre comercio internacional”.

La decisión política de fomentar la industrialización pone en tensión esa estructura productiva, al tiempo que implica precios locales industriales superiores a los precios internacionales. Por ejemplo, es lo que sucede hoy con la chapa laminada en caliente de Techint, insumo fundamental para la industria automotriz, naval, maquinaria agrícola y de electrodomésticos. Ese precio internacional está afectado además por la crisis en los países desarrollados, que genera un excedente de producción que los reduce aun más en el mercado mundial.

El necesario debate sobre las características del desarrollo nacional tropieza con la siguiente paradoja: cuanto más robusto sea el sector agropecuario, más soja exporte, los dueños de los dólares requeridos para la industrialización orientan el consenso social y político hacia un sendero de desarrollo regresivo, de exclusión social. Lo sostienen con la idea mítica de que el bienestar de los argentinos depende del “campo” y de los precios internacionales de los commodities agropecuarios. No mencionan, sin embargo, que ese desarrollo supone la existencia de un “sobrante” de población en el circuito productivo y de empleo, pues el “campo” no está en condiciones de incorporarlo.

A la debilidad de las políticas públicas para intervenir en la estructura productiva de-sequilibrada se agrega un mundo empresario dominado en gran parte por ideas neoliberales que bloquean la posibilidad de producir un pensamiento propio del desarrollo. Es lógico que así sea en los integrantes del sector agropecuario, pero es insólita esa falencia en el industrial. Muchos de sus miembros no expresan vocación de ser protagonistas principales para alcanzar el triple objetivo de pleno empleo, salarios reales elevados e industrialización con equilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos. No expresan la suficiente convicción sobre el círculo virtuoso de aumentos del salario, empleo y gasto público, motores de una fuerte ampliación del mercado interno y, con ello, del fortalecimiento del proceso de industrialización y de sustitución de importaciones, dando lugar a un progresivo eslabonamiento entre los diversos sectores productivos. No es un trilema sencillo de abordar porque el pleno empleo y el alza de salarios generan aumentos de ingresos y de consumo que colisionan con la escasez de divisas (restricción externa) por la demanda de importaciones, debido a la existencia de una estructura productiva desequilibrada, emergiendo tensiones sectoriales y poniendo de ese modo límites al crecimiento económico.

La resolución por la vía conservadora es descansar en el equilibrio ofrecido por el libre mercado, donde triunfarán los más eficientes. En ese grupo se encuentra el sector agrario muy productivo, con una frontera agropecuaria extendida por la soja, y privilegiados grupos industriales competitivos a nivel internacional.

Otra opción es la industrialización por sustitución de importaciones: ahorrar divisas reemplazando bienes importados por bienes producidos localmente. En la fase inicial, la sustitución es fácil, pero a medida que debe avanzar en sectores más complejos y básicos de la cadena de producción aparecen las dificultades. Este tipo de industrialización por sustitución de importaciones sólo posterga momentáneamente el problema de la restricción externa.

Una vía complementaria para hacerla más efectiva es que esté acompañada de un ordenamiento productivo (planificación) desde el Estado, debido a que la profundización del proceso de industrialización requiere montos elevados de capital (inversiones) para integrar la estructura productiva con las industrias básicas (energía, siderurgia, petroquímica). El desarrollismo tradicional lo planteaba a partir del aporte de capitales extranjeros, pero como ésta era una industria volcada al consumo interno y no a incrementar la capacidad exportadora, el crecimiento económico local terminaba provocando un cada vez mayor requerimiento de divisas, agudizando al final la restricción externa.

La opción superadora es una activa participación del Estado en la orientación de la industrialización por sustitución de importaciones con estímulos a las exportaciones. O sea, no una autárquica sino con inserción en el mercado internacional, exportando productos industriales. Para ello se necesita un Estado protagonista en industrias base (YPF en energía y su ramificación en la petroquímica y química), pero además muy activo en el manejo de incentivos de producción y de exportación, diseñando un esquema de tipos de cambio múltiples. En forma simple: un dólar bajo para el sector primario (con retenciones), que seguirá siendo rentable por su elevada competitividad internacional, lo que permitirá preservar el salario real y el dinamismo de la demanda interna propulsora del crecimiento, y un dólar alto (reembolsos, desgravaciones impositivas y financiamientos) para sectores industriales exportadores, manteniendo así la competitividad industrial necesaria para sostener el equilibrio de la cuenta corriente, o sea, alejando la restricción externa.

No es una receta mágica. Requiere además iniciativas complementarias, como el rol del sector científico tecnológico para modificar los desequilibrios de productividad por medio de una asociación entre el Estado, empresarios innovadores, sindicatos y universidades.

El desafío del equipo económico de Kicillof es administrar la coyuntura al tiempo de diseñar una estrategia de mediano y largo plazo con la pretensión de alterar la estructura productiva desequilibrada generadora de crisis.

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