El Gobierno presentó ayer ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una denuncia contra la política proteccionista de Europa en materia de comercialización de biocombustible. La Zona Euro aplicó una medida antidumping contra el país, con el objetivo de frenar exportaciones de biodiésel nacional hacia el Viejo Continente. Empresarios locales aseguran que la decisión fue arbitraria y que los bajos precios que maneja el mercado argentino se deben a sus ventajas naturales. La pérdida por caída de exportaciones a ese destino ascendería a 1500 millones de dólares.

“La manifiesta ilegalidad de la medida decidida por la Unión Europea, su espíritu netamente proteccionista y el perjuicio económico que ocasiona a la industria del biodiésel argentino ha movilizado, sin dilaciones, las acciones pertinentes en el ámbito de la OMC para trasladar el reclamo del gobierno argentino”, indicó Cancillería a través de un comunicado. El 27 de noviembre, la Zona Euro empezó a aplicar con carácter definitivo un impuesto antidumping (precios predatorios) contra el biodiésel de Argentina. Esto dejó fuera del negocio a los fabricantes locales, debido a que no pueden competir contra productores del Viejo Continente que no tienen recargos por vender el biocombustible dentro del mercado europeo. Por cada tonelada comprada en Argentina, los importadores de la UE deben pagar ahora entre 216 y 245 euros de impuesto antidumping.

La denuncia de la Cancillería ante la OMC ingresa en un período de dos meses de consultas, con el objetivo de abrir la posibilidad a un acuerdo entre las partes. Una vez finalizado este lapso, Argentina estará en condiciones de solicitar la conformación de un grupo especial de expertos para dar resolución a este conflicto. Los intereses que se disputan no son pocos si se tiene en cuenta que el país es uno de los principales exportadores de biocombustible del mundo y gran parte de sus ventas tiene como destino el mercado europeo.

En 2012, los despachos de biodiésel al resto del mundo alcanzaron 1848 millones de dólares, al tiempo que en los primeros diez meses de este año, por las tensiones comerciales con la Zona Euro, las ventas sumaron 997 millones. Además de ser uno de los principales distribuidores para el mercado internacional de biocombustible, el país cuenta con la mayor capacidad de producción.

Los principales grupos que operan en Argentina son Dreyfus, Vicentín, AGD y Bunge, los cuales tienen establecimientos productivos en la provincia de Santa Fe, debido a la cercanía con los cultivos soja y la posibilidad de utilizar un puerto propio para la exportación.

“La industria local es líder en producción de biodiésel. En cambio, la industria europea está sobredimensionada y carece de disponibilidad de materia prima (soja) y del nivel de integración vertical que caracteriza a la industria nacional”, subrayaron desde la dependencia conducida por Héctor Timerman. Agregaron que “la industria europea, en lugar de emprender reformas para mejorar su competitividad, ha buscado y ha logrado una medida administrativa en Bruselas, totalmente arbitraria, que cierra el mercado europeo a la competencia de productores eficientes de biodiésel, como es el caso de Argentina”.

Además de las acciones de la Cancillería, los fabricantes argentinos que se agrupan en la central empresaria Carbio iniciarán una demanda contra la Comisión Europea, en el ámbito del tribunal de justicia de la Zona Euro. “Estamos preparando un recurso de anulación de la reglamentación (antidumping)”, dijo el abogado de la entidad. Este reclamo se presentaría en enero, con el objetivo de potenciar las presiones para dar marcha atrás con la medida proteccionista del Viejo Continente. En caso de que estas acciones legales no tengan éxito, la incitativa europea para proteger su mercado interno se prolongará por los próximos cinco años.

Informe: Federico Kucher.