La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá pasado mañana si acepta el pedido argentino para revisar un fallo que habilitó a los fondos buitre a buscar información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior como parte de su estrategia para trabar embargos contra el país. Se trata de un caso satélite a la causa madre que todavía debe ser analizada por el máximo tribunal estadounidense. A pedido de los magistrados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito donde cuestiona la autorización otorgada por los juzgados de Nueva York al fondo NML Capital, propiedad del magnate republicano Paul Singer. El respaldo legal del fiscal general del Estado, Donald Verrilli, fortalece la posibilidad de que la Corte Suprema tome el caso.

Un artículo publicado ayer por la Washington Legal Foundation (WLF) y el sitio web de la revista Forbes afirma que las chances de que la Corte Suprema acepte analizar el caso cuando regrese de su receso invernal son altas. “Aunque la Corte Suprema acepta sólo una pequeña fracción de las miles de peticiones de revisión que recibe por año, existen razones para concluir que está considerando seriamente conceder la petición argentina”, sostiene el texto firmado por el abogado Rich Samp, especializado en litigar frente al máximo tribunal norteamericano.

Desde la visión del abogado de WLF, una organización dedicada a la defensa de las libertades individuales y la libertad de mercado, el pedido de opinión que la Corte realizó al fiscal general para que dé la visión del gobierno de Estados Unidos y los argumentos vertidos por ese funcionario elevan la posibilidad de que los jueces acepten el reclamo argentino.

“Sin embargo, la aceptación de la revisión no deberá ser vista como una señal de que la Corte también dará el visto bueno en la petición que todavía debe ser presentada por la causa del pari passu”, indica Samp en su publicación. En ese sentido, la visión del abogado norteamericano coincide con la posición del Gobierno. En el equipo económico reconocen que una decisión positiva para el país en la causa satélite no implica que el tribunal supremo acepte revisar la causa madre. Se trata del caso donde la Cámara de Apelaciones convalidó la insólita fórmula de pago que propusieron los buitres al juez Thomas Griesa a fines de 2012. Si se aplica ese pago de 1330 millones de dólares en efectivo, no sólo llevaría al país a una situación de default técnico, sino que perjudicaría al 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje.

Samp ofrece argumentos legales para explicar por qué la Corte Suprema no aceptará revisar la causa principal. Desde su visión, esa disputa no posee las contradicciones en la interpretación de la FSIA entre las diferentes cámaras federales que arrastró la causa donde se habilitó a los buitres a buscar información y despertó el interés de los magistrados supremos. El fiscal general del Estado cuestiona la decisión de Griesa y de la Cámara de Apelaciones de permitir a los buitres buscar activos de Argentina en el exterior. Verrilli considera que la autorización para acceder a esos datos (discovery) fue erróneamente convalidada y expresó que el cuestionamiento realizado por el país debe ser concedido, ya que viola la ley de inmunidad soberana (FSIA).

El gobierno argentino deberá presentar entre febrero y abril su solicitud de revisión –writ a certiorari– en la causa madre. Allí, la decisión de los jueces (pendiente de aplicación) obliga al país a abonar en una cuota 1330 millones de dólares en efectivo, al tiempo que mantiene condicionado el pago de la deuda con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje a la cancelación de ese fallo, ya que los intermediarios, como el Bank of New York, no podrían canalizar los fondos de los bonistas que entraron al canje si la sentencia no se cumpliera.