La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó ayer el pedido de la Argentina para tratar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el cual autoriza a los fondos buitre a buscar activos embargables del Estado nacional en el exterior. Es una causa satélite del litigio que enfrenta el país contra estos fondos especulativos, quienes demandan unos 1330 millones de dólares por sus tenencias en títulos defaulteados en 2001. Tal como anticipó Página/12, existían altas probabilidades de que el máximo tribunal estadounidense aceptara pronunciarse sobre este tema, debido a las inconsistencias que existen entre el fallo de la Cámara del Segundo Distrito respecto de una sentencia previa del Séptimo Distrito (Cámara Federal de Nueva York). El apoyo brindado a la Argentina por el gobierno de Estados Unidos también fue clave para que la Corte Suprema convalidara el pedido argentino. Si bien la decisión de la Corte no implica que acepte la cuestión del pari passu –tratamiento igualitario entre acreedores–, es una señal positiva de cara a la presentación que realizará la Argentina en febrero próximo por ese tema.

Concluido el período de audiencias, la Corte publicó ayer a través de su página web el listado con las causas que tratará durante este año, en la cual aparece la que enfrenta la Argentina y el fondo NML Capital, propiedad del magnate republicano Paul Singer. Se trata del fallo que permite a estos fondos especulativos buscar información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior –en un principio, desde el Banco Nación y el Bank of New York– como parte de su estrategia para trabar embargos contra el país. El fallo había sido otorgado por el Juzgado del Segundo Distrito (Manhattan) de Nueva York y convalidado por la Cámara de Apelaciones. El estudio legal Cleary Gottlieb, que representa al Estado argentino, había presentado ante la Corte un pedido de revisión de esta decisión.

“Era esperable esta resolución de la Corte, porque el Gobierno estuvo bien representado a nivel jurídico. El fallo de la Cámara es muy discutible porque coexisten por el mismo tema dos criterios distintos para causas similares”, explicó a este diario el abogado Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido. Mientras que la Cámara del Segundo Distrito autorizó a NML Capital a buscar activos embargables de la Argentina, existe un antecedente de la Cámara Federal de Nueva York (Séptimo Distrito) contrario a ese fallo para una causa similar. El planteo de los letrados que representan al país se focalizó en esta inconsistencia. También se hizo hincapié en la apelación sobre la “excesiva intervención” de este Juzgado, ya que el fallo se “extralimita en su poder” al abarcar activos del país en distintas partes del mundo, que “no son embargables”. “Había argumentos sólidos para que se tomara el caso”, señaló Bruno.

Las posibilidades se incrementaron con el respaldo que recibió el pedido argentino de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó un escrito donde cuestiona la autorización otorgada por los juzgados de Nueva York. El escrito, que llevó la firma del fiscal general del Estado, Donald Verrilli, cuestiona la autorización otorgada porque “plantea preocupaciones significativas de política exterior para Estados Unidos”. El funcionario sostuvo en el texto que el máximo tribunal estadounidense debería aceptar los argumentos presentados por la Argentina para suspender ese proceso. El amicus curiae presentado por Estados Unidos considera que la autorización para acceder a esos datos (discovery) fue erróneamente convalidada y expresó que el cuestionamiento realizado por la Argentina ante la Corte debería ser concedido debido a que viola la ley de inmunidad soberana.

Esta semana distintas publicaciones daban por seguro la aceptación de la Corte. Un artículo editado ayer por la Washington Legal Foundation –lobbista de los fondos buitre– y el sitio web de la revista Forbes afirmaron a principios de semana que las chances de que la Corte aceptara analizar el caso cuando regresara de su receso invernal eran altas. Ni el apoyo de la administración Obama ni la aceptación de la Corte por ahora se extienden a la causa principal entre la Argentina y los buitres en el juicio donde los tenedores de bonos especulativos exigen 1330 millones de dólares en efectivo. De todos modos, es un antecedente relevante a favor de la Argentina y en contra de los fondos buitre.

El elemento más alentador para la posición argentina se encuentra en la primera nota al pie del texto puesto en el amicus curiae de Estados Unidos, que, en sintonía con la argumentación que viene realizando el país, recuerda que también fueron ignoradas sus opiniones sobre “la clara interpretación de la cláusula pari passu que figura en los bonos”, y agrega “que las medidas cautelares pueden poner en riesgo la solución ordenada de las crisis de deuda soberana”. El gobierno argentino deberá presentar entre febrero y abril su solicitud de revisión en la causa madre. Allí, la decisión de los jueces (pendiente de aplicación) obliga al país a abonar en una cuota 1330 millones de dólares en efectivo, al tiempo que mantiene condicionado el pago de la deuda con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje a la cancelación de ese fallo.