La decisión de aplicar una devaluación del 18 por ciento en un solo paso, la apertura de venta de divisas para atesoramiento a particulares y las intervenciones del Banco Central en el mercado lograron recuperar cierta calma en el mercado cambiario. Pero sólo ha pasado una semana. Las amenazas de nuevas tormentas no desaparecieron del horizonte. La fuente principal de inestabilidad, en el diagnóstico del Gobierno y de varios analistas, se encuentra en la decisión de un grupo reducido pero muy poderoso de comercializadores de granos de seguir demorando la liquidación de sus exportaciones, con lo cual estrangulan la oferta de dólares en el mercado. Hay quienes ven en ello una forma de presión para lograr una devaluación mayor; otros adivinan detrás de estas maniobras la intención de desgastar al Gobierno. Las principales firmas exportadoras de cereales, núcleo central de este grupo de presión, han sido convocadas a la Casa Rosada para el próximo lunes. De allí puede surgir un acuerdo, si hay un cambio de actitud de estas firmas, o una ruptura. En este último caso, el Gobierno se verá obligado a impedir que la actitud mezquina de este sector pueda hacer desmoronar la estrategia oficial post devaluación. Las autoridades ya cuentan con algunas alternativas que arrimaron quienes advirtieron, ya hace rato, que la exportación de granos representa un foco de acumulación de poder demasiado importante. La necesidad de que el Estado asuma un mayor protagonismo en la comercialización de granos aparece en la base de todas esas propuestas.

La cuestión de la falta de divisas se da en un contexto de disputa despiadada por los ingresos. De un lado, el bloque exportador agropecuario, que está pasando por una coyuntura notablemente favorable por los precios del mercado mundial y una cosecha nacional de granos que se encuentra en uno de sus máximos históricos. Adicionalmente, recibe desde noviembre pasado los beneficios de una aceleración del ritmo de corrección cambiaria (10 por ciento en el último bimestre de 2013), al que se le agregó una fuerte devaluación en enero (23 por ciento en el acumulado del mes). Del otro lado, un Gobierno que pretende proteger los logros en materia de redistribución de ingresos, peleando contra un brusco salto en los precios de los principales productos de la canasta alimentaria en el último semestre de 2013 y la pretensión de los sectores hegemónicos de las cadenas productivas locales de capturar parte de los “beneficios” de la devaluación, trasladando al precio de sus productos una supuesta incidencia del aumento del dólar que no es tal.

Para peor, el sector dominante del bloque exportador, por especulación económica o impulsado por razones políticas, percibe la posibilidad de hacer más diferencia imponiéndole al Gobierno una devaluación de mayor magnitud. Para lograrlo, necesita generar clima de inestabilidad. Su apuesta es, claramente, al desorden. Esta intención quedó reflejada, durante la semana, en la forma en que se fabricó en algunos medios la información de un “dólar blue” cercano a los 13 pesos, cuando en las tradicionales cuevas no sólo desaparecieron los compradores, sino que además a quien se acercaba a vender divisas no se las aceptaban, ni siquiera ofrecidas a menos de 12 pesos. Para los intereses de estos sectores, no era conveniente convalidar que el marginal había caído a un precio más cercano a 11 que a 13.

En el mercado oficial de cambios, sin embargo, ese sector dominante hace sentir su presión en forma directa. El Gobierno estima que hay pendiente de liquidación unos 8 millones de toneladas de granos, mayormente soja, de la campaña anterior, que representarían unos 3500 millones de dólares. Las entidades de productores calculan que no son más de seis millones de toneladas, pero admiten la maniobra. El intento de ayer por la mañana, de Jorge Capitanich, tratando de diferenciar a pequeños y medianos productores de la actitud que asumen los grandes productores y exportadores es válida, en cuanto a identificar a los personajes del conflicto (dijo que estos últimos, con fuerte espalda financiera, son los únicos que pueden estar demorando la liquidación por meses para especular con una nueva devaluación), pero necesitará de otras medidas para generar un cambio de conductas. En ese plano es donde aparecen las propuestas, de diferentes sectores, de avanzar en el control del Estado sobre el comercio exterior de granos.

Para este lunes, el jefe de Gabinete convocó a las cámaras que representan a cerealeras y exportadoras de granos y oleaginosas a Casa de Gobierno. Los antecedentes inmediatos no son muy alentadores. Se esperaba que, tras la devaluación del pasado viernes 24, hubiera señales de empezar a liquidar, pero hasta ahora no ocurrió. El lunes, Capitanich escuchará lo que las cerealeras grandes estén dispuestas a decir. Luego deberá actuar.

El problema está identificado. Que el 95 por ciento del principal rubro de exportación del país y, por lo tanto, principal fuente de divisas, esté en manos de no más de diez firmas cerealeras, la gran mayoría multinacionales, representa un flanco débil, máxime teniendo en cuenta el manejo que demuestran hacer de esas divisas. Cargill, Nidera, Noble Grain, Dreyfus, Topfer, ADM, Molinos y otras conforman un bloque de control con más de 150 centros acopiadores en todo el país, molinos harineros, plantas aceiteras y hasta puertos propios para el embarque que le restan posibilidades de control al Estado. Hace unos meses, la actitud de un sector de grandes productores, aliados a grandes exportadores, estuvo a punto de desabastecer al país por defender su negocio en la exportación de trigo. Hoy, amenaza con desfondar las reservas internacionales si el dólar no alcanza el valor que pretenden.

Quienes sostienen la necesidad de poner en manos del Estado el control del comercio exterior de granos recuerdan que Venezuela, mucho antes de Hugo Chávez, tiene su sector petrolero –principal y excluyente fuente de divisas e ingresos fiscales– en manos del Estado. Igual ocurre en Chile con el cobre, en un criterio ni siquiera alterado por el proceso ultraprivatista a sangre y fuego del dictador Augusto Pinochet. Hasta no hace mucho, la propia Federación Agraria (Pablo Orsolini, ex vicepresidente de FAA, enero de 2011) sostenía la necesidad de recuperar la Junta Nacional de Granos. Las propuestas actuales sostienen la necesidad “urgente” de crear una agencia nacional de comercialización, para garantizar a los pequeños y medianos productores “el real valor de la producción”, y una agencia nacional de alimentos, para defender “la seguridad y soberanía alimentaria”. Tanto estas como otras fórmulas, con diferencias de diseño pero no de propósitos, apuntan a quitarle al núcleo agroexportador el control de la producción, la sujeción del productor pequeño a los precios que este sector le fije, la capacidad de especular con el abastecimiento al mercado interno de productos de consumo básico, y el manejo y control de la oferta de divisas.

Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, sostiene que esta propuesta se fortalecería con una alianza estratégica del Estado con las cooperativas de productores. Leopoldo Moreau, dirigente radical, afirma que “la urgencia de tomar medidas” obliga a que se concrete a través de una resolución del Ejecutivo y posteriormente se convoque a “los sectores populares” a respaldarla. Recordó que el radicalismo no dudó en apoyar la reestatización de YPF aunque no fuera convocado previamente a discutirla. Analistas como Atilio Boron también mencionan la necesidad de “cortar de un tajo el nudo gordiano” del conflicto que hoy amenaza la estabilidad de la economía, mediante un proceso de convulsión financiera y cambiaria que no se compadece con la situación de la economía real, en la que los principales indicadores siguen arrojando resultados positivos.

En la reciente cumbre de la Celac, Argentina defendió la idea de avanzar en el fortalecimiento de un bloque regional que encuentre un proyecto común para sentarse a tratar de igual a igual con los bloques dominantes del Planeta. La Presidenta argentina, en su discurso en La Habana, subrayó la fortaleza que otorga contar con hidrocarburos, recursos naturales y producción de alimentos que le garantizan a la región las condiciones para un desarrollo sustentable y socialmente inclusivo. Pero para hacer efectivas esas fortalezas, la región todavía necesita resolver algunos conflictos internos, como el control del proceso de producción, comercialización y apropiación de la renta, por ejemplo, en áreas como la agroalimentaria en Argentina. Hay un estrecho vínculo entre la forma en que se resuelvan las disputas actuales en el país y las posibilidades de concreción de proyectos como el planteado esta semana en el foro internacional en Cuba.