Producción: Javier Lewkowicz

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Recurrir a préstamos

Por Andrés Lazzarini *

La última devaluación suscitó importantes debates acerca de los determinantes del tipo de cambio y su relación con la inflación. La ortodoxia económica sostiene que el problema es la apreciación cambiaria resultante de la inflación (que generaron la emisión monetaria y el gasto público), porque para ellos la inflación es de demanda y la solución es sólo desacelerar la economía. Por otro lado, los neodesarrollistas dicen que un tipo de cambio real alto (“competitivo”) es necesario para incentivar las exportaciones industriales, aunque no dicen que es a costa de bajar salarios reales. Interesante que ninguno mencione que la apreciación cambiaria argentina antes de la última devaluación era inferior al promedio de América latina y que el déficit de cuenta corriente no llegó a niveles alarmantes.

Sin embargo, la restricción externa existe. En los últimos años, el déficit energético, las crecientes importaciones de insumos y bienes de capital, los pagos de deuda y especialmente la fuga de capitales produjeron una estrepitosa caída de reservas (12.600 millones de dólares en 2013), obligando al Gobierno a restringir el atesoramiento legal en moneda extranjera y a un régimen de control de importaciones con poca planificación productiva. En el ínterin, la devaluación del dólar blue y la ampliación de la brecha entre el cambio oficial y el paralelo generó la sospecha entre los grandes jugadores de que las autoridades habían perdido el control sobre el tipo de cambio. La creciente demanda de dólares y la no liquidación de granos aumentaron las presiones devaluatorias, que el Gobierno finalmente validó hace una semana y media. Con la flexibilización de las restricciones para el ahorro en dólares, el Gobierno parecería querer retomar el control sobre el tipo de cambio. El resultado, sin embargo, es incierto. Para la estabilización del tipo de cambio nominal serán necesarias muchas reservas, pero los exportadores siguen sin liquidar (a pesar de la suba de tasas) y en enero se perdieron otros 2500 millones.

En este contexto es de esperar que la reciente devaluación impacte en los precios de la economía por tres vías. Primero, dado el carácter semi-industrializado de la economía, con muchos sectores aún por sustituir, gran parte de los insumos y los bienes de capital con alto y medio contenido tecnológico provienen del exterior. Los precios normales de producción reflejan los costos de producción usando las técnicas predominantes. En ese sentido, es de esperar cambios en los costos de producción debido al componente importado. Segundo, la devaluación generará una agudización de la puja distributiva, lo que hará variar uno de los componentes centrales de los costos, el salario, impactando en los precios normales de producción. Tercero, el buen desempeño de los precios internacionales en un contexto devaluatorio generará fuertes presiones para los precios internos de los bienes exportables (si bien sería recomendable subir las retenciones para desacoplar los precios internos de los internacionales, esta estrategia no parece promisoria en el actual contexto donde los exportadores no están liquidando). Si bien el estado puede seguir negociaciones para controlar algún movimiento especulativo de muy corto plazo, es indefectible que la devaluación se traduzca en inflación, dado que en situaciones normales de producción los precios reflejan los costos normales dentro de los cuales tienen un rol significativo y determinante el tipo de cambio y los salarios. El riesgo más grande que enfrenta la economía es que este proceso traiga aparejado una caída en los salarios reales con una consecuente caída en la demanda y, por ende, del ritmo de actividad.

En términos estructurales, la inflación podría ser controlada mediante políticas industriales que profundicen una sustitución de importaciones, gradual pero permanente, lo que haría disminuir el impacto del componente importado en los costos de producción, que deberían combinarse con políticas de ingreso y negociaciones entre partes para manejar la puja distributiva. Sin embargo, debido al contexto actual, para mantener los niveles de actividad y empleo, e incluso aumentarlos, es esencial que el Gobierno vuelva a tener control sobre el precio de la divisa. Si la crisis en las reservas se explica más bien por la fuga de capitales que por déficit de la cuenta corriente, que es estructural y necesita de políticas específicas, entonces la situación presente de la cuenta capital requiere de políticas de corto plazo, vía diferencial de intereses, para afectar el flujo cortoplacista. Por ello, la estabilización del tipo de cambio nominal implicará recurrir a préstamos externos destinados a aumentar las reservas para que el Gobierno gane control sobre esta variable clave. De lo contrario, la presión devaluatoria será aún mayor en el tiempo por venir, con el correlato de mayor inflación, agudización de la puja distributiva, recesión y aumento del desempleo.

* Universidad Nacional de San Martín.

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Distorsión de (¿qué?) precios

Por Mariano Kestelboim *

La aceleración inflacionaria de los últimos años distorsionó los precios relativos en detrimento del desarrollo productivo. A la vez, con tasas de interés superadas por la inflación, la moneda nacional fue perdiendo valor. En este contexto, el impacto de la devaluación reciente, además de reducir el poder adquisitivo de la población, es muy difícil que pueda corregir esos desequilibrios. Su superación requiere que el Gobierno recupere credibilidad y rigor para negociar con los distintos actores de poder. En este sentido, el diseño del nuevo IPC debe ser un punto de partida. El mismo tiene que servir de marco de referencia para trabajar en acuerdos sectoriales.

Algunos precios de bienes y servicios no comercializables internacionalmente, que tienen un peso sustancial sobre la estructura de costos internos (servicios de comercialización, financieros, telecomunicaciones, alquileres de uso comercial, transporte y logística, entre otros), aumentaron en mayor medida aún que los precios de los productos elaborados internamente que sí soportan la competencia externa. Un caso ejemplificador de un sector absolutamente aislado de esa competencia y que deteriora la competitividad local es el de las telecomunicaciones: las tarifas en Argentina son abrumadoramente superiores a las de las economías centrales y forman parte de las estructuras generales de costos de las empresas y del costo de vida. Por caso, las llamadas de celular prepagas por minuto valen cuatro veces más acá que en Estados Unidos.

Si bien estos mayores costos están compensados en parte por tarifas de servicios públicos subsidiados, para que Argentina pueda volver a ser competitiva los precios de servicios básicos sin competencia externa, medidos en dólares, no pueden estar tan alejados de los estándares internacionales. En este sentido, es primordial regular y desarrollar infraestructura.

A este cuadro se suma el hecho de que la economía transita el nivel de actividad más elevado de su historia y, con sindicatos fortalecidos y un muy alto nivel de uso de la capacidad productiva, ningún sector está dispuesto a ceder en la escalada de precios y salarios. Es por eso que, a pesar de que la depreciación del peso respecto del dólar en los últimos seis meses fue de menos del 32 por ciento y que en los primeros seis meses de 2002 había sido de casi el 75 por ciento, los conflictos distributivos hoy son más difíciles de mitigar.

El proceso de inclusión social también genera tensiones. Si bien la recuperación de sectores postergados contribuyó a generar una mayor demanda para las empresas que dependen del mercado interno, limitó a su vez la oferta exportable agrícola y agroindustrial. Estos sectores rechazan regulaciones estatales; especialmente las que permiten desacoplar los precios locales de los internacionales y financiar parte de las erogaciones públicas. En consecuencia, la negociación con sus representantes seguramente estará sujeta a condicionamientos no compatibles con el proyecto de reindustrialización con inclusión social. Y, con escaso apoyo de grupos inversores externos, el panorama es más complicado.

Que el Gobierno remarque que la devaluación no genera argumentos objetivos suficientes para que de forma generalizada las empresas suban precios, comunicacionalmente, es elemental. Ahora bien, las reacciones empresariales obedecen al interés de captar más ganancia, mantenerla o prevenirse en una economía donde históricamente los procesos inflacionarios fueron muy costosos. La devaluación propaga decisiones de subas de precios, sólo limitadas por la capacidad de la demanda de absorber esos incrementos.

En los casos en que se comercializan bienes con baja sensibilidad de la demanda a los incrementos de precios, como los alimentos, programas como Precios Cuidados son básicos para evitar una espiralización inflacionaria. Estos deben ser acompañados de más acuerdos y medidas de fomento a la inversión, sobre todo en sectores cuya capacidad productiva alcanza su límite.

Además de buscar tender a una estabilización general, la tarea central de la administración pública deberá ser que los salarios, las jubilaciones, las pensiones y los precios de la producción de pymes industriales y de pequeños productores de economías regionales no queden más rezagados respecto de la evolución del nivel general.

Algo que caracterizó a la última década fue la intervención consciente y decidida del Estado en la economía. Hoy más que nunca, esa intervención es clave para sortear las dificultades y orientar el proceso hacia el desarrollo. Pero la administración no puede ser ciega. La primera distorsión es la de no conocer los precios y su impacto global en el proceso económico. Por ello, resulta fundamental la constitución de un sistema estadístico confiable de seguimiento de la actividad, de las inversiones y de la evolución de precios de los distintos sectores, que permita regular de forma equilibrada y transparente los mercados.

* Economista de SIDbaires.