La fiscalía federal pidió que sean citados a declarar como imputados por supuesta “defraudación” directivos de la empresa Metropolitano, que explota el ex ferrocarril Roca, y varios funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. “Sin su inacción como agentes de control, el perjuicio no se habría cometido”, sostienen los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado en el requerimiento elevado a la jueza María Servini de Cubría. La imputación está vinculada con una denuncia por “incumplimiento” en la conservación y mejora del servicio ferroviario, en base a un informe elaborado por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, lapidario en cuanto a las condiciones calamitosas que presentaba el servicio.
Los fiscales reclamaron que se cite a declaración indagatoria como presuntos autores de supuestos ilícitos a los ejecutivos y ex directivos Luis Carral, Juan Carlos Losteau y Sergio Taselli, mientras que solicitaron que comparezcan como presuntos partícipes los funcionarios de la CNRT Roberto Ciappa, José Bernasconi, José Recio y Jorge Telmo Pérez.
Para la elaboración del requerimiento fiscal, los miembros de la acusación se basaron en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que luego de llevar a cabo inspecciones en estaciones y formaciones de trenes sacó varias conclusiones desfavorables. En ese estudio se recordaba que entre las condiciones exigidas en la concesión del servicio del ex ferrocarril Roca figuraba proveer de aire acondicionado a los vagones. Sin embargo, señala el informe, se observó que en muchos vagones ni siquiera hay ventanillas.
En el mes de febrero, el juez federal de Lomas de Zamora, Angel Di Matteo, había tomado cartas en el asunto, reclamándole a la empresa Metropolitano que brindara un servicio “digno y eficiente”. Pero en aquel momento las exigencias aparecían centradas en aspectos de seguridad y en las condiciones de acceso a las estaciones y trenes por parte de personas con discapacidad. En esa oportunidad, el magistrado le otorgó 45 días a la empresa para incorporar las mejoras, luego prorrogados por 20 días más.
Al mismo tiempo, un informe de la Jefatura de Gabinete daba cuenta para esa misma fecha de las condiciones “calamitosas” de deterioro en la que se encontraba más del 60 por ciento de los vagones. La empresa adjudicó las deficiencias del servicio a los robos y al vandalismo en los trenes, y le pasó la pelota al Gobierno por no garantizar las condiciones de seguridad.