Por Rafael Gentili (*)

El gobierno nacional ha anunciado, a través del ministro De Vido, que antes de autorizar aumentos de tarifa en los servicios públicos se debía investigar si las empresas concesionarias cumplieron con las inversiones comprometidas en sus respectivos contratos. En el caso de las distribuidoras eléctricas (Edenor, Edesur y Edelap) se trata de una tarea sencilla y la conclusión es clara y contundente: no cumplieron. De acuerdo a lo establecido en sus contratos de concesión, las distribuidoras se obligaron a: 1) atender toda nueva demanda de suministro, haciéndose cargo de las inversiones necesarias para cumplir con ello; 2) hacer las obras de operación y mantenimiento que se requieran. En ambos casos, siguiendo el principio del mínimo costo razonable compatible con la seguridad del abastecimiento y la calidad de servicio definida contractualmente . A cambio, el Estado les autorizó a cobrar una tarifa que les permitía recuperar la amortización de la inversión, los costos de operación y mantenimiento, y obtener “una razonable tasa de rentabilidad” respetando determinados niveles de calidad. Por tanto, cualquier sanción, por mínima que fuera, que se le aplicara a una distribuidora por violación de cualesquiera de los parámetros de calidad y seguridad que se obligó a cumplir nos está indicando que la misma no hizo una inversión necesaria, a pesar de tener una tarifa que se lo retribuía. El Ente ha aplicado por incumplimientos en la calidad de servicio registrados durante la convertibilidad más de 200 millones de pesos/dólares de multa. Esta cifra nos está indicando que, durante la vigencia de la convertibilidad, las distribuidoras eléctricas estuvieron cobrando una tarifa que les remuneraba inversiones que el servicio requería y que, pese a ello, no hicieron. Determinar lo más exacto posible el monto de ese incumplimiento es tarea del Gobierno y hay suficientes elementos para que lo pueda hacer con éxito. Solo necesita voluntad política y saber rodearse de funcionarios consustanciados con estos cambios y sin compromisos con la infame década menemista.
(*) Abogado. Delegado Gral. Adjunto ATE-ENRE.