“Hay que compatibilizar la Argentina interna con la externa. Nunca más se pueden hacer acuerdos externos que vuelvan a llevarnos a la explosión interna y a consolidar esta Argentina de pobreza, de indigencia y de falta de inversión que nos ha tocado vivir.” Así, el presidente Kirchner volvió a la carga, marcando una vez más los límites dentro de los cuales el equipo económico deberá negociar con el Fondo Monetario. Teniendo en cuenta esos límites, Lavagna se opone a elevar el ajuste fiscal para el año próximo en la magnitud pretendida por los técnicos del FMI. A simple vista la diferencia no luce grande: Washington reclama 2000 millones de pesos más de superávit fiscal en relación a lo que ofreció Lavagna. Sin embargo, en términos políticos no es menor. Esa suma equivale a 1 millón de planes Jefes de Hogar durante un año, o al 70 por ciento del presupuesto nacional en salud. Pero el Fondo no sólo exige más ajuste fiscal. También reclama una serie de leyes, de alto voltaje político para la administración Kirchner –desde tarifas públicas hasta compensaciones a los bancos– que el ministro de Economía buscará apurar hoy en el Congreso.
Kirchner puso en marcha ayer un programa de asistencia para unas 350 mil personas mayores de 70 años, que actualmente no cuentan con jubilación ni cobertura médica. Según los datos que manejan en el Indec, actualmente hay 800.000 personas mayores de 65 años que no reciben jubilación, ni otras prestaciones del sistema de seguridad social.
El plan anunciado por el Presidente, denominado “Para el adulto mayor más”, será administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, y contará con un presupuesto anual de 1600 millones de pesos. Los beneficiarios serán los mayores de 70 años que acrediten no tener parientes que legalmente estén en condiciones de prestarles asistencia, no posean bienes, ingresos, ni recursos para su subsistencia.
Aprovechando el lanzamiento de este nuevo programa social, Kirchner buscó nuevamente marcar la cancha de la negociación con el Fondo. Las declaraciones del Presidente difícilmente pasen desapercibidas en el Ministerio de Economía, donde ayer continuaron las reuniones con funcionarios del FMI. Así, el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, se encontró con John Dodsworth, representante permanente del organismo en Argentina y su equipo de colaboradores.
Durante la reunión, Mosse habría insistido con el planteo que viene sosteniendo Lavagna ante los negociadores del Fondo. El ministro está dispuesto a elevar el superávit fiscal destinado al pago de los acreedores del 2,5 por ciento del PBI, acordado para este año, al 3 por ciento para el año próximo. De hecho, en el equipo económico estiman que, si la recaudación continúa creciendo como hasta ahora, este año el superávit rondaría los 2,8 por ciento del producto, por arriba de la meta pautada originalmente. Sin embargo, el Fondo exige más ajuste para el año próximo y reclama, cómo mínimo, un superávit fiscal del 3,5 por ciento del producto.
Entre lo que ofrece Lavagna y lo que demanda el Fondo hay unos 2000 millones de pesos, lo cual no parece una diferencia insalvable. Sin embargo, teniendo en cuenta el crecimiento del producto, para cumplir con lo que propone Lavagna habría que saltar de 9000 millones de pesos de superávit este año a más de 12.000 millones el año próximo. Pero, además, 2000 millones de pesos equivale al costo anual de 1 millón de planes Jefes de Hogar, o al 70 por ciento de los gastos de la administración nacional en salud. Si prevaleciera la posición del Fondo, entonces ese dinero debería fluir hacia los bolsillos de los acreedores, y se achicaría el margen para financiar más gasto social destinado a los sectores carenciados.
Sea como fuere, el ministro iría hoy a Diputados –anoche en Economía no confirmaban su presencia, pero en el Congreso sí– a defender el paquete de leyes que figuran entre las condiciones del Fondo para destrabar el acuerdo. Entre las que se destacan las siguientes: * Ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo para aumentar las tarifas de los servicios públicos.
- Compensación a los bancos por los amparos y la diferencia entre el CVS y el CER.
- Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, incluyendo inmunidad legal para los directores de la entidad en el ejercicio de sus funciones.
- No renovar la suspensión de ejecuciones hipotecarias, que vence en septiembre.
- Vigencia plena del CVS en la indexación de créditos hipotecarios para vivienda única.
- Eliminación de los planes de competitividad, que benefician con exenciones impositivas a diversos sectores industriales y de servicios.