Gracias a que oficialistas y opositores depusieron o minimizaron sus objeciones al proyecto que regula la renegociación de los contratos de servicios privatizados, éste ganaría el aval del Senado a muy corto plazo. De seguir idéntica suerte en Diputados, en las próximas semanas el Gobierno tendría las manos libres para disponer ajustes tarifarios “a cuenta” de las revisiones en curso, sin la restricción de los marcos regulatorios actuales. Si se siguieran los parámetros dispuestos por ellos, “se llegaría a un nivel tarifario más elevado” que el previsto en las actuales negociaciones que lleva a cabo el gobierno con las empresas prestadoras. Así argumentó Julio de Vido en un escrito distribuido ayer oficiosamente entre los senadores de tres comisiones, que en un clima amistoso escucharon la defensa que el ministro de Planificación hizo de la iniciativa oficial.
Los parlamentarios de Legislación General, Infraestructura y Asuntos Municipales recibieron al funcionario en el Salón Eva Perón, dispuestos a preguntar lo estrictamente necesario, incluida la posibilidad de anexar algún artículo sobre la tarifa social. En este punto, los anfitriones resultaron desairados, ya que el ministro explicó que está en el espíritu del Gobierno amparar a los más pobres de un eventual aumento de tarifas, pero rechazó incluir el tema como parte del proyecto debatido. Menos si la idea era un esquema basado en la propuesta de que el Estado resigne el Impuesto al Valor Agregado, tal como sugieren algunos legisladores.
Aun así, el oficialista Carlos Pichetto y el radical Carlos Maestro admitieron que la propuesta legislativa del Gobierno tendrá dictamen a favor. “Es un instrumento adecuado”, juzgó el legislador del PJ. “Firmaremos dictamen y la votaremos en el recinto, aunque con algunas disidencias”, sostuvo el representante de la bancada opositora. Durante el encuentro, no se escuchó la voz del senador de la UCR, Raúl Baglini, hasta hace poco uno de los más encendidos críticos del proyecto oficial que aspira a prorrogar hasta fines del 2004 el período para renegociar integralmente todos los contratos de concesión. Y los tibios cuestionamientos parecieron ceder ante las respuesta de De Vido, cuyos argumentos medulares estaban contenidos en un escrito difundido ayer.
- Artículo 1: prórroga para renegociar. Diciembre del 2004 podría no ser el plazo máximo. Aunque el texto sostiene que la idea es “brindar certidumbre a todos los actores involucrados”, también admite que si en ese lapso no hubiera acuerdo sobre algún contrato, el PEN seguirá negociando “dentro de la vida normal” de las concesiones y licencias.
- Artículo 2: eludir los marcos regulatorios. Sólo podrían revisarse las tarifas pero no el resto de aspectos. Dichas revisiones –añade el texto– deberían someterse a los juicios de los órganos de control y a “rigurosas reglas técnicas que restan flexibilidad propia de toda tarea negociadora”. Los marcos regulatorios, finalmente, “no contemplan variables de ingresos sociales” que sí se tendrían en cuenta en las revisiones actuales. “De seguirse los parámetros para el cálculo tarifario que fueran previstos por los marcos regulatorios se llegaría a un nivel tarifario más elevado” que el de las alternativas consideradas por el PEN.
- Artículo 3: la renegociación puede abarcar “aspectos parciales”. Es uno de los puntos quizá más controvertidos sobre el que el texto incluye menos consideraciones. En un anexo se detallan los temas “no tarifarios” aunque, según admitió el propio ministro de Economía, el precio de los servicios también formará parte de esas posibles enmiendas parciales de los contratos. Las otras podrían contemplar quince puntos, entre los cuales De Vido mencionó expresamente la revisión de los “costos operativos en función de la emergencia”, el régimen de calidad del servicio, los planes de obras, la duración de la concesión, revisión de la carga impositiva a los consumos de electricidad y otros impuestos”.
- Artículo 4: el Congreso tiene 60 días para aprobar o rechazar en bloque un contrato renegociado. El ministro admite explícitamente que estoimpedirá a los legisladores opinar sobre aspectos puntuales del acuerdo que el Ejecutivo haya celebrado con las empresas.
- Artículo 5: las empresas no podrán suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones. Según De Vido, el Estado pretende reafirmar un mandato incluido en la ley de Emergencia, donde se admite que la devaluación y pesificación generaron condiciones “excepcionales”.
Pero esa orden de continuidad depende más del curso de las negociaciones que de estos imperativos legales: si los contratos fueron modificados por disposiciones del Gobierno, los deberes que surgen de él pueden ser relativizados por las prestadoras. De hecho, en el fuero internacional se iniciaron decenas de juicios aduciendo esos cambios unilaterales. Pero ayer, el ministro de confianza de Néstor Kirchner eludió revelar la estrategia para enfrentarlos.