Más que la inauguración misma en la víspera de los tres primeros juzgados en lo penal tributario, lo que en medios profesionales se cree relevante es que exista la decisión política de perseguir a los evasores. De hecho, tanto el menemismo como la Alianza contaron con el arma de la ley penal tributaria, pero ningún gran evasor fue preso en los últimos diez años. Sólo cayeron entre rejas algunos empresarios de poca monta, en parte porque no pudieron pagar los servicios de los más cotizados abogados penalistas. Con un buen patrocinio jurídico no resultaba difícil dilatar las causas hasta su prescripción. Tres años atrás se anunció la creación de tribunales específicos, pero nunca se les asignó el presupuesto necesario para ponerse en marcha. Ahora la AFIP resignó 8 millones de pesos de sus propias partidas para que puedan empezar a funcionar, aunque sea precariamente.
Hasta el momento, los pleitos impositivos se sustanciaban en el fuero penal económico, mezclados con las más diversas cuestiones y en juzgados abarrotados de expedientes, lo que contribuía a la lentitud de los trámites y su ulterior prescripción. En adelante, en cambio, los casos quedarán a cargo de jueces especializados, que, se supone, entenderán del tema, incluyendo cuestiones complejas como la del ajuste por inflación. Contarán, al menos en un principio, con la ventaja de no estar recargados de carpetas porque sólo les derivarán causas nuevas. Se espera, no obstante, que pronto les llueva trabajo porque los 180 allanamientos que efectuó la AFIP semanas atrás irían traduciéndose en otras tantas denuncias penales.
Posteriormente se añadirán juzgados federales de ejecución fiscal, que no irán contra la persona del evasor sino contra su patrimonio para el cobro de las deudas con el erario. Hasta ahora esta función recae en juzgados contencioso-administrativos, que se ocupan de los asuntos más diversos y que, por ejemplo, estuvieron saturados de trámites durante la vigencia del corralito. Ante estos estrados deben recurrir frecuentemente evasores que no son tales, sino meras víctimas de errores de Impositiva al cargar mal los datos. En la generalidad de los casos, el contribuyente se entera cuando se encuentra con que le han embargado la cuenta bancaria, medida que aplica la DGI, vía Banco Central, sin previo aviso para evitar –según argumenta– que el evasor se insolvente.
Como primeros jueces en lo penal tributario, designados en tiempos de Eduardo Duhalde, asumieron ayer Javier López Biscayart, Diego García Berro y María Verónica Straccia. En los respectivos juzgados actuarán como fiscales Claudio Navas Rial, José Barbaccia y Jorge Dahl Rocha. Hernán de Llano será el defensor oficial del fuero. El ministro Gustavo Béliz subrayó en la ceremonia que la lucha contra la evasión es “máxima prioridad” para el gobierno. De hecho, en las proyecciones de recursos tributarios están incorporados los eventuales frutos de la embestida contra el incumplimiento impositivo, mientras en Diputados se debate el proyecto que aplica la figura de asociación ilícita y tiene gravemente preocupados a muchos contadores y abogados que asesoran a empresas.