Entre De Vido y Zannini, Kicillof explicó los mecanismos del pago de la compensación de 5000 millones de dólares.
Imagen: DyN.

El Consejo de Administración de Repsol aprobó el acuerdo definitivo con Argentina por la expropiación del 51 por ciento de YPF. La decisión permite cerrar la prolongada disputa económica, política, legal y diplomática que comenzó hace dos años. Las partes informaron que a modo de compensación se entregará un mix de títulos públicos por un valor nominal de 5000 millones de dólares y se contempla la posibilidad de ampliar el monto por hasta 1000 millones adicionales. Eso sucederá si la cotización de mercado de los bonos el día de la emisión no alcanza los 4670 millones de dólares. Los instrumentos financieros principales son tres: el Bonar X y el Discount 2033, dos papeles que ya existen y se debe ampliar su oferta, y el Bonar 2024, un nuevo título a diez años con una tasa de interés de 8,75 por ciento. Tal cual convinieron en noviembre cuando se encaminó la resolución, Repsol levantará las 31 demandas iniciadas contra Argentina, la petrolera reestatizada y terceros como Chevron. Lo mismo deberán hacer el Gobierno e YPF.

El “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación” será rubricado mañana en Buenos Aires por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y un representante de Repsol. El paso siguiente será enviar un proyecto de ley al Congreso para que ratifique el convenio. Como la compensación no estaba contemplada en el Presupuesto 2014, los legisladores también deberán habilitar la emisión de los bonos. El proceso ya está en marcha pero formalmente resta que la asamblea de accionistas de la petrolera confirme la decisión el próximo 28 de marzo.

La buena nueva fue precisada por Repsol y el Gobierno en sendos comunicados. En el Palacio de Hacienda, Kicillof explicó los mecanismos del pago. Lo hizo acompañado por el titular de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Además participaron (casi) todos los gobernadores integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Desde Madrid, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, también se mostró satisfecho con el acuerdo (los españoles conservan el 12 por ciento de YPF).

La Ley de Soberanía Hidrocarburífera que habilitó la recuperación del control de YPF estipulaba una compensación por la expropiación. En Economía consideran que el mecanismo extraordinario acordado con Repsol permitió evitar un desembolso en efectivo como dispone la Ley de Expropiaciones, que incluso permite a Repsol cobrar y seguir demandando si no está de acuerdo. Desde Economía reconocen que “recuperar el control de un activo estratégico no fue gratis” pero destacan que se emiten bonos con vencimiento hasta 2033 para hacerlo. Desde esa visión, los 5000 millones de dólares en bonos siguen siendo una cifra relevante pero se relativizan si se los compara con “los 2500 millones de dividendos girados en 2010 y 2011, la posibilidad de duplicar la inversión de la compañía o el ahorro en la importación de GNL por la mejora en la producción”. En el equipo de Kicillof también ponderaron las condiciones financieras del nuevo bono que será entregado: “Un país que supuestamente tiene vedado el acceso al mercado financiero emitirá un bono con plazo de 10 años y una tasa de 8,75 por ciento”, indicaron.

“Se logró cerrar el ciclo de expropiación rápidamente. Hay muchas compañías que estaban dispuestas a venir al país y otras mostraban más reticencia, el cierre del acuerdo muestra un panorama más positivo”, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, ante la consulta de Página/12 al finalizar la conferencia de Kicillof. Además de facilitar futuros, se benefician los ya firmados: entre las demandas que deberá desistir Repsol figura la iniciada a Chevron en Nueva York. De ahora en adelante, en caso de diferendos, las partes se someterán a Uncitral, el tribunal arbitral dependiente de Naciones Unidas.

Mecanismo de pago

El proyecto de ley que será enviado al Congreso habilitará a emitir una cartera de títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares y autoriza una posible “emisión complementaria” por otros 1000 millones. La primera cartera está compuesta por tres bonos: 3250 millones en el nuevo Bonar 2024 con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75 por ciento de vencimientos semestrales; 500 millones de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7 por ciento; y 1250 millones del título Discount 2033 e intereses del 8,28 por ciento. En el caso particular del Bonar 2024, como se trata de un papel que no tiene mercado para liquidarse, el Estado garantizará los tres primeros pagos de intereses por 150 millones de dólares cada uno a través de un depósito equivalente en el Banco Nación. Por su parte, la cartera de bonos adicionales estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con un interés del 7 por ciento y vencimiento en 2015 (uno de los títulos con más liquidez); hasta 300 millones de Bonar X; y hasta 300 millones de nuevo título Boden 2024.

La utilización, parcial o total, del paquete adicional se gatillará una única vez si, al momento de realizar el pago, el valor de mercado del combo inicial es inferior a 4670 millones de dólares. El mecanismo no es complejo pero su comprensión requiere paciencia: el Gobierno imprime títulos por un valor nominal de 5000 millones de dólares, pero si en el mercado la cotización promedio de esos papeles durante los 90 días previos es menor a 4670 millones de dólares (algo probable) se deberán entregar bonos adicionales de la cartera contingente con un tope de 1000 millones de dólares. Las estimaciones se realizarán previo a la entrega de los papeles y para eso las partes ya acordaron un mecanismo de valuación. Por ejemplo, si el valor de los bonos al momento de emitirlos es 4000 millones de dólares se deberán dar en simultáneo títulos del segundo grupo con un precio de mercado de 670 millones de dólares (respetando el tope de 1000 millones de dólares a valor nominal).

La deuda de 5000 millones se considerará saldada a medida que se vaya produciendo su cobro regular a su respectivo vencimiento o por la venta de los bonos a terceros que realice Repsol. Si espera a 2033 la petrolera recibirá por sus acreencias más de 5000 millones ya que incorporaría los intereses. “En caso de que los cobros alcanzaran los 5000 millones, Repsol debe devolver al Gobierno el resto de los bonos porque el convenio reconoce el pago con determinado valor de mercado, pero también se garantiza que el expropiado no va a cobrar más que lo que marca la tasación de la compañía”, indicó Kicillof. Una cláusula del acuerdo le otorga al país “derecho de acompañamiento”. Cuando los españoles decidan vender en el mercado un bloque de bonos deberá permitir que Argentina le compre en las mismas condiciones un monto equivalente. Así es posible amortiguar, mas no neutralizar, el impacto de una venta que se realice a precio muy bajo ya que el Gobierno podría retirar del mercado a bajo costo una porción de la deuda emitida.