No fueron directivos de las empresas privatizadas. Tampoco fueron representantes de los usuarios y ni siquiera algún sector político de oposición los que agitaron las aguas en el espinoso tema de las tarifas públicas y su eventual ajuste. Fue un cruce de opiniones entre funcionarios de primer nivel del Gobierno el que volvió a atraer la atención sobre el tema. El martes a la noche, el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, anunció –ante un auditorio compuesto por grandes empresarios– que en un plazo de 90 días se resolvería una suba en las tarifas de gas y electricidad. Ayer, el vocero del presidente Néstor Kirchner salió a desmentirlo públicamente. “Es su opinión personal, porque es un tema que no se ha tratado en el Gobierno”, informó Miguel Núñez. “Lo que tiene que quedar en claro es que no se ha pactado un aumento de tarifas: creo que no hay que confundir a la gente”, agregó el vocero.
Buscando conformar a la audiencia, Scioli había asegurado en Tucumán durante la clausura del Precoloquio de IDEA que “las subas del gas y la electricidad van a venir, porque necesitamos inversión para que haya más energía”, aunque advirtiendo que iban a quedar al margen del ajuste los consumidores de menores recursos. En respuesta, Núñez se manifestó sorprendido “al ver que hoy se hable de un aumento dentro de 90 días; son comentarios que se hacen”. Y en referencia al encuentro del martes último en Olivos entre el presidente Kirchner y su equipo económico, informó que “se habló de la renegociación con las empresas de servicios, negociación en la que también nos ocupamos de la seguridad del usuario y de pensar en qué pasa con el bolsillo de la gente”.
Núñez recordó ayer que las disidencias son admitidas dentro del Gobierno por el Presidente, “porque no quiere un gabinete de tontos sino que piensen”, pero algunas expresiones parecieran un exceso de picardía. “Las declaraciones de Scioli no son para nada oportunas, máxime si las formula en un escenario como el de IDEA, donde está representado el conjunto de las empresas privatizadas”, comentó Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa de la Competencia, a este diario. “Además, las hace en el marco de las negociaciones con el FMI, lo que de por sí ya genera todo un clima de presión de parte de las empresas (por tarifas) y los bancos (por compensaciones a la pesificación de los créditos)”. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, condimentó la compleja discusión señalando que “en Argentina todos sabemos que hay que resolver el tema de las tarifas; la discusión es cómo se resuelve, si a la vieja usanza, trasladando el peso de la mayor tarifa al consumidor, o buscando alternativas”, como la segmentación de los incrementos según la capacidad de pago de los usuarios.
Ante las controversias generadas con sus declaraciones, el propio Scioli intentó ayer bajarle el tono a la discusión evitando hablar de plazos. Pero insistió en que habrá aumentos, aunque “van a ser distintos a los tradicionales y no van a ser para todos igual: se habla de una segmentación”. Luego agregó que “los problemas solos no desaparecen, en algún momento hay que solucionarlos”, aunque consideró que “no se viene un aumento masivo más, como aquellos que nos hacían temblar cuando llegaban junto con otros anuncios económicos”.
El debate en torno de las tarifas viene levantando temperatura desde la semana pasada, pero bajo el impulso del propio gobierno. El miércoles anterior, ante un apagón que afectó a buena parte de la Capital, el presidente Kirchner se apresuró en advertir ante la opinión pública que esperaba que la caída de las torres de transmisión no constituyeran una forma de presión de las empresas concesionarias. En el mismo sentido, 48 horas después, el ministro de Planificación señalaba que no había razones para que el país sufriera problemas de oferta eléctrica, en respuesta a la advertencia empresaria de que sin aumento de tarifas se resentiría elparque de generación. “Si hay un apagón, será porque alguien bajó la palanca”, exclamó De Vido el viernes último.
Ayer, desde despachos oficiales se informó que el robo de perfiles de las torres de Edesur había sido denunciado ante las fuerzas de seguridad en junio pasado. Incluso, algunos de los autores del robo resultaron detenidos. “La empresa tuvo tiempo suficiente de reponerlos y no lo hizo”, precisó ayer Vaca Narvaja. Por otra parte, Planificación instruyó ayer al Enargas a postergar por 90 días la audiencia pública que debía resolver sobre los ajustes estacionales en el precio del gas, congelando así las tarifas por ese mismo período.