La Corte Suprema de Estados Unidos revisó un fallo de segunda instancia que favorecía al Estado argentino en una demanda iniciada por la empresa energética British Gas. El máximo tribunal estadounidense revirtió la decisión de la Corte de Apelaciones de Washington que rechazaba la competencia de los tribunales de ese país en el arbitraje de la disputa. La compañía británica, ex controlante de Metrogas, reclama 185 millones de dólares por la pesificación de los contratos en 2001 y el congelamiento de tarifas. A finales de 2012, British Gas le vendió a YPF su participación en la empresa distribuidora de gas en Capital Federal y once partidos del conurbano con dos millones de usuarios, pero continuó reclamando en la Justicia norteamericana. Los magistrados discutieron el caso en diciembre y ayer difundieron su decisión. Desde el Ministerio de Economía advierten que la revisión del fallo no representa un revés definitivo en el litigio ya que todavía restan instancias de apelación y revisión.

La demanda de British Gas, ex controlante de Metrogas, contra Argentina comenzó en 2001. A diferencia de la mayoría de las empresas extranjeras prestadoras de servicios privatizados que iniciaron demandas contra el país en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, la firma británica optó por recurrir a Uncitar, una Corte de las Naciones Unidas. En 2007, la energética obtuvo un fallo favorable en primera instancia indicando que Argentina debía pagar una indemnización por 185 millones de dólares. El Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones de Washington y en 2012 el panel de jueces revisó el fallo inicial. El tribunal de alzada de la capital norteamericana afirmó entonces que, de acuerdo con los términos del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Inglaterra y Argentina, “los problemas legales deben tratarse primero en el país que recibe la inversión”. De esta manera, la Justicia norteamericana reconoció la jurisdicción local para desarrollar este tipo de litigios. “De acuerdo con el tratado bilateral de inversiones argentino-británico, las disputas deben ventilarse, en una primera instancia, en los tribunales del país demandado y esperar, luego, 18 meses antes de llevar el caso a una Corte arbitral”, indicaba el fallo de segunda instancia. La compañía británica había obviado estos pasos legales.

Ayer la Corte Suprema rechazó la interpretación de la Cámara de Apelaciones de Washington. Desde la visión de la mayoría de los jueces, el TBI entre Argentina y el Reino Unido no establece que los tribunales argentinos sean un requerimiento y prohíban recurrir a otras cortes. Para los siete jueces que apoyaron el pedido de revisión (writ a certioriari) de la decisión de segunda instancia presentado por British Gas, un TBI debe ser considerado como un contrato entre privados. El gobierno argentino entiende que todavía posee herramientas dentro del mismo caso para volver a apelar en segunda instancia.

El 70 por ciento de Metrogas pertenecía al Consorcio Gas Argentino Sociedad Anónima (GASA). De ese total, el 54,67 por ciento correspondía al grupo británico BG Group y el restante 45,33 estaba en manos de Repsol-YPF (un 20 por ciento cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York y un 10 por ciento en poder de los trabajadores). En noviembre de 2012, la estatizada YPF se convirtió en el accionista mayoritario de la distribuidora al adquirir la participación de British Gas. A esa participación controlante hay que sumarle el 8 por ciento de Metrogas que posee el Estado a través de la Anses. La empresa GASA está en concurso preventivo desde 2009 y Metrogas lo hizo un año después.