“Definitivamente, no está previsto un aumento de tarifas”, dijo ayer en la Casa de Gobierno el ministro de Planificación, Julio De Vido, pretendiendo dar por cerrado el debate abierto en el seno del Poder Ejecutivo. Casi con los mismos protagonistas, continuó ayer el cruce de opiniones entre funcionarios de alto rango. Alberto Fernández, jefe de Gabinete, señaló que las declaraciones de Daniel Scioli del martes anunciando un aumento de tarifas en 90 días habían tenido carácter “personal” y que “no reflejan la opinión” del Gobierno ni del Presidente de la Nación. El vicepresidente, a su vez, eludió ayer hacer referencia a plazos, pero insistió en que “la cuestión de las tarifas es algo que en algún momento hay que resolver”. En tanto, en el ámbito de la Secretaría de Energía ya miden como probable fecha para un aumento segmentado en la electricidad y el gas, febrero o marzo del año próximo.
Alberto Fernández intentó relativizar las diferencias con Scioli, aunque sin dejar de remarcar que los dichos del vice estaban alejados de la postura de Néstor Kirchner. “El vicepresidente hizo declaraciones personales que no reflejan la opinión del Presidente ni la de sus ministros”, sostuvo el jefe de Gabinete. Por otra parte, aunque de un modo indirecto, vinculó la posición de Scioli con las presiones que empieza a sufrir el Gobierno de parte de las empresas prestatarias de los servicios públicos. “Obviamente que las empresas están haciendo todo lo necesario para instalar la idea del retraso tarifario y de la mala situación que tienen”, destacó, puntualizando que hay presiones de las empresas para que los medios difundan que el ajuste de tarifas es un tema fundamental para el Fondo Monetario. “Aquellos que estamos en la discusión con el Fondo sabemos perfectamente que el tema tarifas no es una cuestión importante para ellos”, subrayó, antes de advertir que “el tema de las tarifas es delicado (...); cuando eventualmente se trate, es interés del Gobierno que no se resuelva como se hizo históricamente en Argentina, cargando el peso sobre el consumidor final”.
“Definitivamente no están previstos aumentos de tarifas, lo que está previsto es la renegociación” de los contratos, respondió De Vido en la Casa de Gobierno. Repitió además que “no hay plazos” para determinar si se producirá o no un aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados. El titular de Planificación e Inversión Pública busca preservar el poder de negociación de la Unidad Renegociadora, cuya conducción compartirá con Roberto Lavagna una vez que el Congreso apruebe la ley que dispone su creación y habilita la renegociación con las contratistas. De alguna manera, las declaraciones de Scioli vienen a mellar dicho poder.
El vicepresidente formuló las declaraciones en favor de la postura empresaria justamente en el Precoloquio de IDEA, en Tucumán, donde estaban reunidos los mayores representantes del capital contratista. Esos dichos se produjeron apenas un par de días hábiles después de que De Vido lanzara una dura advertencia desde Corrientes a quienes especularan con una interrupción de servicios por falta de ajuste de tarifas.
Unos y otros, concesionarios y funcionarios, buscan fortalecer posiciones con vistas a una futura negociación. Desde las filas de Energía ya le elevaron a De Vido una propuesta de ajuste en las tarifas eléctricas, que contempla un aumento medio del 8 por ciento para los usuarios residenciales y comerciales, excluyendo a los hogares de bajos ingresos que representarían entre el 30 y el 40 por ciento de la nómina. Un esquema similar se aplicaría al suministro de gas por redes, contemplándose una suba superior para los clientes industriales cuyos productos tienen como salida principal la exportación. El esquema ya fue aprobado por Lavagna. De Vido lo tiene a estudio. La posición oficial, sin embargo, no se daría a conocer hasta que se avance en los primeros pasos de la revisión de los contratos y, convenientemente, quede atrás el calendario electoral. Ello llevaría la aplicación del nuevo esquema tarifario a febrero o marzo de 2004, estiman cerca de Daniel Cameron, secretario de Energía.