El paraguas que cubre a los deudores hipotecarios con riesgo de ejecución se cerrará el próximo 2 de septiembre. Ese día vence la última prórroga a la suspensión de las ejecuciones y no habrá otra postergación. Roberto Lavagna lo acordó anteayer con la bancada justicialista de la Cámara de Diputados. El ministro señaló que los deudores que se anotaron hasta el momento en el registro del Banco Nación son 1692, por un pasivo total “poco significativo”, según su definición. “Es un problema manejable”, agregó, ante la consulta de los legisladores. Una de las salidas que estudia el Ministerio de Economía es que el Banco Nación absorba los créditos irregulares y renegocie caso por caso, concediendo a los deudores nuevos créditos a largo plazo y con tasa subsidiada.
El esquema abarcaría a todos los inscriptos en aquel registro, ya sea que hayan tomado un préstamo en el sistema bancario o en escribanías. En este último caso, la AFIP haría una verificación previa del cumplimiento impositivo de los acreedores. El Nación, por su parte, negociaría el plazo y las condiciones de pago. “No se justifica dar una nueva prórroga por la cantidad de casos que presentan problemas”, coincidió uno de los diputados que participó del encuentro de anteayer con Lavagna. Este diario consultó a varios legisladores oficialistas, quienes señalaron en todos los casos que no habrá más restricciones a las ejecuciones, aunque advirtieron que primero Lavagna deberá informarles el monto exacto del rescate y cuál es la solución para los deudores con riesgo de perder la vivienda.
En su pedido para que no haya más prórrogas, el jefe de Economía reconoció que la cuestión es importante para alcanzar un acuerdo con el FMI. El organismo ya lo había puesto como condición para firmar el convenio vigente, en enero pasado, pero el Congreso dispuso otra suspensión en mayo, que el gobierno de Néstor Kirchner avaló, pese a las presiones para que vetara esa ley. Lavagna tuvo que pedir un waiver al organismo para que disculpara el incumplimiento, finalmente concedido. Sin embargo, en el marco de la nueva negociación, el ministro sostuvo que sería un obstáculo al acuerdo que el Congreso insistiera con esa posición.
Un punto discordante es que el registro para morosos en el Nación cierra el 9 de septiembre, una semana después de que quedarían rehabilitadas las ejecuciones. Las asociaciones que reúnen a los deudores reclaman incluso que se estire el plazo de inscripción. Rosa Morales, de Madres por la Vivienda, comentó que “alguna gente no ha ido a inscribirse por falta de información. Se le requiere la escritura de la hipoteca y algunas personas no tienen el contrato en sus manos y deben recurrir a un trámite judicial que demora mucho”. “Son los acreedores (de escribanías) los que tienen que blanquear la situación –agregó–, porque nosotros no tenemos capacidad de hacerlo.”
El Gobierno difícilmente vaya a estirar los plazos, y dedicará estas semanas a cerrar la operatoria de rescate a través del Banco Nación.