Los empresarios del sector automotor asistieron ayer al encuentro con los funcionarios del Gobierno con el objetivo de conseguir una rebaja en el impuesto a los bienes de lujo, pero se volvieron con un llamado de atención y tarea para el hogar. Los representantes de la cadena automotriz reclamaron que el gravamen sobre las unidades de alta gama redujo las ventas, situación que comenzó a sentirse en las terminales, que suspendieron turnos de trabajo. Desde el equipo económico contestaron que el ajuste de precios que aplicaron las terminales y concesionarios fue superior al impacto del impuesto y la devaluación de principios de año. Las partes acordaron volverse a encontrar, pero los empresarios de la industria automotriz deberán presentar la estructura de precios en función de avanzar en un acuerdo que permita la recuperación del sector. También hubo una reunión con la cadena de motovehículos, donde hubo acuerdo en “el escaso impacto del impuesto”. Por el momento, no habría modificaciones del tributo.

La reunión comenzó a las 11 y se extendió por espacio de dos horas. Se llevó a cabo en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda, con la presencia de los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Comercio, Augusto Costa. Del sector empresario, participó el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y de Ford, Enrique Alemañy; su vice, Isela Constantini (General Motors); Cristiano Rattazzi (FIAT); el director ejecutivo Fernando Rodríguez Canedo, y por los concesionarios (Acara), Abel Bomrad, junto a otros ejecutivos. Desde el sector empresario sostienen que el impuesto, del 35 por ciento para los autos de entre 170.000 y 210.000 pesos y de 50 por ciento para los que superan ese valor, afectó las ventas, debido a que ese gravamen, sumado a la devaluación, se tradujo en aumentos de hasta el ciento por ciento en el caso de los modelos más caros.

Según Acara, los patentamientos durante el mes pasado retrocedieron 19,1 por ciento en términos interanuales. Desde el Gobierno se mantuvieron firmes en la posición de que las subas fueron injustificadas, ya que abarcaron a modelos no alcanzados por el impuesto. “En la reunión, los empresarios del sector reconocieron la baja incidencia que el impuesto interno aplicado sobre los vehículos tiene sobre las unidades de producción nacional. El impuesto sólo alcanza a 4,1 por ciento de las ventas de automóviles de producción local (excluyendo pick ups, camiones y utilitarios)” y, a su vez, al “9,7 por ciento del total de ventas en el mercado interno, incluyendo importados”, según un comunicado del Palacio de Hacienda. Los funcionarios recriminaron a los fabricantes de autos haber realizado una campaña mediática para instalar que el impuesto iba a reducirse, lo que motivó que los posibles compradores postergasen la compra.

Los empresarios sostuvieron que la devaluación del peso también complicó la situación por el impacto en el precio de las unidades y de las autopartes importadas. La respuesta oficial es que, por el momento, no habrá baja del impuesto. En cambio, exigieron a los ejecutivos de las compañías locales que “presenten su estructura de costos detallada” que, eventualmente, permitiría que se analice una baja en el tributo. “Con respecto al impuesto interno, de acuerdo con lo informado por las autoridades, en la actualidad no habrá modificaciones”, comunicó Adefa.

El impuesto también abarca a motovehículos de alta gama. Sin embargo, la situación en el sector de dos ruedas es distinto. Desde la Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos), tras la reunión con Costa y Giorgi, explicaron que el impuesto “no es algo que sea causal de las actuales dificultades que están teniendo las concesionarias”. Por el contrario, la crítica de las concesionarias se focalizó en “el incremento de precios de las fábricas y terminales”. “Este ha sido claramente el factor preponderante que desestabilizó el mercado”, detallaron desde el segmento de comercialización.