“Se nos atacó como Estado y como país. Se dijo que violentábamos la propiedad privada y que estábamos confiscando una empresa. Cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario. Lo que está en juego no es sólo un paquete de bonos con los que se pagará una indemnización a Repsol, sino el fin de un proceso y el comienzo de una nueva etapa para YPF.” Con estas palabras, el ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió ante el plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado el acuerdo rubricado entre el Estado argentino y la española Repsol para saldar la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera. Según manifestó el funcionario, a partir de la recuperación de la compañía el Estado ya se ahorró 1200 millones de dólares en la importación de gas, como consecuencia de los incrementos en la producción y otros 2000 millones por los dividendos que dejaron de enviarse a España. Para el Tribunal de Tasación de la Nación, que ayer estuvo representado por Daniel Martín, titular de la sala ad hoc creada para analizar el caso de YPF, la compañía fue valuada en 9657 millones de dólares, dato que permitió negociar el valor indemnizatorio en 5000 millones de dólares, a pagar en bonos y no en efectivo, como exige la ley de expropiación.

Kicillof estuvo acompañado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y por el titular de YPF, Miguel Galuccio. Zannini se quebró al relatar la historia de un trabajador “ypefiano” que conservó las acciones que la empresa le dio luego de su privatización y que ahora forma parte del directorio, en representación de la provincia de Santa Cruz (ver aparte). El debate parlamentario continuará el próximo martes y la sesión para su aprobación llegaría el 26 de marzo.

“Conseguimos cerrar un círculo iniciado cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de mandar el proyecto de expropiación al Congreso. Pagar a 30 años no es lo mismo que pagar hoy”, sostuvo el ministro de Economía, quien destacó la labor del Tribunal de Tasación. Durante su intervención, Zannini explicó que el trabajo de dicho cuerpo se había mantenido en secreto porque ya estaban avanzadas las negociaciones con Repsol, para evitar que el pago indemnizatorio fuera como fija la ley de expropiación, sino a través de la emisión de títulos públicos a largo plazo.

Las negociaciones comenzaron en diciembre de 2012 y se intensificaron en diciembre del año pasado. El acuerdo con Repsol fue rubricado recién el 27 de febrero. Si bien la oposición cuestionó que no pudo ver previamente el dictamen del Tribunal de Tasación, la información difundida ayer durante el debate parlamentario fue central para comprender el porqué de un acuerdo que representará un pago de 5000 millones de dólares, a través de tres bonos: Bonar 24 por una suma de 3250 millones de dólares a una tasa del 8,75 por ciento; el Bonar 10, que vence en 2017, por 500 millones y el Discount 33, por 1250 millones con una tasa de interés de 8,28 por ciento. El Tribunal estimó el valor de los distintos pozos en producción en 4847 millones de dólares, las refinerías en 2583 millones y las plantas, en 746 millones. Para calcular el precio de la compañía, se tomó en cuenta la cantidad de pozos en producción de crudo convencional, las reservas probadas y los pozos ya desarrollados en shale. En total, YPF fue valuada en 9657 millones de dólares, mientras que YPF Gas fue valuada en 128,3 millones. A esto hay que agregarle una tasa de interés del 0,61 por ciento, que equivale a un poco más de 56 millones de dólares. El 51 por ciento de estos valores arrojó para el Tribunal un total indemnizatorio de 5049 millones de dólares.

“El pueblo argentino y cinco gobiernos futuros van a terminar pagando 13.700 millones de dólares. Estamos cansados de los debates express”, lanzó Fernando “Pino” Solanas, con su clásico tono elevado, casi a los gritos. “No sé de dónde saca esos números, pero bajo ningún escenario da 13.000 millones”, le respondió Kicillof. Solanas llegó tarde al debate y en el momento en que el ministro de Economía le respondió su inquietud, había salido del recinto, como hizo durante la mayor parte del encuentro. El ex legislador Claudio Lozano también hizo circular un documento en el que sostiene que el Gobierno pagará casi 12.000 millones por la compañía. “Nosotros estamos de acuerdo con pagarle a Repsol. Y el desempeño de YPF no lo vemos mal, lo vemos bien. Pero hasta acá creemos que estamos pagando un precio excesivo y Brufau está tirando manteca al techo”, ironizó el radical Gerardo Morales. Lo concreto es que Brufau había anunciado ante sus acreedores que reclamaría por YPF 18.000 millones de dólares. Luego, en el inicio de la demanda ante el Ciadi, reclamó 10.000 millones de dólares en efectivo. Ahora el pago será en bonos por 5000 millones, a 20 años. Además, Repsol deberá renunciar a las 31 demandas judiciales iniciadas.

Como parte de la valuación de la compañía, el Tribunal dejó afuera de la cotización las llamadas “Contingencias”, por un total de 307 millones de dólares, que incluyeron los pasivos ambientales, los taponamientos de los pozos y las erogaciones por juicios. También quedaron afuera gasoductos que estaban en malas condiciones, calculados en 1000 millones de dólares, tal como se había denunciado en el Informe Mosconi. Todas estas contingencias no habían sido calculadas por Repsol. “Hemos llegado a un escenario tremendamente más favorable, beneficioso, por donde se lo mire. Que sea beneficioso no significa que hemos vencido o ganado desde nuestro criterio, sino desde el punto de vista de nuestro país y nuestro pueblo”, sostuvo Kicillof.

Entre 1997 y 2011, la producción de petróleo de YPF cayó un 44 por ciento y la de gas, un 55 por ciento. Las reservas de crudo y gas cayeron más del 50 por ciento. “Era una empresa que se estaba muriendo”, sostuvo Kicillof. Tras su recuperación, la producción de petróleo creció un 6,9 por ciento en el último trimestre de 2013 en comparación con el mismo período de 2012 y un 10,2 por ciento en gas.

El acuerdo debe estar aprobado antes del 1º de mayo. El 26 de este mes será votado en la Cámara alta y durante abril será analizado en Diputados. Con este proceso parlamentario se pondrá fin a la etapa de privatización y extranjerización de la compañía incluido el fallido paso del Grupo Eskenazi, para empezar a consolidar el rumbo de una de las empresas insignias de la Argentina.

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