Fue una nota publicada por este diario el 3 de enero de 2000 la que, 43 meses después, determinó la detención de María Julia Alsogaray. Aquel artículo reflejó una investigación que condujera Alejandro Peyrou, como responsable de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación, detectando contrataciones a dedo, intencionalmente desdobladas, y alevosos sobreprecios en la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, en relación al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia). Insólitamente, sin embargo, aquella pesquisa nunca superó la categoría de preinforme, según explicó Página/12 en artículos posteriores y confirmó ahora a este medio Mario Fadel, miembro del Colegio de Auditores Generales. No resulta fácil para el extraño desentrañar la verdad de lo sucedido, porque este caso parece encuadrado en un procedimiento habitual de la burocracia que alguien denominó “cajoneo dinámico”: papeles que van y vienen, actuaciones, pases y remisiones que abultan biblioratos y concluyen en nada. Esta vez, sin embargo, y quizás azuzado por el rugir del huracán Kirchner, el juez Rodolfo Canicoba Corral apresó a la señora de marras y al ex estilista Ricardo Kaplan, que había dejado peine y tijera por la plumafuente, acusándolos por un affaire que, en verdad, es sólo un botón de muestra de la clamorosa corrupción menemista. Pero, como sucedió con Al Capone, no son necesariamente las grandes fechorías las que dan por tierra con la impunidad del malhechor.
Kaplan fue, en su sorprendente calidad de subsecretario de Relaciones Institucionales, quien habilitó el fideicomiso en el Banco Ciudad, al que fueron transferidos creativamente 5 millones de dólares provenientes de un préstamo de 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo destinado a fines ecológicos, complementado con fondos del Tesoro Nacional. No se tiene noticia de que la institución presidida por el uruguayo Enrique Iglesias haya reaccionado contra tanta irregularidad y desvirtuación. El propio Kaplan, junto con algún otro funcionario que tenía la firma registrada en el banco, emitía las órdenes de pago sin acompañar documentación alguna. Ni falta que hacía. Según fuentes actuales de la AGN que siguieron de cerca la cuestión, el Ciudad actuaba como simple cajero. Lo de fideicomiso era un nombre ampuloso, que servía al propósito de manejar esa plata por fuera de todo control presupuestario. Esta práctica sigue siendo habitual.
En realidad, el organismo conducido por María Julio rebosaba fideicomisos establecidos en el Banco Ciudad, incluso en tiempos en que éste estaba en manos radicales, cuando Fernando de la Rúa era burgomaestre. Uno de esos convenios, relacionado con los recursos hídricos, fue suscripto en nombre de la Secretaría por Mabel Behal, estrecha colaboradora de la Alsogaray y que tiempo después protagonizaría una causa por la presunta sustracción de una niña, proceso que involucró a la diputada Norma Ancarani de Godoy. A propósito del líquido elemento, otra nota de Página/12, publicada el 1° de octubre de 1999, ha derivado en la reciente detención de Mario De Marco Naón, quien dirigiera el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, dependiente de la órbita de María Julia.
En el edificio de la Secretaría, en la calle San Martín, había una pequeña oficina cuyo rótulo sólo decía “Contabilidad”, con dos hacendosos funcionarios dentro. Allí funcionaba, según supone un actual asesor de la AGN que pidió no ser identificado, una teneduría de libros paralela, que llevaba cuenta de la plata que se pagaba a proveedores y contratistas, con destacada participación de Santiago Bignoli, personaje ligado de un modo muy personal a la hija del capitán ingeniero y era director general de Coordinación de Proyectos. Según las fuentes, cuando se requirió la pertinente información, en diciembre de 1999, la respuesta fue que se había perdido porque un virus informático destruyó los archivos. Son cosas que pasan incluso en la más eficiente economía social de mercado.
Sucesor de María Julia, pero bajo el gallardo pabellón aliancista, fue el neuquino Oscar Ermelindo Massei, cuyo segundo nombre resultó too much para las neuronas del aparato estatal argentino. En el expediente que engordó el escándalo del Prodia, y tal como relató este diario el 15 de octubre de 2002, el Ermelindo se convirtió en Hermelindo primero y en Ermenegildo después, todo ello santificado con los más solemnes sellos. Otra demostración de alto nivel técnico puede hallarse en el supuesto sobreprecio de 444 por ciento que se pagó por la construcción de un excusado en la Secretaría, cuando el porcentaje correcto del abuso era de 344, que tampoco parece poca cosa, porque lo que valía $ 22.313 se pagó 99.100 pesos. El error aritmético nació en la Auditoría y transitó airoso por la Secretaría bajo la gestión Massei, la Oficina Anticorrupción y los despachos de los jueces Juan José Galeano y Rodolfo Canicoba Corral, a pesar de que la nota de este diario lo enmendaba. Estos últimos días, la prensa recogió masivamente el dato erróneo, que prosigue su marcha imperturbable.
Mientras algunos enconados imaginan para María Julia una reclusión insular, tipo Alcatraz o Isla de los Estados, hay quien sugiere una ínsula artificial en medio del Riachuelo que ella prometió sanear, dado que la aeroísla por la que tanto bregó su padre no fue construida en el Río de la Plata. Entretanto, la revisión del derrotero que siguió el caso ilustra sobre los laberintos del sector público. El informe, realizado por diez técnicos, fue concluido en octubre de 1999, un mes después de que el Prodia feneciese, y remitido en vista a la Secretaría medioambiental, pero María Julia no llegó a efectuar su descargo. En diciembre se lo envió por segunda vez y, como en lugar de la Alsogaray estaba instalado Massei en lo que era ya la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, en lugar de un descargo volvió a la AGN con un recargo.
Los agregados consistieron en la irregularidad del fideicomiso y de los contratos. Pero esto, que a primera vista comprometía más aún a la Alsogaray, en la práctica dispersó el tema. En este punto, las lecturas comienzan a diverger absolutamente, aunque el hecho de que en ese momento se hiciera cargo de la AGN nada menos que el menemista Rodolfo Barra, en nombre de la oposición (a la que siempre le corresponde la comandancia de este organismo parlamentario), suscita la sospecha de que existió el objetivo de frenar la investigación. Otra interpretación sostiene que, necesariamente, el informe de Peyrou –quien, entretanto, asumía como diputado por el Frepaso– había logrado hallazgos valederos, pero diferentes del propósito encomendado.
Los sobreprecios y el desdoblamiento de contratos para eludir la licitación (ésta debe efectuarse cuando el monto supera los cien mil pesos) eran cuestiones que debía auditar otro área de la AGN porque el tema trascendía el tema ambiental. El asunto fue así a parar a Deuda Pública, ya que el Prodia tenía financiación externa, pero cuando esa división pidió los antecedentes, Massei ya se los había entregado a Canicoba Corral, a cuyas manos había llegado la denuncia a través de la Oficina Anticorrupción, conducida por José Massoni. Así, al empezar a correr el tiempo sin trascender novedad alguna, se tuvo la impresión de que, una vez más, todo el esfuerzo había sido inútil. Fue para atizar los rescoldos que el diputado José Vitar requirió en julio de 2002 a la Auditoría, encabezada ya por Leandro Despouy, y citando la nota original de Página/12, que le informara qué había sido de la carpeta.
El Prodia había nacido en 1994 con mal pie. Luis María Castelo, quien ejerció como coordinador del Programa hasta mediados de 1996, fue despedido entonces por denunciar hedores a corrupción en el manejo de los fondos. Los estados financieros venían firmados por Kaplan y el ingeniero Mario Maini, posteriormente fallecido. A cargo de la Unidad Ejecutora, que es el cuerpo que maneja todo proyecto que cuente con financiación externa, quedaría otro ingeniero, Raúl Castellini. Pero María Julia, si bien no era quien conducía la UE ni suscribía las órdenes de pago impartidas al Ciudad, firmaba sí los expedientes que aprobaban cada contrato y las resoluciones que disponían a quién y cuánto debía abonarse, lo cual la coloca en el centro del affaire.
Cuando dejó la Secretaría, las deudas devengadas y aún impagas eran de no más de 120 mil pesos, según informó a sus sucesores, pero éstos comprobaron prontamente que ascendían a 2,5 millones. La señora no se fijaba en gastos.