“Fue el caso más importante que me tocó ver”, dice Martín Redrado, actual secretario de Relaciones Económicas Internacionales, en referencia al Grupo Macri y la emisión de acciones de Sevel en 1992, que desembocó en una severa sanción de la Comisión Nacional de Valores en 2001. La “manipulación” –tal el término utilizado por el organismo– fue cometida, según la resolución, mediante 54,8 millones de dólares provenientes de una cuenta de Mauricio Macri en la Banca della Svizzera Italiana. Redrado, quien condujo el organismo rector del mercado de capitales hasta que Domingo Cavallo forzó su salida en abril de 1994, niega haber apañado en este asunto a los Macri, sosteniendo en cambio que ordenó abrir una investigación de inmediato ante las denuncias de fraude recibidas por la CNV. El actual vicecanciller reaccionó así ante la nota publicada por Página/12 el pasado sábado 9, en la que se consigna que la Comisión recién abrió un sumario al Grupo Macri y lo denunció penalmente en 1997, casi al filo de la presunta prescripción.
En referencia a un lanzamiento accionario con el que –según dictaminó la Comisión dos años atrás– se infligió al público un perjuicio de 33,6 millones de pesos/dólares, Redrado sostiene que “el directorio de la CNV (por él presidido) encontró sospechosa la intervención en esa licitación de un importante oferente como B. M. International and Trust Co.”, cuya oferta “hizo elevar el precio de corte de las acciones de $ 1,58 a 2,00 pesos”. Redrado afirma que “ante la presunción de una intervención no real del oferente B. M.” ordenó una serie de acciones, comenzando por la apertura de un expediente (el 711/92).
En esencia, lo que se sospechaba era que los Macri y su familiar y socio Jorge Blanco Villegas habían urdido una autooferta de compra de una significativa porción de las acciones que estaba emitiendo su automotriz, Sevel, para inflar así su precio de colocación. Los principales perjudicados de la presunta maniobra –que aún anda dando vueltas en los tribunales– fueron los pequeños inversores, intervinientes en el segmento no competitivo de la subasta, lo que significa que aceptaban de antemano el precio de corte que resultase.
Aparentemente entusiasmado por realizar una compra masiva de esas acciones, Daniel Cardoni, presidente del Banco Medefín (luego fundido), presentó ofertas a través de la mencionada BM y de otras tres sociedades, todas situadas en paraísos fiscales. Pero como a último momento –según el extraño relato de los Macri– Cardoni reveló que no tenía ni un penique, ya que el misterioso banquero mexicano que él decía representar había desistido repentinamente de la operación, la plata la facilitó Mauricio Macri, aunque por cuenta de Franco, su padre.
Redrado, deseoso de aclarar su actuación para aventar las sospechas de connivencia con los Macri, sostuvo días pasados ante este diario: “Le metimos presión al tema, no mostramos desinterés ni negligencia, pero no llegamos a tener pruebas de la vinculación entre las sociedades que efectuaron las ofertas y el Grupo Macri. Por esa razón no alcanzamos a abrir un sumario”. Aun así, en una minuta que preparó respecto de esta cuestión, Redrado informa que el 12 de marzo de 1993 se solicitó “la iniciación de un sumario a Sevel S. A. y a sus directores por infracción al artículo 15 de la Resolución General 190 de la CNV que reprime la manipulación de mercado”.
En el diálogo con este diario, Redrado sugirió que, en todo caso, no era suya la responsabilidad por la escasa diligencia que mostró la CNV en este escandaloso asunto, mencionando que había otros cuatro directores, y que “el presidente (o sea él) sólo vota cuando hay empate”. Página/12 pudo establecer, al respecto, que uno de los directores de la época, Carlos Solans, se mostraba abiertamente partidario de sancionar a los Macri, y que otro miembro del directorio, Guido Tawil, renunció al cargo y dejó asentado en el expediente que debía iniciarse una acción penal contra los implicados, aunque hasta entonces no había asumido una posición definida. Con un dejo malicioso, Redrado recuerda que, “con cierta demora”, el 12 de junio de 1997 se dictó la primera resolución contra los Macri, “como resultado de las investigaciones iniciadas en 1992” (es decir, las realizadas por decisión suya). Sin embargo, la misma historia es relatada de manera muy diferente por otros testigos, según los cuales dentro de la propia CNV prevaleció durante años –y particularmente aquellos en que la condujo Redrado– la línea pro Macri. Su primera táctica consistió en rebotar los informes por insuficientes pruebas, dándole largas a la investigación con el propósito de alcanzar la prescripción.
Luego, cuando en base a los datos proporcionados por la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, detallando los movimientos bancarios efectuados con el exterior, se tornó imposible frenar el affaire, los partidarios de Macri alegaron que la manipulación había prescripto. En realidad, como existía un vacío legal al respecto, el período de prescripción era materia de enconado debate. Recién en 2001, mediante el decreto 677, se fijó el plazo en seis años. Antes de eso, unos sostenían que dos años era el término máximo para abrir un sumario, mientras otros lo fijaban en cinco años, basándose en un viejo fallo (caso Industrias Siderúrgicas Grassi) de la Procuración del Tesoro.
Aunque la CNV denunció penalmente el caso ante la Justicia en 1997, desistió de ser parte querellante en la causa, mostrando así –según algunas fuentes– su escasa vocación de empujarla. Por otro lado, cuando finalmente condenó a Franco y Mauricio Macri, entre otros partícipes, les aplicó una multa conjunta simbólica de 7966 pesos, máxima vigente en 1992, año de la maléfica operación. Pero ni los Macri ni los demás pagaron las chirolas que les correspondían, prefiriendo apelar ante la Justicia.