La Secretaría de Energía acaba de limitar por resolución el precio que cobran desde ayer las generadoras eléctricas, aumentando la tensión que existe entre ellas y el Gobierno. Según aseguró a Página/12 Fermín Demonte, el vicepresidente de la entidad que las agrupa (Ageera), las empresas responsables de producir la energía que se consume en todo el país analizan resistir esa norma en la Justicia. Se abre de este modo un nuevo conflicto al que ya se planteó en el seno de Cammesa -administradora del mercado eléctrico mayorista– por la electricidad provista al sistema durante junio, y que las productoras consiguieron cobrar “en un 90 por ciento” gracias a un auxilio del Estado.
A decir de la Asociación de Generadoras, la flamante resolución 240 rompió una negociación que ya había encarado con ellas el Gobierno para bajar los costos en el mercado eléctrico mayorista, que está desregulado por ley, pero al que se le impusieron algunos topes de precios desde la devaluación.
Según el complejo mecanismo de fijación de precios, la energía mayorista se remunera a valores variables por hora y según los costos que declaren las usinas que efectivamente despachen energía (no todas están todo el tiempo aportando al sistema). Las térmicas son admitidas por orden, desde la más barata hasta la más cara, pero todas las que están operando en un momento recaudan según el precio de la que cotizó más. Una fórmula que aventaja a las más “eficientes”.
Pero, desde ayer, esto ya no es exactamente así. Como el combustible es un insumo con gran peso relativo en los costos, el Gobierno decidió que éstos se calcularán como si el único carburante a utilizar fuera el gas. Este fluido, cuyo precio está pesificado, es mucho más barato que el fuel oil, que se paga en dólares.
En los considerandos de la resolución, el secretario Daniel Cameron advierte haber detectado “una situación anormal en el abastecimiento de gas natural a las centrales eléctricas”. En otros términos, por disponer de menos gas, éstas se habrían desplazado hacia el oneroso fuel oil, provocando una “desadaptación” (incremento) en el precio mayorista.
Las generadoras derrumban cualquier interpretación conspirativa y explican que, simplemente, disminuyó la disponibilidad del gas, restricción propia del invierno. Pero básicamente protestan porque el nuevo mecanismo reduce a la mitad la remuneración del megawatt/hora, que descendería de 50 a 25 pesos. “Esto agravará nuestros problemas: estamos en default, y sólo cubrimos los costos operativos básicos”, advierte Demonte, sugiriendo que no hay recursos para el mantenimiento que previene los cortes.
La resolución sobrevino poco después de que el ministro Julio De Vido echara mano a dineros públicos para atender una millonaria acreencia del sector en el mercado eléctrico mayorista, afectado por la devaluación. Debido al congelamiento tarifario, el aporte de las distribuidoras eléctricas disminuyó y el Fondo Compensador se quedó sin recursos suficientes para pagar a las generadoras por sus despachos de junio. Después de complicadas negociaciones, el Ministerio de Planificación decidió disponer de 28 millones de pesos de un fondo específico que maneja Energía y difirió el pago de otros 20 millones al mes próximo.
La cuenta a cancelar el 8 de septiembre ascenderá a 140 millones de pesos, de los cuales difícilmente Cammesa pueda cubrir más del 45 por ciento. En ese momento, De Vido enfrentará nuevamente el dilema de otorgar lo que algunos cuestionan como un subsidio a ese sector.