El diputado Jorge Rivas (FpV) presentó un proyecto de ley que establece que aquellos que opten por comprar divisas por más de 1000 dólares dejarán de recibir los subsidios al consumo eléctrico, agua potable, gas y cloacas. La iniciativa fue avalada por los legisladores Diana Conti, Adriana Puiggrós, Jorge Barreto, Ana Perroni, Alejandro Abraham, María Balcedo, Mariela Ortiz, Juan Marcopulos y Hernán Avoscan, todos del Frente para la Victoria. Actualmente, la AFIP autoriza comprar por mes en concepto de ahorro el equivalente al 20 por ciento del salario. Es decir que para adquirir 1000 dólares se necesitarían ingresos por unos 50.000 pesos. Si bien este piso es alto, ya que son pocos los sueldos de este nivel, resulta el primer proyecto legislativo para desincentivar la adquisición de dólares para ahorro.

La iniciativa fue presentada el viernes pasado y todavía resta que la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados defina las comisiones en las que será analizada. Cuando participó de la apertura de sesiones del Congreso, la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que “no es justo que alguien que compre dólares reciba subsidios de gas y luz”.

“A partir de la sanción de la presente, los sujetos que optaren por el régimen de ahorro en moneda extranjera de acuerdo con lo establecido por la circular A 5526 del BCRA y cuyo monto autorizado por la AFIP exceda los 1000 dólares mensuales, dejarán de percibir el subsidio sobre los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable y desagües cloacales con el que se beneficiaban, en el caso de que no hubieran ya renunciado al mismo o acreditaren razones de excepción ante la autoridad de aplicación”, dice el artículo primero (y único) del proyecto de Rivas.

Según el texto elaborado por el socialista, una quita de transferencias directas para aquellos que tengan la capacidad de comprar 1000 dólares por mes, y así lo hayan concretado, “contribuirá a que la política de subsidios que sostiene el Estado nacional se concentre en los sectores realmente más necesitados”.

El pasado 28 de marzo, el Gobierno anunció una reducción de subsidios a los servicios de gas y agua para usuarios residenciales y comercios. El esfuerzo fiscal del Estado nacional en esas partidas se reducirá en un 20 por ciento, entre 5 mil y 13 mil millones de pesos, que serán redireccionados a incrementar la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar, y una parte menor irá a distribuidoras de gas. En términos de lo que se paga hoy, para aquellos usuarios que no modifiquen sus consumos la rebaja de subsidios implicará una suba de entre 100 y 284 por ciento para el gas, y entre 170 y 406 por ciento para el agua.

“Con el fin de avanzar con la adopción de las medidas necesarias para la consecución de una mayor equidad en la aplicación de los subsidios por parte del Estado nacional, resulta indispensable continuar aplicando las medidas propuestas para lograr distribuir el esfuerzo contributivo en forma más equitativa”, puede leerse en los fundamentos de la iniciativa.

Desde el despacho de Rivas indicaron a Página/12 que una vez que ingrese formalmente el proyecto, y que se asignen las comisiones correspondientes, procederán a buscar los apoyos necesarios para lograr un rápido tratamiento.

El proyecto en cuestión reconoce que los subsidios funcionaron como una herramienta necesaria para salir de la crisis post convertibilidad, pero que en el camino “pudieron generarse inequidades” en su distribución.