La concesión de la ex Encotesa a un prestador privado en 1997 se ha convertido en un caso de estudio para los especialistas de este tipo de negocios. “Es un experimento interesante”, fue la definición que utilizó Thomas Leavey, director general de la Unión Postal Universal, para referirse a Correo Argentino. Experimento que como tal –concesión del servicio– sólo fue aplicado en un puñado de países muy pequeños: Trinidad y Tobago, Isla de Malta y recientemente en Honduras. “El caso argentino es seguido en el exterior con mucha atención”, señaló el visitante, que además adelantó su propia evaluación: “La experiencia argentina no ha sido exitosa: el mercado no tuvo el crecimiento esperado ni el prestador obtuvo beneficios por la concesión, pero entiendo que este fracaso tuvo que ver con la participación de muchos operadores no autorizados en el mercado”. De todos modos, desaconsejó la rescisión del contrato.
En el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con la prensa, Leavey reseñó las particularidades que encontró en el servicio postal argentino. “Lo que lo hace un caso especial es la cantidad de operadores, que son más de 800. En América latina es común la existencia de un correo paralelo, pero el desarrollo que ha alcanzado en la Argentina es extraordinario.” Y ello lo lleva a plantear inmediatamente las dudas sobre la posibilidad de cumplir con su principal preocupación: el servicio básico universal, es decir, que hasta el habitante del pueblo más pequeño cuente con una estafeta a mano para poder enviar y recibir correspondencia.
“En países tan extensos, con población dispersa como la Argentina, el servicio básico universal es una carga adicional. Fíjese el caso de Estados Unidos, donde el costo promedio de una carta simple es de 15 centavos, pero un envío a Alaska cuesta dos dólares. Ahí el criterio fue preservar la idea de servicio público, manteniendo la obligación de garantizar la universalidad en manos del Estado. No se concesionó la distribución de cartas simples, pero sí la de expresos y encomiendas”, refirió Leavey, de origen estadounidense. “Cuando el servicio se concesiona, es necesario darle una compensación o brindarle áreas reservadas al prestador para que pueda asegurar la universalidad del servicio. Si no, ¿cómo hace para financiarlo?”, se preguntó.
En el mundo, los países se dividen entre aquellos que optaron por mantener el servicio postal universal en manos estatales y aquellos otros que los privatizaron, ejerciendo un fuerte control y regulación sobre el operador. Este es el caso de Alemania. “Lo más usual es que el servicio lo preste una corporación, con reglas establecidas y bajo un estricto control, pero también hay varios países que eligieron seguir con el correo estatal”, reseñó Leavey. El caso argentino, de concesión, se ubica en una modalidad excepcional aplicada por muy pocos y pequeños países.
Con la experiencia acumulada por la Unión Postal Universal en el mundo –organismo dependiente de la ONU–, ¿no previó las dificultades que iba a tener el proceso en la Argentina? “En el momento en que se concesionó, la verdad es que nos pareció demasiado alto el canon –responde su director general–. Pero hubo un análisis técnico-económico de los oferentes. Incluso, en el grupo participó el CFI del Banco Mundial. También el BID convalidó la propuesta, al otorgarle un crédito a los adjudicatarios. Estos hechos nos dieron cierta tranquilidad”, dijo como repartiendo responsabilidades.
Si bien no fueron consultados por las autoridades del Gobierno acerca de una probable rescisión del contrato con Correo Argentino, Leavey aventuró una opinión. “Yo no recomendaría una rescisión, porque es una situación en la que nadie gana. Hay argumentos legales, sin duda, pero una controversia como ésta debe ser resuelta, de una manera u otra, satisfaciendo a ambos lados.”