“El stay no es necesario para continuar con el diálogo”, fue la frase del juez del distrito de Manhattan, Thomas Griesa, que más resonó entre los inversores locales. La intransigencia del controvertido magistrado al pedido argentino para que suspendiera temporalmente su fallo, con el objetivo de negociar con los fondos buitre sin presiones, justificó una caída generalizada de bonos y acciones y una mayor demanda especulativa en dólares. Las bajas, tanto de papeles privados como de títulos públicos, se mantuvieron acotadas ante la expectativa de algún tipo de acuerdo entre las partes. La negativa de Griesa busca acelerar la negociación en condiciones favorables a los buitres. Para la Argentina cerrar un acuerdo antes de enero próximo implicaría el reconocimiento de demandas por unos 120 mil millones de dólares.

Previo a que se conocieran detalles de la reunión entre representantes de la Argentina, los fondos buitre, bancos y cámaras compensadoras ante Griesa, los activos locales operaban en baja, pero la tendencia se profundizó cuando se supo la negativa al stay. Las acciones llegaron a perder hasta casi un 3 por ciento y en la última media hora de operaciones algunas recompras de oportunidad apuntalaron los precios. El resultado al cierre fue un retroceso del MerVal de uno por ciento. En Wall Street las empresas argentinas cotizantes a través de ADR perdieron hasta 4 por ciento. Los títulos públicos finalizaron con caídas de hasta 3,4 por ciento en el caso de las emisiones en dólares. Pese a la inmovilidad en la cotización del dólar, que se mantuvo en 8,18 pesos, en las cuevas por el blue se pidió un precio de 12,45 pesos.

La baja y recomposición posterior de algunos papeles tienen su lógica en que aún no hay nada definido en el tema, tal como informó anoche el Ministerio de Economía. No obstante, la negativa a reponer el stay pone al país nuevamente contra las cuerdas, cuando falta apenas una semana para que venza el período de gracia para que los tenedores de bonos Discount cobren sus vencimientos de capital del 30 de junio último. Frente a la falta de avances y la imposibilidad de arribar a un acuerdo antes de esa fecha, los abogados que representan al país reiteraron el pedido de suspensión de su sentencia. Griesa rechazó este pedido, aunque calificó de un hecho muy desafortunado una eventual cesación de pagos del país. Según el artículo 2 (a) de las condiciones de la deuda argentina, como incumplimiento se refiere a la falta de pago. La Argentina pagó (depositó) los fondos del vencimiento del Discount el 26 de junio, pero Griesa ordenó a los bancos fiduciarios y cámaras compensadoras no distribuir este dinero entre los tenedores del bono.

La decisión de depositar estos fondos y trasladar la responsabilidad del default a los entes encargados de asegurar el cobro a los tenedores de esa deuda tuvo el efecto buscado: el reclamo de bonistas y entes fiduciarios para que se liberaran las cuentas. Para el gobierno argentino servirá como argumento de que el país no defolteó porque pagó. “Un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010”, reiteró a través de un comunicado el Palacio de Hacienda. Si bien no definirán desde el punto de vista legal si el país se encuentra en default, las calificadoras de riesgo podrían declarar una situación de default técnico y parcial. Con esto se gatillarían los seguros contra ocurrencia de esa situación que se encuentran en su mayoría en manos de fondos buitre, quienes además integran el consejo directivo de l Asociación Internacional de Swaps y Derivados, que definirá oportunamente si hubo cesación de pagos para esos contratos.

Más allá del pleito legal en torno de la responsabilidad de que no cobren los bonistas, la negativa de Griesa a definir un stay podría derivar en lo que se denomina cláusula de aceleración, que obliga a pagar todo el capital y vencimientos remanente de cada serie que vaya cayendo –según el criterio del mercado– en default. En este caso, el 1º de agosto se amortizarían todos los vencimiento del Discount hasta 2033. De todos modos, contará con sesenta días más para salvar esta situación. En caso contrario, toda la deuda con legislación neoyorquina, unos 30.000 millones de dólares, entraría en default, a lo que se sumarían 15.000 millones que el Gobierno entiende existe en manos de holdouts. Si se aceleran los vencimientos, el país deberá reestructurar cada serie con el consentimiento del 75 por ciento de los tenedores.

Pese a la posibilidad de contar con un plazo adicional de dos meses, se llegaría a octubre, lo que obligaría al país a responder a la demanda de aquellos bonistas que ingresaron en el canje de deuda amparados en la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). La cláusula se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y compromete al país a mejorar las condiciones a los bonistas que ingresaron en la operación si “voluntariamente” ofrece una alternativa mejor a los holdouts. Según cifras oficiales, si se les paga el ciento por ciento a los buitres antes de enero próximo, las demandas contra el país podrían alcanzar una suma piso de 120 mil millones de dólares, además de exponer a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles, según explicaron desde el Ministerio de Economía. La solicitud argentina de un stay busca evitar estos acontecimientos a través de un paraguas legal que le permita continuar con la negociación con los buitres.