Tras haber pasado por una semana de reuniones casi diarias en Nueva York, se inicia otra que podría contar con la misma intensidad de encuentros, aunque con un condimento especial: la incertidumbre y las tensiones que genera el 30 de julio, el día señalado por algunos como “el límite” para llegar a algún tipo de arreglo que evite el temido default, si los bonistas del canje no logran cobrar ese día los créditos vencidos un mes atrás. Distintas visiones, no sólo de parte del gobierno nacional, indican que no es el borde del abismo lo que hay enfrente sino una maniobra de presión de los fondos buitre y de quienes se alinean en su estrategia, para arrancarle al país una decisión contra su propio interés y a favor de aquéllos. Página/12 consultó a especialistas en Derecho y Economía, dos estudiosos de la demanda de los holdouts contra Argentina casi desde su origen, para interpretar el sentido de este 30-J. Ambos proponen quitarle dramatismo al tema, aunque sin descuidar las respuestas y las estrategias para enfrentar el embate.

Argentina, a través de su gobierno, rechaza que pueda traducirse como default la situación generada por el juez Thomas Griesa de bloqueo de la liquidación a los bonistas. De todos modos, la importancia que se le asigne a la cuestión de que los bonistas no cobren a esa fecha tiene distinta valoración según las consecuencias que se esperen. Página/12 consultó a una especialista en Derecho Internacional, Stella Maris Biocca –titular del departamento de esa especialidad en la Universidad de Morón– para conocer las consecuencias jurídicas y en las relaciones económicas internacionales para Argentina de mantenerse la actual situación más allá del miércoles 30. Este diario también entrevistó a otro especialista, economista y consultor de varios gobiernos de la región (Venezuela y Ecuador, entre ellos), Jorge Marchini, para requerirle su opinión sobre el escenario económico que se abre con la declaración de default que podrían llegar a plantear algunos órganos financieros, como calificadoras de riesgo, o el propio magistrado neoyorquino.

Biocca participa de la convocatoria nacional Cabildo Abierto, que impulsa una amplia movilización popular de rechazo a las imposiciones externas y la defensa de las políticas económicas y sociales de crecimiento y distribución. Marchini es miembro del Ciges, un centro de estudios que acompaña a distintos sectores de la economía social (pymes, cooperativas, empresas recuperadas, movimientos y organizaciones sociales) que se plantan como un pilar de resistencia a la concentración económica y a la vuelta al neoliberalismo. Ambos, cada uno desde su perspectiva, analizó el impacto que podría tener el bloqueo de Griesa al pago a los bonistas.

“No es un default”

–¿Podría haber evitado el gobierno nacional ir a los tribunales de Nueva York a enfrentar la demanda de los fondos buitre?

Biocca: –No, no se podía hacer otra cosa porque los bonos sobre los que se hace la demanda, los títulos defolteados en 2001, reconocían la jurisprudencia de la legislación estadounidense en su emisión, en su origen. No es imputable a este gobierno tener que reconocer la legislación extranjera.

–¿Y qué consecuencias jurídicas le puede acarrear a la Nación el vencimiento del día 30 sin que los bonistas hayan podido cobrar?

–Lo primero que hay que aclarar es que esto no sería un default. Este término se refiere a una cesación de pagos de un país o una empresa que deja de pagar sus deudas en general, por una dificultad o situación que no le permite afrontarlas. No es este el caso. Este es un hecho puntual, Argentina está frente a una sentencia, con los holdouts que se presentaron ante el juez Griesa en Nueva York, a los cuales todavía no les pagó. Argentina está en una situación de incumplimiento de la sentencia, hasta que se resuelva una forma de pago aprobada por el juez. Pero no es una situación general de cesación de pagos.

–Eso es en lo que se refiere a la deuda con los fondos buitre. Pero respecto de los bonistas del canje, ¿podría entenderse que está en default?

–No, porque Argentina pagó. Depositó los fondos donde debía hacerlo y en la fecha prevista. Fíjese que el juez de Nueva York no embarga el dinero que Argentina iba a destinar al pago, sino que plantea una restricción al cobro de esos fondos que ya están en el banco. Crea una situación de conflicto entre terceros: el banco pagador que tiene los fondos acreditados, y el bonista que tiene derecho a cobrar pero no lo dejan.

–¿Qué puede hacer Argentina ante esa situación?

–Nada, porque su parte ante los acreedores del canje ya la cumplió. Es más, yo diría que Argentina no debe insistir en pedir que se liberen los pagos que deben hacer los bancos. Ese pago es un hecho entre terceros: los bancos, que son los agentes liquidadores de la deuda, y los bonistas.

–¿Qué margen tiene el gobierno argentino para llegar a algún arreglo con los acreedores en este juicio en Nueva York?

–La sentencia a favor de los holdouts ya está. Argentina sólo puede buscar un arreglo sobre la forma de pago. Pero no puede ofrecer más que lo resuelto por ley en la última apertura del canje (del año pasado), que permanece vigente. Los holdouts no aceptaron entrar, y si mantienen esa postura el conflicto permanecerá irresuelto por algún tiempo.

–¿Qué consecuencias podría tener para Argentina en lo jurídico?

–Le repito que esto no es una situación de default, sino un hecho puntual de incumplimiento de una resolución judicial de pago de deuda. No debería tener consecuencias jurídicas en otras operaciones, ni pagos de otras deudas, como la del Club de París, u otros arreglos por deudas comerciales o financieras. No veo que haya activos en riesgo de embargo en Estados Unidos. De todos modos, habría que estudiar qué se puede hacer en los próximos vencimientos, si el juzgado de Griesa sigue en su posición actual (de no conceder la cautelar suspendiendo el embargo).

–¿Qué alternativas tendría?

–Estudiar otras posibilidades de cobro seguro para los bonistas, bajo jurisdicción argentina que no ofrece ningún riesgo. O a través de terceros países, u organizaciones que han expresado su solidaridad con Argentina en este tema. Los socios de la Unasur, quizás algún miembro del Brics. Es decir, buscar la intervención de terceros en el mecanismo de pago. No sabemos qué puede hacer el juez Griesa, a esta altura todo es posible. Pero si Argentina se ve impedida de depositar los fondos en el banco que debe pagarle a los bonistas, habría que tener prevista una alternativa por fuera de su jurisdicción. Porque la decisión de Argentina es pagar sus deudas, no la de declararse en default.

“No cruzarse de brazos”

Según afirma el economista Jorge Marchini, del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social (Ciges), “el establishment ha impuesto nuevamente la idea de que no habría otra opción que aceptar el fallo del juez de Nueva York en todos sus términos; pero no es cierto que el Gobierno carezca de alternativas”.

–¿En qué cambia la situación de la economía argentina a partir del 30 de julio si los bonistas no cobran?

–El conflicto ha cerrado objetivamente el camino de un retorno al mercado para requerir nuevos créditos en un corto plazo, como quería Argentina. Pero será así tanto si se aceptara el fallo del juez Griesa, ante la incertidumbre que provocaría la probabilidad de una ola de nuevas demandas, como si al no hacerlo la Justicia de Estados Unidos prioriza el pago de la sentencia, o hace quitas a otros acreedores para hacerlo posible, lo cual lleva, de hecho, al default. Lo demás, es seguir afrontando problemas que la economía argentina ya tiene, pero que habrá que tomar más recaudos para evitar fugas de divisas o afectar el crecimiento. Y el Gobierno tiene alternativas para hacerlo. Por empezar, la situación no es asimilable a las recurrentes crisis que vivió el país en las últimas décadas. Argentina, junto a Venezuela, son los únicos países de la región que pueden contar inmediatamente con saldos positivos de la balanza corriente de pagos; el nivel de endeudamiento en moneda extranjera es bajo y, lo que no es para nada menor, existe un marco internacional de pérdida de credibilidad en la arquitectura financiera mundial, a partir de las consecuencias y costos públicos de la crisis de 2007/2008.

–¿Cuáles son los problemas que ya tiene la economía y a los que debería prestarse especial atención en esta instancia?

–Ya la situación de las cuentas externas de la Argentina se venía deteriorando, y el signo más evidente es la caída de las reservas del Banco Central. Pero la erosión del saldo de la balanza comercial resulta particularmente llamativo, en especial este año. Pese a que se verifica un año con cosecha record en un período de altos precios internacionales, los ingresos por exportaciones se han reducido. Pero también es significativo que pese a la menor actividad económica interna y las limitaciones de las autorizaciones, no se haya producido un descenso general de las importaciones. Los números dejan entrever en un principio la posible existencia de graves maniobras delincuenciales de subfacturación de exportaciones, contrabando y sobrefacturación de importaciones, entreverados en juegos cambiarios ilegales y fugas de capitales. Ya no alcanza con hablar mal de los buitres y quejarse de lo terrible que son los especuladores –un producto natural derivado de la desregulación y globalización financiera–, sino preguntarse si Argentina tiene alternativas. Hay que analizar sin impresionismos superficiales el escenario planteado, y si bien es imposible vaticinar cómo derivarán los últimos eventos, hay que debatir pasos viables y consistentes para defender el interés nacional.

–¿Cuáles serían esas alternativas?

–Ante el intento de estrangular la balanza de pagos y llevar el país al default, hay que investigar el origen de todas las obligaciones y movimientos financieros. Avanzar en forma inmediata para proteger la economía nacional combatiendo decididamente y sin más demora la continuidad de drenajes y fugas. En el control público y social de las operaciones de comercio exterior. Combatir con leyes ya vigentes maniobras hoy extendidas de subfacturación y contrabando de exportaciones, y de sobrefacturación de importaciones y fugas de capitales. Profundizar el monitoreo de la inflación: costos y precios. Sostenimiento de la producción nacional, sustitución de importaciones, por ejemplo. Un plan de defensa de la producción y el trabajo, contra la especulación y la delincuencia económica. Debe entenderse que se trata de una emergencia nacional y, como tal, los intereses particulares deben quedar subsumidos en los generales.