Seis meses antes de expirar, un incentivo/concesión a los acreedores incluido en la oferta del canje de 2005 y 2010 para garantizar un elevado nivel de adhesión se convirtió en una amenaza para la exitosa reestructuración de la deuda externa. Si Argentina cumple al pie de la letra con el fallo del juez Thomas Griesa y paga a los fondos buitre 1500 millones de dólares, la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés), que vencerá el 31 de diciembre, puede ser el vehículo a reclamos por hasta 500 mil millones de dólares, más de 16 veces las reservas internacionales del Banco Central. Los fondos buitre consideran que Argentina exagera los riesgos asociados a la RUFO y, por eso, rechazan acompañar el pedido de medida cautelar hasta fin de año que permitiría al país buscar un mecanismo de pago sin violar las condiciones financieras acordadas con el 92,4 por ciento de sus acreedores. Enfatizan que la cláusula tiene como disparador la realización de una oferta voluntaria a bonistas que no participaron del canje y, en este caso, eso no sucede sino que se cumple con una sentencia. “El riesgo de que se dispare la cláusula RUFO y que la Justicia, dé la razón a los nuevos demandantes tirando abajo uno de los canjes más exitosos de la historia moderna es escaso. Pero es tan improbable como la forzada interpretación de la cláusula pari passu que hizo Griesa o que las órdenes para garantizar la ejecución de la sentencia de un juez norteamericano excedan su jurisdicción para decirles qué hacer a bancos europeos”, advirtió a Página/12 un colaborador del ministro de Economía, Axel Kicillof. “Son interpretaciones improbables, forzadas y excedidas que hizo un juez de primera instancia pero fueron convalidadas por la propia Corte Suprema de Estados Unidos”, remarcan los abogados de la cartera económica.

El miércoles vence el plazo de gracia para que se acredite en las cuentas bancarias de los bonistas del canje el pago realizado por Argentina a fines de junio. El país cumplió con sus obligaciones contractuales y depositó los fondos al Bank of New York (BoNY). Sin embargo, la entidad contratada para distribuir el dinero entre los acreedores no procedió por un bloqueo judicial. Calificadoras de riesgo junto con los voceros del establishment financiero intentarán consagrar la continuidad de ese escenario luego del 30 de julio como un evento de default. El Gobierno rechaza esa denominación para el inédito escenario forzado por la sentencia y las órdenes del juez Griesa. Distinguir entre la existencia de un evento de cesación de pagos por incumplir las obligaciones contractuales y la imposibilidad de los acreedores para cobrar por un impedimento legal es significativo frente a los potenciales reclamos legales de los acreedores que ingresaron al canje. Mientras tanto, persiste una escueta ventana de negociación de tres días donde podría hallarse una solución transitoria que permita evitar una situación de tensión con los acreedores del canje.

500 mil millones de dólares

El Gobierno reconoció que perdió la disputa legal con un grupo de fondos buitre y, aunque cuestiona la forzada interpretación de todo sistema judicial estadounidense, pretende cumplir con la sentencia siempre y cuando permita clausurar definitivamente el exitoso proceso de reestructuración de la deuda externa. “Es imposible avanzar de una manera justa, equitativa y sustentable en una solución a los reclamos de buitres, si no se brindan garantías para la preservación de la reestructuración alcanzada con el 92,4 por ciento de nuestros acreedores. Por eso, en ausencia de un instrumento que provea seguridad al país de que no deberá afrontar la carga financiera de que se gatille la cláusula RUFO, una medida cautelar hasta fin de año sigue siendo necesaria y adecuada para que Argentina pueda proceder hacia la resolución global del asunto sin afectar el pago de los vencimientos de deuda reestructurada”, explicó a Página/12 un miembro del equipo legal del Palacio de Hacienda.

El Ministerio de Economía reclama condiciones para negociar un mecanismo de pago que no implique violar los términos financieros acordados en el canje con el 92,4 por ciento de los acreedores externos del país. Entregarle a los buitres los 1500 millones de dólares que dice Griesa no solo no permite poner fin al default de 2001-2002 sino que abre la puerta a una nueva, costosa y prolongada puja judicial. En primer lugar, habilitaría que todos los carroñeros con deuda no ingresada al canje (cerca del 6 por ciento del total) reclamen un tratamiento similar elevando el monto del desembolso potencial a 15.000 millones de dólares, equivalente a la mitad de las reservas. Pero la principal traba para proceder es la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés). Con esa atribución a su favor, quienes aceptaron las quitas, extensión de plazos y reducción de intereses en 2005 y 2010 también estarían en posición de acceder a las condiciones privilegiadas otorgadas por la Justicia y dispararían nuevos reclamos por hasta 500 mil millones de dólares.

Adicionalmente, en el Palacio de Hacienda advierten que cualquier paso en falso con relación a la cláusula RUFO, que expira el 31 de diciembre de 2014, “podría también dar lugar a la responsabilidad civil y criminal bajo la ley argentina, y servir como base para un juicio político a los funcionarios argentinos a quienes se les encomendó la responsabilidad de resolver este asunto”.

¿Existe el riesgo?

“No puede descartarse por completo el riesgo de que se dispare la cláusula RUFO si la Argentina les paga a los buitres antes de que esa cláusula pierda vigencia a fin de año”, explicó a este diario el abogado especializado en temas financieros Sebastián Soler. “Si bien la RUFO sólo se dispara si la Argentina le ofrece ‘voluntariamente’ a los buitres una mejora respecto de lo recibido por los bonistas del canje, y técnicamente podría concluirse que un eventual pago (en sus distintas modalidades) estaría acatando una orden judicial y, por lo tanto, no sería voluntario, el Gobierno tiene razón en insistir en que se reponga el stay para evitar por completo el riesgo”, sostuvo el ex subgerente general de Supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central.

Después de la interpretación extravagante de la cláusula pari passu que hizo, no es posible descartar que el mismo Griesa u otro juez interpreten de manera igualmente inédita la cláusula RUFO. “Más allá de cuál sea la conclusión jurídica correcta, no cabe duda que habría bonistas del canje dispuestos a demandar a la Argentina por incumplimiento de la RUFO y, más allá del resultado final de esos juicios, la magnitud de la contingencia y la incertidumbre acerca del resultado, encarecerían prohibitivamente el costo del financiamiento del país y las empresas argentinas durante todos los años que duraran esos litigios”, concluyó Soler.

Cómo se gatilla

El recorrido para poner en marcha un reclamo frente a una supuesta violación de la cláusula RUFO no es sencillo. En una didáctica publicación realizada en el blog http://www.creditslips.org, la profesora de Derecho de la Universidad de Georgetown, Anna Gelpern, explica el proceso necesario para que se ejecute la RUFO y se materialicen los reclamos por entre 120 mil y 500 mil millones de dólares si Argentina les paga a los buitres como dispuso Griesa antes de fin de año:

1 Tenedores de bonos del canje deberían reunir el 25 por ciento de sus colegas para que voten en favor de iniciar un juicio por la cláusula RUFO e indemnizar al Bank of New York Mellon por los costos de la travesura, de forma tal que el fiduciario pueda realizar la demanda en su nombre.

2 Una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York tendría que decidir que cumplir con una sentencia firme implica violar la cláusula RUFO. Es una interpretación forzada, pero uno nunca sabe. En caso de que el camino elegido por el cual se inicia la demanda fuera dejar los fondos depositados en garantía hasta que caduque la cláusula, el tribunal debería reconocer que se trata de un incumplimiento de la RUFO. Lo mismo para cualquier alternativa que se despliegue.

3 La corte en cuestión debería determinar un mecanismo para remediar la violación de la cláusula.

4 Para eso, tendría que realizar las complejas valuaciones técnicas de los bonos desde la reestructuración y las comparaciones con la ganancia de los fondos buitre.

5 Argentina, frente a una demanda de 500 mil millones de dólares, deberá pagar una fracción significativa.

“Esta cadena de eventos requeriría que el mismo sistema judicial que nos dio la interpretación de la cláusula pari passu declare que, en retrospectiva, fue una locura haberlo hecho y probarlo destruyendo el mismo acuerdo que buscaba promover utilizando una forzada interpretación de una cláusula del contrato”, remata Gelpern. “Los escritos de Argentina básicamente dicen que las demandas por la RUFO no van tener sentido pero que no es posible contar con la racionalidad de las cortes”, explica la académica norteamericana.