En el juzgado de Thomas Griesa se está disputando una batalla legal con su conocido impacto financiero por el monto involucrado en el litigio, pero la forma y el momento de efectivizar la sentencia puede abrir la puerta a otros juicios por sumas muchísimo más elevadas. La presión de fondos buitres, con la entusiasta colaboración del juez y el apoyo de analistas y medios locales, apunta a que Argentina pise el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Tras ese objetivo se encuentra la insistencia en estas semanas de utilizar el término “negociación” por parte de los representantes legales y de lobby del financista Paul Singer. Si Argentina estuviera negociando mejores condiciones de pago con fondos buitre, antes del 31 de diciembre de este año, cuando vence el plazo de esa cláusula, estaría preparando el terreno para esos nuevos juicios.

Si bien en el prospecto de emisión de los bonos del canje está escrito que se debe tratar de una oferta “voluntaria” del país a otros acreedores, quedará a criterio de otros jueces –no de Griesa– si efectivamente así fue. Por ese motivo Argentina adelantó que acatará el fallo pagando la sentencia, pero en condiciones “justa, equitativas y legales”. No dice que está negociando; reafirma una y otra vez que acepta el fallo, y cuando la delegación argentina se reúne con el enviado de Griesa, Daniel Pollack, lo hace sin la presencia de los abogados de los buitres. Esto forma parte de la estrategia jurídica oficial para no generar las condiciones de costosos futuros juicios, que, según cálculos conservadores, sumarían 120 mil millones de dólares. Ese es el palito que buscan que el gobierno de CFK pise para caer en la violación de la RUFO.

La redacción de esa cláusula es lo suficientemente ambigua para generar la confusión necesaria a funcionarios apurados por actores del sistema financiero para permitir gatillarla por jueces locales o de otros países, con la misma extravagancia manifestada por Griesa para interpretar la condición pari passu (igual trato a los acreedores). Es innecesario el trabajo de analizar palabra por palabra la cláusula RUFO, como han estado haciendo economistas y abogados de la city para jugar de apoyo en el terreno buitre, su espíritu es muy transparente: los holdouts –quienes litigaron (denominados buitres) y quienes no lo hicieron– no pueden recibir más por sus bonos en default que los acreedores que aceptaron el canje, porque si así sucediera, éstos últimos tendrán el derecho de reclamar y demandar el mismo tratamiento. Esa condición vence el 31 diciembre de este año.

La RUFO fue establecida para conseguir más adherentes al canje y está ligada al principio de pari passu. El objetivo de ambas condiciones es garantizar la igualdad entre acreedores, locales o extranjeros, de grandes fondos o pequeños inversores. La RUFO es una reafirmación del pari passu. Pero como Griesa interpretó en forma extravagante el criterio del mismo trato a los acreedores, al decir que se cumple si todos cobran, sin importar que uno reciba más que otro, relativiza la RUFO como un escollo para acordar con los buitres, como lo expresó en la última audiencia. “En mi visión, cada problema que ha mencionado (Argentina) es susceptible de ser atendido en un acuerdo”, afirmó en la última audiencia.

Uno de esos problemas es la RUFO, que, como se explicó, se aplica si Argentina negocia y firma un acuerdo con los buitres antes de fin de año. Si Griesa estrujó el pari passu, menos evaluará como un factor que impide cumplir con su orden de pago la existencia de una cláusula que fortalece el criterio mundialmente aceptado de igual trato a los acreedores. Anna Gelpern, abogada y profesora de Derecho en la Universidad Georgetown, explica en el artículo “Argentina: the RUFO crazy”, publicado en el blog creditslips, que “el pari passu y las cláusulas RUFO necesitan ser vistos como parte de las protecciones exigidas por aquellos que están de acuerdo para reestructurar. El pari passu nunca fue pensado para dar una ventaja a los buitres”. La especialista menciona que Argentina mantiene una posición muy prudente con respecto a la RUFO, incluso ante las críticas que recibe de quienes consideran que es una posición exagerada, confundiéndola con no querer aceptar el fallo de Griesa. Galpern dice que lo hace porque con el antecedente de la interpretación del pari passu de Griesa no “se puede contar con racionalidad en los tribunales” de Nueva York.

Los fondos buitre sostienen que es imposible que la RUFO se aplique, sentencia que es repetida por economistas locales al afirmar que como no es un acuerdo “voluntario”, sino forzado por una sentencia judicial, no correría esa cláusula. Para descubrir el objetivo de esa sugerencia supuestamente desinteresada, Argentina le solicitó a Griesa, y lo reiteró en el encuentro con el enviado del juez Daniel Pollack, que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de ese seguro debería ser despreciable. Como todos los actores involucrados en el caso saben que no es así, esa propuesta exhibe con transparencia que el objetivo Griesa-Singer es hacer pisar el palito al gobierno argentino de violar la RUFO.

Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Bein, especuló sobre cuál es la pretensión de los fondos buitre, señalando que, en principio, deberían tener incentivos en reponer la cautelar, para ellos mismos poder cobrar en algún momento. Sin embargo, estima que eso puede que no sea así, al indicar que “no sabemos cuánta plata invirtieron en CDS (Credit Default Swaps) en contra de la Argentina e incluso en los propios bonos del canje, por los cuales podrían litigar a través de la RUFO si les pagan lo que reclaman por sus bonos no canjeados. Así estarían jugando a tres bandas: bonos defolteados, CDS y títulos del canje”. No es un análisis descabellado teniendo en cuenta la esencia de esos fondos: litigar con deuda soberana.

Insistir con la posibilidad de un próximo default, pese a que el pago ya se realizó en tiempo y forma, como forzar una situación de negociación con Argentina son los componentes más visibles de la posición buitre. Para ello cuentan, además de la siempre buena disposición de Griesa, con analistas, economistas y medios locales para replicar sus opiniones. Una de las preguntas del reportaje realizado por Infojus Noticias a Mara Laudonia, autora de Los buitres de la deuda, es ilustrativa de esa estrategia.

“–La Fundación Paul Singer, del financista que encabeza el fondo NML Capital, donó 100 mil dólares a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO Laura Alonso. ¿La presión del lobby también existe en la Argentina?

–Hay lobby explícito y otro que no lo es tanto. Lo de Laura Alonso fue explícito porque al ser una ONG tiene que explicar el origen de sus fondos. Pero podemos hablar de todos los negociadores de la deuda en Argentina. Cuando escribía el libro, algunos funcionarios me confesaron que recibieron presiones personales de parte de los fondos buitre, que fueron intimidados por operadores locales. Está probado que hasta realizan operaciones de espionaje sobre los funcionarios. Es el mismo modus operandi que hicieron en Africa: allá se acusó de corrupción a funcionarios que debían negociar con los fondos buitre.”

Lo mismo pasó en el caso de la deuda peruana de mediados de los noventa, que Elliot cobró en el 2000. Una comisión investigadora del Congreso peruano concluyó que hubo funcionarios que facilitaron la operatoria para que Elliot pudiera atacar la deuda peruana.

Esta parte de la estrategia los fondos buitre no la han podido desplegar con éxito porque el gobierno de CFK no está pisando el palito.

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