El Ministerio de Economía desplegará hoy una batería de medidas legales para reclamarle al Cititbank Argentina y al Bank of New York Mellon que distribuyan normalmente los pagos efectuados por el país a tenedores de bonos del canje. Las intimaciones a las dos entidades financieras serán complementadas por avisos legales dirigidos al 92,4 por ciento de los acreedores que participaron de la reestructuración de 2005 y 2010. En esas publicaciones, el Gobierno realizará un detallado informe sobre la situación de la deuda externa y la posición oficial. Página/12 pudo averiguar que los textos también detallarán a los bonistas las medidas a su disposición para reclamar el cobro de los fondos ya depositados y garantizar la recepción de los futuros pagos que les realizará el país. Ningún camino está definido, pero desde el equipo económico explicaron a este diario que esas posibilidades contemplan, desde promover un hipotético cambio de jurisdicción hasta el desplazamiento del BoNY como fiduciario para los bonos regidos por las legislaciones de Estados Unidos e Inglaterra.

Un grupo de bonistas europeos se anticipó y ya notificó a Griesa y al banco neoyorquino que empezarán demandas judiciales en diferentes cortes de Europa para asegurarse el cobro de sus títulos de deuda. El envío de las cartas fue confirmada a Página/12 desde uno de los fondos de inversión que impulsan el reclamo. “Se publicará en la prensa nacional e internacional un aviso a los bonistas del canje para que ejerzan sus derechos dirigidos a cobrar”, indicó Economía a través de un comunicado. A pesar del fracaso de las mediaciones encaradas por Pollack, la mesa de negociación para encontrar una solución justa equitativa y legal para todos los buitres sin violar las condiciones acordadas en el canje sigue abierta. Sin embargo, los colaboradores del ministro Axel Kicillof advierten la necesidad de comenzar a explorar alternativas frente a la imposibilidad de cumplir al pie de la letra con el fallo de Griesa. No se trata solamente de liberar los 539 millones de dólares retenidos, sino de encontrar un camino para asegurar los próximos pagos que realizará el país, de los que el más cercano sucede a fines de septiembre.

El primer paso concreto del Gobierno será una ofensiva legal contra los bancos encargados de cursar los pagos por incumplimiento de sus obligaciones contractuales al paralizar la transferencia de los fondos a los acreedores. A comienzos de julio, el Citibank Argentina y el BoNY ya habían sido intimados, pero el nuevo escenario –con condimentos como la ejecución de los seguros contra default y las comunicaciones realizadas por esos bancos a los acreedores– llevó a Economía a reiterar y ampliar sus cuestionamientos.

“Los fondos pertenecen por derecho a los bonistas del canje y su cobro ha sido bloqueado indebidamente por el juez quien, a pesar del tiempo transcurrido, parece desconocer por completo el hecho de que existen bonos ley Argentina, ley Reino Unido, ley Nueva York y en distintas monedas. De esta forma, indebidamente, se excede en sus atribuciones y en su jurisdicción”, expresó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado. Las advertencias al Citibank Argentina, pagador de los vencimientos de interés de los bonos en dólares regidos por ley local, enfatizan que la entidad opera en territorio nacional. “Es un banco argentino que funciona dentro de la ley argentina y le sigue preguntando a Griesa cómo proceder para pagar. No se puede tener dos banderas”, indicaron desde el equipo económico. El Citibank, explican en Economía, ya fue habilitado a pagar, pero el “permiso” otorgado por Griesa fue por única vez y no seguirá vigente al momento de procesar los vencimientos de los bonos Par dentro de dos meses.