La agencia internacional que regula derivados financieros (ISDA) precisó ayer que la Argentina no ingresó en una moratoria ni en un proceso de repudio de la deuda. El dato adquiere relevancia porque los acreedores no podrán iniciar juicios contra el Estado por estos conceptos. La institución, no obstante, ratificó su decisión del viernes de que el país entró en una cesación de pagos, por lo que se deberán gatillar seguros contra default por un valor de hasta mil millones de dólares. El jueves se encontrarán los miembros del ISDA para evaluar cuándo se realizará el pago de estos seguros y cuánto se deberá distribuir.

La sociedad privada reguladora de coberturas contra default definió que la Argentina no declaró el repudio de su deuda, lo cual implica que las autoridades no desconocieron sus pasivos financieros. Agregó que el país tampoco ingresó en un proceso de moratoria, debido a que el Ministerio de Economía no argumentó que se incumplirán los pagos de deuda soberana por un tiempo determinado con el objetivo de recomponer la espalda financiera. Esta última situación había ocurrido con el colapso de la convertibilidad. “A modo de ejemplo, el discurso de Rodríguez Saá en diciembre de 2001 fue un default por una declaración de moratoria de Argentina y que, luego, se convirtió en default por el no pago de los vencimientos”, subrayó Eugenio Bruno, del estudio Garrido LawFirm.

La decisión del ISDA respecto de negar el repudio y la moratoria permite a la Argentina evitar juicios futuros de los acreedores. Otra consecuencia es que los bonistas que compraron seguros contra default que expiraron antes del 30 de julio no podrán exigir el pago de estas coberturas. La intención de estos especuladores era declarar la moratoria de la Argentina para otorgarles validez a sus coberturas, argumentando que el incumplimiento del país fue previo a la fecha límite para distribuir 539 millones de dólares en cuentas de bonistas con Discount.

“Simbólica y legalmente (la decisión de ayer del ISDA) refleja la división incipiente y el miedo que generó la denuncia de la Comisión Nacional de Valores (CNV) frente a la SEC (su par norteamericano), respecto de la especulación de los fondos buitre con los seguros contra default de la deuda argentina”, precisaron fuentes oficiales.

Un elemento relevante es que la agencia que regula los derivados financieros estaría “haciendo tiempo” para definir la fecha del pago de las coberturas por default, con el objetivo de evaluar si avanza la investigación de la SEC. “Si Elliott, uno de los fondos buitre que litigaron contra el país, cobra los seguros, el efecto legal si se descubre una maniobra de especulación financiera sería mucho mayor respecto del caso en que no los haya cobrado”, indicaron.