Diputados oficialistas y de partidos de la oposición temen que el Gobierno aumente las tarifas y reclaman garantías. En concreto, plantearon objeciones al proyecto oficial para renegociar los contratos de las empresas de servicios públicos. Las diferencias fueron planteadas en forma directa al ministro Julio de Vido, quien negó la posibilidad de incrementos. Lo mismo hizo Patricia Vaca Narvaja, subsecretaria de Defensa de la Competencia. No obstante, los legisladores quieren que esa chance quede desechada explícitamente por una ley del Congreso.
En el centro del debate quedó el proyecto de ley oficial, por el cual el Congreso delega en el Ejecutivo la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos. La iniciativa ya cuenta con media sanción en el Senado, y ahora debe tratarla la Cámara baja.
Ante la inminencia del debate, un grupo de la comisión de Defensa del Consumidor –presidida por el justicialista Jorge Bucco– planteó, primero a De Vido y luego a Vaca Narvaja, la necesidad de introducir cambios en el proyecto. Alegan que éste “deja abierta la puerta a un incremento tarifario aun antes de que finalice el proceso de renegociación con las compañías”, según explicó el propio Bucco a Página/12. Por eso buscan la inclusión de un punto en el cual se deseche esa posibilidad en forma taxativa, al menos hasta que finalice la renegociación integral con las distintas prestadoras.
En su reunión de anteayer con los legisladores de Defensa del Consumidor, De Vido reclamó una rápida sanción de la norma, sin modificaciones respecto de lo que salió del Senado. “No puede haber más demoras”, justificó. Un día después fue Vaca Narvaja quien repitió ese argumento frente a los diputados. “No hay aumento de tarifas”, insistió, y agregó que “no hace falta que lo diga yo porque ya lo ha dicho el Presidente. Lo que hay son presiones de las empresas”.
Este proyecto, que le da poder al Ejecutivo hasta diciembre de 2004 para iniciar las renegociaciones de las tarifas de las privatizadas, forma parte de la Carta de Intención rubricado con el FMI. Si bien la iniciativa se centra en la renegociación de las pautas empresarias, también menciona que debe garantizarse la rentabilidad de las compañías. Los legisladores entienden que este punto podría dar espacio a un futuro incremento tarifario. Los cambios propuestos en el Congreso toman como base un proyecto del diputado socialista Héctor Polino. En especial hace hincapié en tres puntos:
- Extender el plazo de 60 días que tiene el Congreso para expedirse una vez que el Gobierno termina la etapa de renegociación con las empresas. El proyecto original afirma que si transcurrido ese plazo los legisladores no emiten dictamen (ya sea a favor o en contra), quedaría como válido el resultado obtenido por el Ejecutivo.
- También se objeta el sistema de audiencias públicas y el funcionamiento de la comisión bicameral que debería controlar el proceso de renegociación. En este último caso, los legisladores pretenden que el funcionamiento de la bicameral quede explicitado en el proyecto. Las organizaciones defensoras de los consumidores reclamaron mayor participación. El proyecto oficial no menciona la realización de audiencias públicas sino que habla de consultas. Para los legisladores, esta podría ser una traba para lograr un proceso transparente y democrático sobre el tema tarifario.
- Existe un decreto, el número 311, firmado el último 3 de julio, por el cual se autorizan acuerdos parciales en medio de la renegociación. Los diputados manifiestan que este punto también podría desembocar en un aumento de tarifas.
Las próximas jornadas serán decisivas para la suerte del proyecto. Habrá nuevas reuniones con el ministro De Vido. Además de la comisión de Defensa del Consumidor, por ahora la más crítica del proyecto, antes de llegar al recinto también deben expedirse las comisiones de Presupuesto y Hacienda yla de Obras y Servicios Públicos. No está dicha la última palabra sobre el futuro de las tarifas.