La Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, a cargo de Virginia Carmona, solicitó un nuevo procesamiento para una serie de empresarios acusados de formar parte de una asociación ilícita que comercializaba soja en negro. La maniobra investigada incluyó productores apócrifos, acopios y compañías de corretaje, que movieron 1700 millones de pesos entre 2008 y 2012. El juez de primera instancia, Roque Ramón Rebak, y los camaristas Ignacio María Vélez Funes y José Vicente Muscará dictaron la falta de mérito para los imputados debido a que la AFIP no había determinado la deuda fiscal de las empresas involucradas. A partir de un nuevo trabajo conjunto, el Ministerio Público Fiscal y el ente fiscalizador avanzaron en los requerimientos del juez, determinaron una serie de pasivos generados a partir de las operaciones supuestamente ilegales y profundizaron el análisis documental aportado por los allanamientos. Rebak todavía mantiene en suspenso su decisión.

De la causa también surgieron vínculos directos entre los denunciados con empresas exportadoras, como Vincentin, Bunge y, en menor medida, Cargill, Molinos Ríos de la Plata y LDC Argentina. La investigación de Página/12, publicada el 23 de febrero de este año, también aportó información sumada al nuevo auto de procesamiento.

“Los jefes u organizadores pergeñaron la creación de empresas fantasmas, que sólo existen en un plano documental, cuyos integrantes son prestanombres insolventes. A su vez, elaboraron un sistema destinado a contactar a productores reales, a quienes les compraron el cereal en el mercado marginal. Esta compraventa constituye el primer eslabón en la larga cadena de defraudaciones al fisco. La soja comprada en negro necesitó ser introducida al mercado lícito para poder llegar a la exportación. Aquí entran en escena ciertas empresas que son verdaderas, quienes en pleno conocimiento del origen clandestino del cereal convienen en aparecer como intermediarios. En la última etapa están los exportadores.” Esta es la descripción de la maniobra realizada por la fiscal Carmona en el nuevo auto de procesamiento fechado en agosto de este año.

El principal acusado es el empresario Fernando Luis Cuello. En los distintos allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba se encontró documentación que lo identifica como “ideólogo” de la operación. Las principales empresas APOC (acrónimo de apócrifa) vinculadas con Cuello son Algeciras SA y Corretajes Group. La otra APOC relacionada a la causa es FG Cereales, mientras que las “intermediarias”, es decir las encargadas de blanquear la operación ilegal, según la descripción de la fiscal, son Cercal SRL (antes Luis Farías e Hijos) y Produc Tan SRL, integrada por Néstor Rubén Beltrame, Marcelo Alberto Sbagzalis y Daniel Ramón Pelayes.

Luis Farías fue ministro de Agricultura de Angeloz, mientras que Beltrame es, en la actualidad, concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba, el sector que se encuadra detrás de José Manuel de la Sota. Según manifestó la fiscal, pudo acreditarse en la causa el vínculo directo entre el supuesto líder de la asociación ilícita, Cuello, y los integrantes de Cercal SRL a través de la empresa Compañía Agraria SA, tal como publicó este diario en febrero de este año.

“Este tipo de maniobras se repite a lo largo del país en las zonas de alta producción rural, principalmente soja. Este mecanismo ha sido utilizado como un modo de evadir impuestos y defraudar al fisco que se replica y va perfeccionándose a medida que el órgano de control y el Poder Judicial avanzan en la dilucidación de los extremos pergeñados por los sujetos activos. Esta causa se destaca por los movimientos multimillonarios que lograron obtener sus intervinientes, lo que les permitió, lavado de activos de por medio, ir aumentando sus negocios”, sostiene el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

La AFIP determinó que la deuda de Cercal SRL, la empresa de Farías, ascendía a 4,2 millones de pesos, en concepto de IVA, para el período que va de enero de 2009 a mayo de 2012, y a 664.682 pesos en concepto de Ganancias. La deuda imputada a Diego Ludueña, como “accionista” de la apócrifa Corretajes Group SA, vinculada con Cuello, llegaba a 20,3 millones de pesos en Ganancias y otros 12,2 millones por IVA. Y la empresa FG Cereales, otra apócrifa integrada al esquema montado por Cuello, tendría una deuda de 2,4 millones de pesos en Ganancias y otros 4,1 millones en IVA.

“La cuantiosa prueba colectada y los elementos de cargo permiten considerar que existen elementos de convicción suficientes para estimar que se ha perpetrado un hecho delictuoso y que los imputados fueron autores del mismo”, concluyó Carmona su nuevo pedido de procesamiento.

Ahora, el juez Rebak, que en todo el proceso se mostró reticente a avanzar con la investigación, debe resolver si da curso al nuevo pedido de la fiscal y la AFIP.

[email protected]