Una modificación en el calendario de pagos de los impuestos de la provincia de Buenos Aires desató el malestar de las cámaras patronales agropecuarias, que ayer fueron convocadas por las autoridades fiscales bonaerenses a una reunión donde les presentarán alternativas. La agencia de recaudación provincial ARBA informó, el viernes pasado, que las tres “cuotas” del impuesto inmobiliario rural serán ingresadas en febrero, mayo y julio, a diferencia del esquema previsto el año pasado, cuando se canceló en marzo, julio y noviembre. Las entidades del sector cuestionaron la decisión y exigieron su revisión. “No se puede adelantar los pagos del impuesto inmobiliario rural porque hay un proceso biológico de la producción agropecuaria que lo impide”, aseguró ayer el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere. Frente a las quejas de la Mesa Agropecuaria, las autoridades provinciales indicaron a este diario que están analizando alternativas para “atender las demandas del sector”.

“Nos costaba cobrar la última cuota que vencía en noviembre porque los productores recién suelen recibir el dinero de la cosecha en enero o febrero”, argumentó el director de ARBA, Iván Budassi. “Se trata de una cuestión meramente técnica, que tuvo que ver con una reestructuración total del calendario fiscal para optimizar la administración tributaria”, explicó el funcionario bonaerense al señalar que también se modificaron los plazos para ingresar otros impuestos como el automotor y el inmobiliario urbano. Desde ARBA rechazaron que el adelanto tuviera como objetivo anticipar el ingreso de recursos previo a las elecciones de octubre.

Como muchos gravámenes, el impuesto inmobiliario rural es un tributo anual que se devenga el primer día del año y la autoridad recaudatoria provincial posee las atribuciones para cobrarlo en partes. “Corrimos el último vencimiento y lo ubicamos en un momento en que el productor cuenta con recursos disponibles para facilitarle el cumplimiento impositivo”, indicó Budassi a través de un comunicado.

“Pagar seis meses antes es impracticable. Las producciones agropecuarias tienen tiempos biológicos que no obedecen a los caprichos de los funcionarios. El esquema anterior tenía en cuenta los ingresos de la producción durante el año. Tenemos ingresos cuando se venden animales o se cosechan los productos”, argumentó el presidente de Sociedad Rural durante una entrevista con Radio Nacional.

A pesar de los lamentos esgrimidos por Etchevehere y la relevancia que adquirió el reclamo de las cámaras, en el sector reconocen que el impuesto inmobiliario rural representa una porción limitada de sus obligaciones fiscales, incluso si se contempla el aumento del 30 por ciento estipulado para este año. “La afirmación del directivo de la Rural es válida pero anacrónica, está en desuso”, explica un mediano productor entrerriano. Para facilitar el cobro del impuesto, las autoridades fiscales distribuyen las cuotas del impuesto para que coincida con momentos del año cuando los productores perciben ingresos. Sin embargo, los modelos de comercialización vigentes modificaron el flujo de ingresos del sector: los silobolsa prolongan la vida útil de los granos y los feedlot permiten sacar ganado en diferentes períodos.

Hasta el año pasado, los dueños de las tierras más rentables del país que no estaban eximidos del impuesto por encontrarse en una zona de desastre o emergencia agropecuaria pagaban, en promedio, alrededor de 70 pesos por hectárea en concepto del tributo patrimonial. Ese nivel exiguo de desembolso fue alcanzado en 2012 luego de una resistida actualización del valor fiscal de la tierra, el monto utilizado para determinar cuánto pagarán de impuestos por sus propiedades.

De todas formas, Budassi afirmó ayer que “la provincia le encontrará una solución política al pedido del campo, vamos a conversar con el sector y avanzaremos con una decisión que sea conveniente para todos”. Si bien los equipos técnicos de ARBA entendían que el cambio facilitaba el pago del inmobiliario rural, la agencia ya comenzó a analizar alternativas para “atender las demandas del sector agropecuario”: una posibilidad sería postergar el tercer pago. Aunque todavía no están definidas las propuestas que se presentarán a las cámaras patronales agropecuarias, en ARBA descartaron la posibilidad de incorporar una cuarta cuota a fin de año, como agitaban desde las entidades agropecuarias.