“El Estado puede gestionar de manera eficiente mientras que los operadores (privados) de las líneas Mitre, General San Martín, Belgrano Sur y General Roca no han prestado un servicio acorde a los objetivos previstos.” Con estos términos, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó la resolución 171/2015 a partir de la cual fueron rescindidos los acuerdos de operación con las empresas del Grupo Roggio y Emepa. A partir de ahora, estas líneas metropolitanas, que se suman al Sarmiento, serán gestionadas y operadas íntegramente por el Estado a través de la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse). Cuando el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley para (re)crear Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, todas las operaciones quedarán bajo el paraguas de la nueva compañía. Los privados seguirán operando solamente el Urquiza (Roggio) y el Belgrano Norte (Emepa) “siempre y cuando no incumplan sus contratos con el Estado”, indicaron a este diario desde la cartera del Interior y Transporte. Es decir, ambas operaciones también serán puestas “bajo análisis”.

“Con la gestión que hicimos demostramos que el Estado puede ser más eficiente que los privados. Compramos coches nuevos, aumentamos la cantidad de pasajeros transportados en un 246 por ciento. En base a esa experiencia es que tomamos la decisión de crear Ferrocarriles Argentinos. Vamos a seguir el mismo sistema que utilizamos con el Sarmiento. Tenemos que ratificar que el Estado puede y sabe cómo administrar bien”, sostuvo Randazzo en declaraciones radiales. Además, el funcionario aclaró que “no corresponde que se paguen indemnizaciones” a los actuales concesionarios de los servicios.

La Sofse fue creada en 2008 en el marco de la Ley de Reordenamiento Ferroviario, junto con la ADIF, encargada de administrar la infraestructura. Luego de la tragedia de Once, donde murieron 51 personas, el Estado retomó las riendas de la inversión pública sobre este sector que fue abandonado a la suerte de los privados a partir de la década del ’90 y a la falta de control del propio Estado.

Desde febrero del año pasado, el grupo Roggio, que es dueño de empresas de transporte, construcción, entretenimiento y tecnología, quedó a cargo del Urquiza, San Martín y el Mitre, mientras que Emepa quedaba a cargo del Belgrano Norte, el Roca y el Belgrano Sur. Es decir, con la intervención de la Sofse se finalizó con el modelo de concesiones, aunque la operación diaria quedó en manos de los privados.

En el caso del Sarmiento, luego de la salida del Grupo Cirigliano, el Gobierno le otorgó la operación al consorcio Roggio y Emepa, también bajo el paraguas de la Sofse. Sin embargo, ese esquema operativo no funcionó, el Estado le quitó la operación y se hizo cargo completamente del servicio. Ahora se avanza de la misma manera sobre el resto de las líneas.

“Teniendo en cuenta la mejora notable en la calidad del servicio prestado en la línea Sarmiento desde que el propio Estado asumió la prestación directa, y habiendo demostrado que el Gobierno puede gestionar de manera eficiente, y que los operadores del Mitre, San Martín, Belgrano Sur y General Roca no han prestado un servicio acorde a los objetivos previstos en los Acuerdos de Operación, se considera pertinente instruir a la Sofse para que tome las medidas necesarias a los efectos de rescindir los acuerdos”, puede leerse en la resolución publicada ayer.

Durante el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner detalló alguno de los motivos que la llevaron a recuperar la gestión total de las líneas del área metropolitana. Mientras que la línea San Martín tuvo un incremento de gastos el año pasado de 77,0 por ciento, seguido por el Belgrano Sur (56,0), el Mitre (51,0) y el Roca (27,0), el Sarmiento solamente tuvo una suba de 17,0 por ciento. “El ahorro con la eventual estatización de las líneas aún administradas por el sector privado será de 415 millones de pesos adicionales”, explicó la Presidenta.

Desde que el Sarmiento es operado y gestionado íntegramente por el Estado, incrementó la cantidad de pasajeros en un 246 por ciento. El resto de las líneas no superó una suba de 15 por ciento, mientras que la San Martín perdió un 12 por ciento de pasajeros.

Desde que fueron establecidos los acuerdos de operación, el Estado instrumentó un mecanismo de cobro de multas a prueba de elusión, es decir, se les comenzó a retener un porcentaje del canon que percibían por operar los servicios. Al cierre del año pasado, las operadoras del Mitre, Roca, Belgrano Sur y San Martín fueron multadas con 6,2 millones de pesos. Si bien existían estos acuerdos de operación con el Grupo Roggio y Emepa, el Estado nacional era el responsable de pagar los salarios de los trabajadores y llevar adelante todas las inversiones en equipamiento e infraestructura.

La renovación de las flotas que circulan por el área metropolitana le insumió al Estado una inversión de 1200 millones de dólares. “La gestión de los trenes debe tener un sentido social más que económico, lo que no quiere decir que no se pueda administrar bien”, concluyó Randazzo.

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