El juez Thomas Griesa mantiene al Citi contra las cuerdas. El magistrado de Nueva York denegó al holding estadounidense el pedido para que suspendiera la orden de bloqueo sobre los servicios de deuda en dólares bajo legislación argentina, para poder cumplir con el vencimiento del próximo 31 de marzo. Tras conocerse la decisión, la casa matriz del Citi emitió un comunicado en el que sostuvo que “continúa explorando todas las opciones legales disponibles en un esfuerzo por cumplir con la decisión de la Corte y con la legislación argentina”. El Citibank había presentado un escrito junto con la Argentina para que Griesa libere los bonos bajo ley argentina de los alcances del bloqueo. Luego de que el juez rechazara esa liberación, los abogados del Citibank solicitaron un stay (medida de no innovar) para cumplir con los próximos pagos y evitar las posibles sanciones del gobierno argentino, como la pérdida de su licencia para operar en el país. El magistrado consideró que no se justifica una suspensión de su orden y la rechazó. Por su parte, la Cámara de Apelaciones neoyorquina confirmó que el 24 de marzo habrá una audiencia para que la Argentina se defienda ante la sentencia de desacato que Griesa dictó sobre el país.

El juez del Distrito Sur de Nueva York dispuso que la Argentina abonara 1330 millones de dólares a un grupo de fondos especulativos que encabeza NML Capital, de Paul Singer, y ordenó que la sentencia se hiciera efectiva junto con el pago de los servicios de deuda reestructurada. Ante la imposibilidad de acatar ese fallo –que hizo explícita el Gobierno–, el juez decidió el 28 de julio pasado congelar los fondos que el país depositaba con sus vencimientos de deuda reestructurada hasta que no alcanzara con los buitres algún tipo de entendimiento. El Citibank se presentó en tres ocasiones (fines de julio, septiembre y diciembre) para que le permitieran pagar la deuda bajo ley argentina. Griesa autorizó de manera excepcional la operación en las tres oportunidades.

El holding bancario intentó ir más allá y lograr la liberación sin que se requieran autorizaciones frente a cada vencimiento, con el argumento de que no se trata de deuda externa. El 12 de marzo pasado el juez rechazó desbloquear esos pagos, con lo que obliga al Citibank a optar entre incumplir su orden o incumplir las leyes bancarias argentinas. Ante el riesgo de represalias del Gobierno, los abogados de la casa matriz del Citi solicitaron horas después de la negativa de Griesa una suspensión de esa orden para pagar el servicio del bono PAR a fin de mes. “El Citibank se enfrenta a consecuencias catastróficas si no procesa el pago muy pequeño (3,7 dólares de millones) que recibirá en nombre de sus clientes, el 31 de marzo de 2015”, señaló, en una carta enviada a Griesa el viernes pasado, el estudio que representa al holding.

En ese escrito, el Citi retoma las definiciones del Ministerio de Economía sobre los riesgos en que incurriría el banco si no cumple con su rol en la cadena de pagos. El comunicado difundido por Economía remarca que la orden de Griesa pretende que “el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”. Reitera entonces que el país continuará pagando los servicios de deuda y el incumplimiento por parte del Citi “expone a la sucursal argentina del banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país”.

“Estos riesgos no son hipotéticos y ameritan el otorgamiento de la medida de no innovar (stay)”, peticionó el Citi a Griesa. Pero Griesa sostuvo en su declaración que, “habiendo examinado todos los argumentos y considerado asimismo todos los factores pertinentes para la obtención de una estancia (de suspensión), el tribunal no cree que se justifique la suspensión de la orden del 12 de marzo. Por lo tanto, se le niega la petición presentada por el Citibank para un stay”.

El holding se juega ahora la carta de la apelación, una instancia a la que sus abogados adelantaron que recurrirían cuando solicitaron el stay. En tanto, el próximo martes la Cámara de Apelaciones de Nueva York convocó a una audiencia para que los abogados que representan a la Argentina ofrezcan los argumentos para rechazar la sentencia de desacato dictada por Griesa el 29 de septiembre pasado, la cual no tuvo efectos prácticos para el país. La defensa se basará en lo violatorio de la sentencia en el marco del derecho internacional y el principio de igualdad soberana que goza todo país.