El pedido de nulidad y declaración de inconstitucionalidad contra el pacto firmado por Citibank N.A. y el fondo NML Capital en Nueva York, presentado el miércoles ante la Justicia por el gobierno nacional, podría dar lugar a la primera resolución judicial en Argentina que cuestione un fallo del juez Thomas Griesa. Aquel pacto, por el que el Citibank se compromete a abandonar la custodia de títulos de deuda en la Argentina, fue homologado por Griesa, quien consideró que la entidad no podrá pagar esos bonos a sus clientes, pese a tratarse de emisiones de deuda soberana bajo legislación argentina. La presentación que el miércoles último hizo el gobierno nacional a la Justicia local reclama que dicho pacto sea declarado “inexistente e ilegal”. Si el pedido oficial prospera, se constituiría en la primera decisión judicial en territorio nacional que impugna una resolución de Griesa. Es decir, pondría en crisis por primera vez el poder supremo que hasta ahora ejerce el juez del distrito sur de Nueva York, al ser cuestionado en un nivel político y jurídico de importancia equivalente: un magistrado de la Justicia argentina. El conflicto de poderes, en ese caso, entre la Justicia argentina y la estadounidense llevaría el caso a una instancia política y jurídicamente diferente de la actual.

“Este pacto no sólo genera daños a los clientes del banco y a la propia institución en términos de ganancias, sino que el acuerdo vulnera el orden público argentino porque viola e interfiere la regulación de nuestra deuda pública”, afirmó el ministro de Economía, Axel Kicillof, al presentar el miércoles último el pedido de nulidad presentado contra el acuerdo entre NML y el Citibank homologado el 20 de marzo pasado. “La regulación de la deuda pública es una decisión del Congreso de la Nación que ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia, y los títulos sobre los que el Citibank pactó son de ley argentina”, subrayó el titular del Palacio de Hacienda en la oportunidad, acompañado por la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, y el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea.

Esta presentación judicial excede la intención del cuestionamiento político a la postura del juez Thomas Griesa, señalaron especialistas consultados por Página/12. La estrategia a la que se apunta es poner en contradicción la resolución del magistrado de Nueva York con el pronunciamiento que se pide, de parte de un juez argentino, sobre actos en el extranjero (el pacto entre privados y su homologación por el juez Griesa) que provocan consecuencias en el país violatorias del orden jurídico local (el perjuicio para los clientes del Citibank).

La denuncia del Ministerio de Economía ante el fuero Contencioso Administrativo contra el pacto por el cual el Citibank abandona la custodia de bonos de propiedad de sus clientes lo explica de la siguiente forma:

1. El acuerdo homologado no garantiza el cobro a los tenedores de bonos clientes del Banco, ya que acepta la resolución de Griesa por la cual se autoriza el pago de los vencimientos del 31 de marzo y 30 de junio de este año, sólo al Citibank y en estas únicas ocasiones. “A partir de que el Citibank abandone el negocio de custodia de los títulos, el futuro custodio se verá impedido de pagar, en la medida en que lo resuelto por el juez permite efectivizar el pago sólo al Citibank sucursal argentina y por un período acotado”. “El acuerdo homologado atenta contra los intereses de los bonistas, en la medida que no sólo no asegura su cobro efectivo, sino que además prevé y consiente la renuncia del Citibank al derecho de apelar la decisión judicial del 12 de marzo. Esto provoca una lesión grave y manifiesta a los derechos e intereses de los bonistas, en abierta transgresión al orden público argentino.”

2. La presentación ante la Justicia recuerda que el Código Procesal Civil argentino establece que las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en tanto “no afecten los principios de orden público del derecho argentino”, principios en los que encuadran las normas de reestructuración de la deuda soberana de la Argentina. En todo caso, el acuerdo entre el Citibank y NML, para tener aplicación en la Argentina, en lo que hace al cambio en las condiciones de custodia y pagos de los bonos en Argentina, debería estar avalado por un magistrado en jurisdicción argentina. Eso es lo que establece el procedimiento regulado por el Código, mediante el cual se verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos para su reconocimiento u homologación. El escrito del Ministerio de Economía subraya que los requisitos para el reconocimiento de los efectos de esa orden judicial en nuestro país “no se han cumplido en el caso que nos ocupa, pues Citibank no ha presentado ante la Justicia argentina, para su reconocimiento”, el acuerdo firmado con NML Capital homologado por el juez Griesa.

En función de ese eje argumental, la estrategia oficial plantea su jugada más fuerte: reclamar de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que dicte una medida cautelar en contra de la resolución de Griesa en la cual homologa el acuerdo entre el Citibank y el fondo buitre que lidera Paul Singer. En términos concretos, solicita: 1) la suspensión de la aplicación y efectos del acuerdo, y 2) ordenar al Citibank que se abstenga de tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de deuda del canje y, a su vez, cumplir con todas las obligaciones legales referidas al pago de los mismos.

La novedad política que aporta este paso audaz es que muda la definición de los tribunales de Nueva York a los de Buenos Aires. Y en lo que respecta al Citi, después de haber prácticamente perdido la pulseada por sostener a Gabriel Ribisich como máximo representante legal en el país (desautorizado por el Banco Central por haber convalidado la implementación del acuerdo con NML, con un rechazo de la Justicia a la medida cautelar solicitada para reponerlo en el cargo, y con una persona ya designada por el Citi para reemplazarlo, Rosa Aranguren), la posición de la entidad parecería haberse orientado a recomponer relaciones con el Gobierno. En la semana que pasó, su funcionamiento no pudo ser “más normal”: no perdió depósitos, participó activamente en las licitaciones de letras y pases del BCRA, y obtuvo una evaluación “positiva” de la inspección general ordenada por la autoridad monetaria. Además, el pronunciamiento de un alto directivo regional del Citi, calificando al fallo de Griesa que inhibió el pago de los bonos como de “cumplimiento imposible”, fue recibido como una señal de armisticio en despachos oficiales. Salieron, circunstancialmente, del ojo de la tormenta. Hasta que la Justicia responda la presentación del Gobierno y genere, quizás, una situación política y jurídica diferente.