Las empresas de telefonía celular, Movistar, Claro y Personal, modificaron sus planes comerciales sin una comunicación previa a sus clientes. Los cambios ocurrieron en los servicios de datos. De un día para el otro dieron de baja los planes de Internet ilimitada y comenzaron a cobrar por el ancho de banda consumido. Ante las quejas y denuncias de los usuarios, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) actuó de oficio, primero con Movistar, a la que le envió una nota para que informe sobre la situación. Luego la intimó a que responda en un plazo perentorio, que finaliza esta semana. La autoridad de aplicación también actuó de oficio con las otras dos compañías. En función de las respuestas de las empresas, tanto Comunicaciones como la Secretaría de Comercio evaluarán los pasos a seguir. Entre el menú de opciones, ambas dependencias podrían recurrir a la Justicia del Consumidor con una demanda colectiva.

Las empresas de telefonía celular tienen un esquema de precios liberados, es decir que pueden modificar los valores del servicio que prestan. La Ley de Defensa del Consumidor exige que, ante cualquier cambio, los usuarios sean notificados previamente. Sin embargo, lo que ocurrió con los servicios de datos de Movistar, Personal y Claro es más complejo, ya que no es un simple cambio de precios en el servicio, sino de los contratos. Si un usuario tenía, a modo de ejemplo, un contrato de 100 minutos de llamadas, más 200 mensajes de texto, más Internet ilimitada, de un día para el otro le dejaron de ofrecer los servicios de datos de manera libre.

“Eso es un cambio contractual. Cuando un contrato cambia sustancialmente, la modificación debe ser invalidada. Es decir, si la modificación propuesta por la empresa modifica el objetivo contractual, estamos en presencia de una cláusula abusiva”, indicó a Página/12 Claudio Boada, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Para argumentar a su favor, las organizaciones de defensa de los consumidores apelan a la Resolución 9/2004 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (actual Secretaría de Comercio) que regula el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor “de los términos abusivos y cláusulas ineficaces”. Según la resolución, “en los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de comunicaciones móviles, serán consideradas abusivas las cláusulas que otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado por tiempo indeterminado”.

A su vez, la normativa establece que los cambios deben ser informados a los usuarios “con antelación no inferior a 60 días de la entrada en vigencia del cambio, y debe prever que el consumidor que no aceptare una modificación tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato”.

“Esta acción (el cambio en los contratos) se realizó sobre planes que ya no se venden, que contaban con Internet incluido con una cantidad de megas que, en su momento, se ajustaban al uso normal que el cliente hacía de Internet. A aquellos clientes que llegaban a consumir los megas incluidos se les reducía la velocidad”, sostuvo la empresa a través de sus voceros.

Sin embargo, según los datos recabados por la Secretaría de Comunicaciones, en función de las quejas y denuncias planteadas, el argumento de Movistar es que “Internet nunca fue ilimitado”, por lo tanto no existiría un cambio de contrato sino un “reacomodamiento” en la forma de cobro. Cualquiera que haya pasado por la experiencia de recibir un llamado de un telemarketer de una empresa de telefonía celular o se haya acercado a un local de los tantos que existen habrá escuchado la frase “Internet libre” o “ilimitada”.

La Secom envió notificaciones de oficio a las tres empresas juntamente con la Secretaría de Comercio. La semana pasada intimó a Movistar para que responda en el transcurso de esta semana. Sin embargo, desde la compañía indicaron a este diario que remitieron toda la información requerida a la Comisión Nacional de Comunicaciones el pasado 20 de marzo. Una vez que reciban las respuestas de las compañías y evalúen las quejas y denuncias de los usuarios, algo que reviste cierta complejidad por la cantidad de clientes, la Secom y Comercio determinarán los pasos a seguir. Una de las alternativas bajo análisis es una demanda colectiva en el nuevo fuero de los consumidores.

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