ECONOMíA › OPINION
› Por Alfredo Zaiat
Los convenios colectivos de trabajo cubren a 5,8 millones de trabajadores del sector privado. El año pasado fueron homologados 1963, el segundo registro más alto después del record de 2038, en 2010. En los ’90, el promedio anual fue 178 acuerdos y convenios colectivos en negociaciones donde los sindicatos estaban a la defensiva en un ciclo político que fomentaba la flexibilidad laboral.
El aumento promedio de las paritarias cerradas en 2014 fue 31,6 por ciento. Con la evolución de precios oficial hubo aumento real de ingresos, mientras que para mediciones privadas la caída fue de 3 a 5 puntos, aunque pocos advierten que fue compensada con bonos de fin de año otorgados en casi todos los sectores. De ese modo, en todos los años del kirchnerismo hubo alza real de ingresos o una variación casi igual a la de los precios. El Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia alcanza sólo al 11,3 por ciento del total de los empleados registrados, concentrando la recaudación en quienes reciben un salario bruto por encima de los 25 mil pesos. El reciente anuncio de Economía intensifica la presión en el segmento superior de la pirámide salarial aligerando la carga en el nivel medio de 15 a 25 mil pesos brutos.
Convenios colectivos de trabajo, salarios y el Impuesto a las Ganancias son los tres pilares de uno de los capítulos más importante de la política de ingresos. Como se trata de un espacio de disputa sobre cómo se reparte la riqueza, cada una de las partes busca exprimir las cifras para fortalecer su posición en la negociación. Es una estrategia legítima en las reglas de juego establecidas en esa puja. Pelea por los ingresos que ha transitado por un sendero de más o menos tensión dependiendo de factores económicos locales e internacionales, pero en un marco de inédita armonía durante todo este período de revitalización de las paritarias.
En este año la negociación por el nivel de los salarios está comenzado a adquirir otros matices más vinculados con la especulación política en un año electoral en el contexto del permanente conflicto mediático. Sindicatos, empresarios y analistas ya no discuten entonces cifras en función a cuidar sus intereses, sino que pareciera que sindicatos y empresarios han empezado a estrujarlas pensando en condicionar a la próxima administración enviando mensajes sobre su poder relativo o sobre lo que pretenderían conseguir en el reparto de poder en 2016 más que en alcanzar acuerdos estables para 2015.
El Gobierno hace su aporte en un tema que ya se ha convertido en una limitación de su gestión: la imposibilidad de abordar en forma integral el capítulo del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Como CFK está conceptualmente convencida de que es un impuesto progresivo y que salarios medios y altos deben aportar, en línea con lo que afirma el consenso de tributaristas, resiste las demandas desproporcionadas de sectores sindicales y políticos oportunistas, y termina descomprimiendo la presión con parches que desde el inicio de esta pelea han provocado sustanciales distorsiones en todo el esquema. Es insólito que ese impuesto, que alcanza a una minoría, se haya convertido en el centro de debate tributario y salarial. Refleja que es una pieza más de la disputa política. También expresa cómo un sector influyente y de poder puede hacer creer que sus intereses son los de la mayoría. Gran parte de los trabajadores piensa que paga Ganancias o puede hacerlo cuando ni cerca está de ser alcanzado. No pocos creen que los aportes previsionales, de obra social y cuota sindical que se descuentan del salario bruto son por Ganancias.
Mientras un sector de la Unión Industrial demandó congelar las paritarias al pedir que el Poder Ejecutivo fije por decreto los aumentos salariales, el Gobierno hizo su aporte para facilitar el cierre de las paritarias con la reciente modificación de Ganancias: el salario de bolsillo subirá de 3 a 6 por ciento para el rango de 15 a 25 mil pesos, que representa el 68 por ciento de los trabajadores que pagan el impuesto. Si los acuerdos finalmente se cierran en la zona del 25 por ciento, los salarios se ubicarían en promedio algunos puntos por encima de la inflación esperada, tanto la estimada por el Indec como la de consultoras de la city (IPCnu de 18 a 20 por ciento; IPC Bein, 23-24 por ciento). En la discusión sobre cifras irrumpe la controversia sobre el saldo de las paritarias 2014. Para sectores sindicales significó la pérdida de poder adquisitivo, que pretenden recuperarla en las negociaciones de este año. Pero en ese reclamo no mencionan que en la mayoría de los convenios se acordaron sumas fijas y bonos que sumaron puntos en el porcentaje de la paritaria hasta igualar o superar la inflación 2014.
Un informe interno del Ministerio de Economía detalla esa situación. El sindicato de Comercio había acordado un aumento de 27,9 por ciento en dos cuotas en abril y septiembre, con dos sumas extraordinarias de 1200 pesos, lo que significó un alza total del 35 por ciento respecto de 2013. La paritaria de los petroleros fue de 33 por ciento, que se elevó a 38,6 por ciento con un bono; la de camioneros también fue de 33 por ciento, subiendo de 35,6 a 36,3 por ciento con el bono; y la de bancarios fue de 29 por ciento y con el bono subió a 30,8 por ciento.
Una de las particularidades de este año en la negociación salarial fue que antes del vencimiento de los acuerdos algunos gremios definieron adelantos a cuenta de la futura paritaria, generando sustanciales incrementos interanuales de los sueldos para el primer trimestre. Fueron ajustes importantes para preservar la capacidad de compra del salario porque es habitual su caída durante esos meses, debido a que la mayoría de los acuerdos paritarios suelen plasmarse en el segundo semestre. Ese mismo documento reservado de Economía observa que la UOM (metalúrgicos) había firmado un acuerdo de 29,6 por ciento que culminó a fin de marzo de este año pero obtuvo un aumento adicional de 1000 pesos en enero y en febrero a cuenta de la paritaria 2015. La situación de la Uocra (construcción) es idéntica con un alza adicional de 13 por ciento para el primer trimestre, y la UTA (transporte) acordó una suma no remunerativa en enero por 2000 pesos.
La radiografía salarial realizada en Economía está en línea con el análisis sobre la evolución de los ingresos de los trabajadores incluida en el reporte de marzo pasado del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), de la CTA de Hugo Yasky. Precisa que durante los gobiernos kirchneristas “el salario real aumentó sistemáticamente, incluso, en el período de intensificación de la puja distributiva y la consiguiente aceleración del proceso inflacionario”. Explica que la reanudación de las paritarias, en el marco de un franco descenso del “ejército industrial de reserva” y de las políticas expansivas de ingreso, permitió una continua mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de aquellos que están enmarcados en convenios colectivos de trabajo. Calcula que entre 2009 y 2013 el salario real de los trabajadores registrados en el sector privado se expandió el 18 por ciento, y que en 2014 retrocedió 4,8 por ciento por el salto inflacionario provocado por la brusca devaluación de enero. Caída que fue recuperada a fines de año. “Se trata de un descenso significativo, pero para nada comparable con el de otras etapas históricas, puesto que esta situación retrotrajo el poder adquisitivo del salario al nivel de 2011”, aclara.
Los investigadores de Cifra proponen observar cuál fue el comportamiento mensual durante ese año porque “permite dimensionar, primero, la magnitud de la caída del salario real en los primeros meses del año para posteriormente registrar una franca recuperación, especialmente en la segunda mitad del año”. Esa mejora fue tan intensa que “en diciembre 2014 el salario real recompuso los valores de diciembre de 2013, período previo a la devaluación. De allí que la caída anual del salario real responda a la pérdida de poder adquisitivo de los primeros tres trimestres del año”.
En ese contexto se desarrolla la última negociación paritaria del gobierno de CFK, que no debería ser más conflictiva que lo habitual en estos años de vigorosa puja distributiva. Pero el factor que le está poniendo más tensión es el proceso electoral, con última escala en la elección presidencial de octubre.
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