La concentración en las operaciones de exportación de granos se redujo en los últimos años. Desde 2010, las diez principales traders del mercado, que compran la cosecha al productor y la colocan en mercados externos, pasaron de explicar el 82,4 por ciento de las exportaciones al 64,7 por ciento el año pasado. Esa reducción se explica fundamentalmente por la menor participación del trío que domina el sector cerealero: Cargill, Bunge y Louis Dreyfus. En cambio, crecieron otros actores, como el sector cooperativo, que pasó de representar un 5,1 por ciento del total al 8,7 por ciento. Ese incipiente movimiento en la estructura del mercado cerealero se efectivizó a partir de la regulación del Estado.

Los sectores dominantes en general y particularmente en el mundo agropecuario, desde la Sociedad Rural hasta los grandes fabricantes de semillas y las comercializadoras, piden que cese la “intervención” del Estado en los mercados. Hay dos elementos especialmente apuntados por estos sectores en la política agropecuaria. El primero es el sistema de retenciones, que con alícuotas diferenciadas grava los distintos cultivos. Ese esquema también recibe críticas en un sentido progresivo, porque no contempla diferencias regionales, por ejemplo. Pero el grueso del ataque persigue el objetivo de la eliminación llana de las retenciones, lo que significa una inmediata transferencia de ingresos desde los trabajadores (por la suba de los precios internos y el desfinanciamiento del Estado que sustenta los programas sociales y los subsidios) hacia los productores. Sectores de la oposición anticiparon que bajarán las retenciones o incluso las eliminarán en caso de ganar las próximas elecciones.

El otro punto muy criticado de la política agraria es el esquema de cupos de exportación, que se instrumenta a través del Registro de Operaciones al Exterior (ROE). Los pedidos de ROE son evaluados por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci) que depende de la Secretaría de Comercio. El punto más sensible es el mercado del trigo, un producto de exportación que además tiene enorme importancia en el mercado interno. En función de las necesidades de consumo local, calculadas en 6 millones de toneladas al año, y un stock de seguridad de 2 millones, la exportación del resto del trigo se autoriza de forma paulatina. La principal crítica es que el esquema desincentiva la producción porque deprime los precios al productor al reducir la competencia de los compradores. El Gobierno justifica que si hubiera un mercado liberado, ante los altos precios internacionales todavía existentes, existe riesgo de desabastecimiento y de precios altos de harina, pan y sus derivados.

Algunos de los cuestionamientos son razonables, pero el ensañamiento contra toda intervención del Estado tiene a los actores más poderosos del sector como primer ganador. Un ejemplo de ello proviene de los datos de participación de mercado de las empresas cerealeras. La regulación a través de los ROE permitió que el Estado modere en los últimos años la tendencia a la concentración del sector en las empresas multinacionales, sin que por ello pierdan protagonismo.

Desde 2010 la participación de Cargill en el total de granos exportados bajó de 16,6 a 9,9 por ciento; la de Bunge, de 14,6 a 9,8 por ciento; la de Louis Dreyfus de 10,9 a 7,3 por ciento. En cambio, otras empresas de muy fuerte posición subieron, como Nidera (de 5,8 a 7,2), Noble (5,2 a 5,7) y Vicentin (4,7 a 6,5). En general, las diez primeras empresas redujeron su participación de 82,4 a 64,7 por ciento. En cambio, las empresas del sector cooperativo subieron de 5,1 a 8,7 por ciento: ACA (que depende de Coninagro) avanzó de 4,3 a 6 por ciento, mientras que AFA (Federación Agraria), de 0,8 a 2,7 por ciento. El Gobierno llegó a un acuerdo hace dos meses con la Federación Agraria por la segmentación de retenciones y eso derivó en una fractura de la Mesa de Enlace.