Producción de Tomás Lukin

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Una nueva articulación

Por Martín Burgos, Ernesto Mattos y Andrea Media *

Los cambios que conoció el mundo agrario desde los años noventa son de carácter estructural, es decir, difícilmente se podrán modificar en el corto plazo. El incremento de la demanda de soja por parte de China y de India fue de tal magnitud que, como en el caso de todas las materias primas, requirió un cambio en la escala y en la forma de producción de los recursos naturales. Esos cambios son perceptibles en el tipo de cultivo que ofrece la Pampa Húmeda: ya no encontramos esas tierras de cereales y alfalfa habitada por vacas de razas inglesas, cuidadas por numerosos trabajadores rurales, sino que cualquiera que tome la Ruta 9 se encontrará con un desierto verde, monótono, donde predomina la soja de forma casi excluyente.

Pero no sólo cambió lo aparente, sino que también se modificaron en estos años gran parte de la forma de producción, de financiamiento, la logística de acopio y de transporte. Esta transformación se realizó sobre la base de cambios institucionales articulados entre sí, como la privatización de los puertos, de la red ferroviaria, el desmantelamiento de las Juntas Nacionales y la venta de acopios públicos. Sobre esa base institucional se erigieron nuevos esquemas de producción y financiamiento que tendieron a favorecer la expansión de la soja a expensas de otros cultivos y de la actividad pecuaria. La nueva forma de producción, al requerir mayor escala, implicó nuevos insumos, nuevas semillas y nuevas maquinarias para poder adecuarse a la nueva y creciente demanda de nuevos compradores. El surgimiento de proveedores como Monsanto y los propios pools de siembra, provenientes de otros sectores de la economía, no sólo cambió el panorama productivo sino también modificó los actores con presencia en el mercado.

La dinámica de las grandes empresas comercializadoras generó fuertes impactos con la construcción de sus nuevos puertos y de las industrias aceiteras vinculadas, desviando el camino tradicional de los granos que ahora se exportan desde Rosario en vez de hacerlo por el puerto de Buenos Aires, el único puerto que quedó bajo la órbita del Estado nacional. De esa manera, se subutiliza las vías de ferrocarril construidas que quedaron direccionadas hacia la Capital, en un esquema de transporte donde la coordinación empresarial de la logística de los acopios y los trenes de carga propios, asociado a los puertos exclusivos, revelan una alta ineficiencia social debido a las economías de redes que se están desperdiciando. El creciente uso del camión para la carga de granos desde los años noventa es un claro ejemplo de la falta de coordinación de los flujos comerciales a nivel nacional, reemplazados por coordinaciones desde empresas cada vez más integradas verticalmente.

El desplazamiento de los estancieros de la Pampa Húmeda por contratistas dedicados a la soja con dotación de capital y tecnología diferente ha sido acompañado, en paralelo, por nuevas formas de producción para el mercado interno funcional al modelo soja-exportador, del cual el feed-lot es un emergente. Peor aún: se viene notando la reubicación de la producción agropecuaria para el mercado interno hacia la zona extrapampeana, obligando a un recorrido de miles de kilómetros en camiones para su consumo en las zonas urbanas. Este absurdo social en el que nos encontramos cuando nos enfrentamos a la cuestión agraria en Argentina sugiere la necesidad de una mayor intervención del Estado en ese mercado.

El acercamiento del gobierno nacional a diversas organizaciones de agricultura familiar es una alianza lógica que permite la vuelta de la intervención pública en el mundo agrario, necesaria para la propia supervivencia de la agricultura familiar. Si bien el Gobierno ha realizado mucho en ese sentido, como la ley de tierra, la recientemente aprobada ley de agricultura familiar, o la compensación de las retenciones a las exportaciones para las pequeños agricultores, todavía faltan más políticas segmentadas para lograr la emancipación de la agricultura familiar, como impuestos inmobiliarios diferenciados o financiamiento para mejorar el acceso al agua y a la tierra. Pero esas políticas deberían orientarse a darle más potencialidad al esquema de chacra mixta, que permite diversificar la producción, agregar valor, retener trabajo rural, y lograr un comercio de menor recorrido y mayor proximidad.

Estas políticas diferenciadas para los pequeños agricultores no deberían hacerse sin plantear límites a la concentración de la producción, a través de proyectos de mayor envergadura. La reestatización de los ferrocarriles va en buen sentido, pero también se debería pensar en tener un puerto de exportación en Rosario para las pequeñas y medianas empresas, así como tener un mayor control sobre los productos exportados a través de la creación de una Agencia Nacional de Comercialización.

* Investigadores Cefidar. Autores del documento “La soja en Argentina”.

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Medidas pendientes

Por Florencia Arancibia *

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS declaró que el glifosato, el principal químico utilizado en la agricultura argentina, “puede provocar cáncer en seres humanos”. La IARC reafirmó lo que múltiples investigaciones habían indicado previamente. Ante esta situación, se debería revisar el permiso y las normas de uso del glifosato en el país, así como tomar medidas urgentes para resguardar la salud pública. Sin embargo, el organismo responsable de la aprobación del químico se ha mantenido en silencio y ninguna otra autoridad se hizo eco de la situación.

El glifosato es el principal componente del herbicida Round-up. Se rocían unos 180 millones de litros por año, especialmente para soja transgénica. Se comercializa sin ninguna restricción para su uso a nivel federal por estar clasificado como un producto “de baja toxicidad”. El ente responsable de la regulación de agroquímicos, Senasa, depende del Ministerio de Agricultura. La resolución de aprobación de cada producto y las pruebas científicas que la justifican, no son accesibles al público. Según la legislación vigente, el organismo tiene la responsabilidad de aprobarlos, clasificarlos toxicológicamente y fijar normas de uso. Pero en la práctica sólo se ocupa de las dos primeras y transfiere la responsabilidad de la regulación del uso a las provincias.

Aquí hay dos puntos clave: 1) las provincias que establecen restricciones a la aplicación de agroquímicos basan sus normativas en la clasificación toxicológica provista por Senasa y 2) esta clasificación sólo toma en cuenta los posibles daños letales agudos (la muerte en un corto período de exposición). Se ignoran todos los posibles daños crónicos y sub-letales en un largo período de exposición, como cáncer, malformaciones fetales, abortos espontáneos. Estos daños son muy preocupantes para millones de argentinos expuestos a los agroquímicos directamente por fumigaciones, o indirectamente por el agua de lluvia o los alimentos en zonas rurales o urbanas.

El glifosato es clasificado como producto “de baja toxicidad”, por lo cual casi no existen restricciones provinciales a su aplicación. Así, se fumiga hasta la puerta de las casas, o se rocía con aviones sobre poblados, escuelas rurales y fuentes de agua.

Ante la eventualidad de nueva información sobre riesgos de un producto aprobado –como el informe de la IARC– la normativa prevé una revisión de su aprobación y clasificación toxicológica, lo que puede derivar en la prohibición o restricción de su uso. Sin embargo, la decisión de iniciar dicha revisión sólo está en manos del equipo técnico de Senasa. El Ministerio de Salud no interviene en ninguna instancia. Tampoco existen mecanismos de participación ciudadana para influir en las decisiones.

Antes del informe de la IARC, investigaciones de científicos de diversas universidades del mundo presentaron evidencia de graves efectos crónicos o subletales del glifosato en la salud humana. En Argentina, organizaciones sociales y médicos denuncian desde hace más de diez años estos daños. En 2009 el Dr. Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, realizó una investigación que indicaba “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (...) que podrían indicar causas de malformaciones”. Esta investigación fue citada por fallos de Cortes Provinciales de Justicia para restringir el uso del glifosato en cercanía de zonas pobladas en algunas localidades, ante la presentación de recursos de amparo de los vecinos. La controversia pública llevó a la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos a crear un Consejo para revisar la evidencia disponible sobre glifosato. Curiosamente el estudio de Carrasco no fue incluido, sin embargo se concluyó que “en Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana”. El Senasa interpretó la “falta de datos” como sinónimo de “evidencia de no-daño” y no modificó la regulación, a pesar de la vigencia del principio precautorio de la Constitución. Hoy se sigue citando este informe para reafirmar el uso irrestricto del glifosato.

Hasta hoy, los estudios científicos sobre los efectos dañinos del glifosato fueron ignorados por el Senasa. Ante el nuevo informe de la IARC, sería muy grave que el sistema regulatorio argentino perpetuara la negación. ¿Qué otros datos se requieren para actuar? Organizaciones sociales y médicos están recolectando firmas para instar al Senasa a iniciar la revisión regulatoria y restringir el uso del glifosato. Es momento de asumir la gravedad de la situación sanitaria de las poblaciones rurales –así como los riesgos para los consumidores urbanos– y tomar medidas urgentes.

* Conicet. State University of New York.